Tribunales
El Supremo deshace el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática
El Alto Tribunal estima parcialmente los tres recursos planteados y ordena retrotraer las actuaciones. Será el Consejo Fiscal quien decida si hay una incompatibilidad de la candidata para el puesto
El Supremo ha deshecho del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática tras admitir, parcialmente, los tres recursos planteados contra dicha designación por la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, quien fuera candidato a ocupar dicha plaza de nueva creación. Los magistrados han acordado anular el Real Decreto del Gobierno que confirmó la propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La mesa de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, por mayoría, ha decretado la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la polémica designación en la que García Ortiz, no permitió al Pleno del Consejo Fiscal votar si Delgado incurría en causa de incompatibilidad previa por la profesión de su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, que en la actualidad ejerce como abogado en Derechos Humanos y preside una fundación especializada en la misma materia.
Así las cosas, el CF tendrá que volver a reunirse y deliberar sobre la posible concurrencia de una causa de veto previo a la aspirante al puesto, de acuerdo con la prohibición prevista en prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Según ha podido adelantar El Debate de fuentes próximas a la causa, la decisión que adopte la mayoría del órgano nuevamente convocado será, por lo tanto, la que determine si Delgado cumple con los requisitos para optar a la plaza creada ad hoc para ella, al hilo de una Ley que se redactó cuando todavía era ministra de Justicia del Gobierno de Sánchez; o, si por el contrario, la profesión de su pareja impide que acceda a la misma al darse un posible conflicto de intereses entre ambos.
En este segundo escenario, dado que el resultado de la votación es vinculante para el fiscal general, porque la competencia sobre esta cuestión previa pertenece al órgano colegiado y no sólo a su presidente, Delgado no sólo perdería definitivamente la plaza que ha ocupado durante los últimos once meses, sino que García Ortiz no podría volver a proponerla para la misma.