Yolanda Díaz, demandada ante el TSJM por ocultar sus gastos y dietas en viajes cargados al erario

¿Cuánto se gasta y en qué Yolanda Díaz en sus múltiples viajes, muchos de ellos a Sudamérica y con justificaciones tan peregrinas como la de «ensanchar la democracia»? Nadie lo sabe y ella no lo quiere contar, pese a que la ley la ha obligado a hacerlo, sin ningún éxito, hasta ahora.

Porque ahora deberá explicárselo, nada menos, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en una resolución histórica ha admitido a trámite la demanda de El Debate para la rendición de cuentas de los cargos públicos ante los ciudadanos, esquivada por la vicepresidenta y pisoteada durante las últimas semanas por Pedro Sánchez con la excusa de que todas las informaciones que le afectan, incluidas las relativas a las actividades económicas de Begoña Gómez, son bulos generados por una «máquina del fango».

La realidad es bien distinta y el caso de Díaz lo ejemplifica: se niegan a rendir cuentas públicas, desprecian las resoluciones del Consejo de Transparencia instándoles a cumplir con la ley y, finalmente, denigran a los medios de comunicación que simplemente cumplen con su función, como este periódico, objeto de un ataque del PSOE durante toda la semana personificado en su director, Bieito Rubido.

El amparo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid viene a desmontar la falacia de la «máquina del fango» y deja en evidencia el ocultismo de los más relevantes miembros del Gobierno, sentando un precedente muy importante para frenar la escalada de Sánchez contra la prensa independiente.

Así, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite una demanda contra Yolanda Díaz, Vicepresidenta Primera y Ministra de Trabajo y Economía Social, después de que esta se haya negado de forma reiterada a informar sobre todos sus gastos de viaje y dietas.

La sala ha ordenado a Trabajo, como primera medida, la remisión de todo el expediente administrativo para su examen después de que, tal y como ha venido informando El Debate, los servicios jurídicos que han llevado a cabo el procedimiento enviasen un escrito al Ministerio, «al amparo del artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa solicitando el cumplimiento íntegro de la resolución» R CTBG 712/2023 dictada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En la misma se obligaba a Trabajo a facilitar el «importe de las dietas abonadas a la ministra desde el año 2020 hasta el año 2022, proporcionando los detalles de fecha y motivo» y el detalle de las dietas y de sus gastos en hoteles, desplazamientos y restaurantes que ha cargado a cuenta del Ministerio en el mismo periodo.

Sin embargo, la ministra y vicepresidenta ha desobedecido la resolución que le obliga a ello, además de diversos requerimientos instando a su cumplimiento, por lo que ahora tendrá que enfrentarse a un procedimiento judicial, que llega después de que hace más de un año, concretamente, en enero de 2023 se solicitase la información que se niega a desvelar de forma sistemática.

De hecho, sobre la mesa de Yolanda Díaz se han ido acumulando requerimientos para obedecer las órdenes del CTBG. En dos ocasiones, el 25 de septiembre y el 20 de octubre, la institución ha reiterado «la necesidad de dar cumplimiento a lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución R CTBG 712/2023».

Pero, pese a que se trata de resoluciones ejecutivas desde el momento en que las mismas son dictadas, por lo que el obligado debe cumplirlas desde esa misma fecha, la Vicepresidenta las ha desoído de forma sistemática e incluso se ha negado a recurrirlas, sin ningún motivo más allá de su su desprecio a la legislación, hurtando a la ciudadanía su derecho a conocer el montante total y las razones que justificarían los caudales públicos que Yolanda Díaz ha gastado en sus viajes y gastos de la vicepresidenta.

Además, desde el inicio del procedimiento, Trabajo ha esgrimido todo tipo de excusas y ha dilatado los plazos, para evitar explicar a los ciudadanos en qué gasta la ministra el dinero de los españoles. Ya se negó a desvelarlos en el mes de febrero apelando a un supuesto carácter «abusivo» de la solicitud, pero el CTBG dejó claro que en este caso «ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal».

Sánchez y Díaz buscan lo mismo por distintos caminos: no dar explicaciones de nada y denigrar a los medios de comunicación. El TSJM dificulta esa estrategia

El Ministerio también consideró que la solicitud de estas cuantías «no se justifica con la finalidad de transparencia de la ley». Una afirmación que, según el CTBG «ayuna de toda motivación, resulta abiertamente incompatible con el criterio de nuestras Cortes Generales consagrado en el preámbulo de la LTAIBG».

De hecho, dejo plasmado en su resolución que «conocer el importe de las dietas y gastos abonados a los altos cargos y miembros del Gobierno contribuye indudablemente a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, por lo que entronca directamente con la finalidad de transparencia de la acción de los responsables públicos».

Sin embargo, Yolanda Díaz ha incurrido en rebeldía, desobedeciendo sistemáticamente el mandato legal recibido. Según las fuentes jurídicas consultadas que han interpuesto la demanda «la desobediencia de Yolanda Díaz no es solo inaceptable desde el punto de vista ético, lo es también legalmente hablando e inadmisible que toda una vicepresidenta del Gobierno incumpla la ley porque le da la gana para ocultar sus gastos personales a cuenta del erario, que somos todos».

Yolanda Díaz, reincidente

Un día después de que este periódico publicase que un alto cargo de Yolanda Díaz podría haber prevaricado al ocultar los gastos de su viaje a Brasil la Nochevieja de 2022, el Ministerio de Trabajo se vio obligado a remitir un documento reconociendo que la excursión al país carioca costó 10.690,14 euros. Una práctica que ahora ha ido a más pues la vicepresidenta ha preferido ocultar los gastos de sus viajes antes de hacerlos públicos, con una estrategia pareja a la de Sánchez.

Mientras la líder de Sumar se pone en rebeldía para esconder información necesariamente pública, el mandatario del PSOE ha buscado el mismo objetivo, no dar ninguna explicación, por el procedimiento de acusar de fabricar «bulos» a los medios de comunicación que han documentado las actividades de su esposa. Ahora es el TSJM quien cree que hay materia para, al menos, acabar con esa táctica escapista.