Elecciones Cataluña 2024
El Supremo será clave ante un Gobierno catalán rehén del separatismo, que quiere reactivar el procés
El Alto Tribunal tendrá la última palabra en la aplicación de la ley, durante las próximas semanas, ante el desafío independentista que apuesta por el referéndum y la autodeterminación, con el aval de la amnistía
«Estamos en condiciones de construir un Gobierno sólido de obediencia únicamente catalana», ha asegurado Carles Puigdemont en su primera comparecencia pública, tras conocerce los resultados definitivos de las elecciones autonómicas de este domingo en la mano. El candidato de Junts a la Presidencia de la Generalitat se presentaba consciente de la importante subidad de su partido, cuatro escaños desde los últimos comicios, y con el único objetivo de regresar a España con el mismo status con el que la abandonó en 2018, con nocturnidad, dentro del maletero de un coche.
Así las cosas y, tras la victoria de los socialistas que han destronado al independentismo, con Esquerra (ERC) en caída libre, la vía unilateral del referéndum y la autodeterminación de la que han hecho gala durante la campaña, cobra cada vez más fuerza. Un escenario en el que con el Código Penal reformado a la carta, eliminada la sedición y rebajada la malversación, y la amnistía a la vuelta de la esquina, la Justicia tendrá la última palabra para exigir el cumplimiento de la ley sea cual sea el Ejecutivo que se conforme en Cataluña.
El resultado de Salvador Illa complica no sólo que Puigdemont cumpla con sus aspiraciones, sino que su regreso a España de forma impune e inmediata, tal y como le prometió Pedro Sánchez a cambio de su investidura, queda fuera del alcance de dichao pacto. Incluso aunque la Ley de Amnistía complete su periplo parlamentario y sea aprobada en el Congreso, antes de conocerse la fecha de la investidura, Puigdemont no podrá volver con la certeza de que no será detenido. Tampoco, para recoger su acta de diputado que, además, es imprescindible que se produzca en persona, a riesgo de que el trámite quede anulado.
Cabe recordar que los delitos de terrorismo y posible traición –ambos de naturaleza transacional, que pesan sobre él en las causa de Tsunami Democràtic y el caso Voloh–; los flecos que condicionan la aplicación directa de la norma, que será recurrida prejudicialmente a Europa por el Supremo quedando en suspenso; y, la orden de búsqueda y captura nacional que todavía continúa vigente, empañan las aspiraciones más directas de Puigdemont.
En este último caso, son varias las voces que ponen en duda que el prófugo pudiese acceder de nuevo a un escaño en la Eurocámara sin cumplir con el trámite de acatamiento constitucional ante la Junta Electoral Central (JEC), que ya se saltó el separatista en la ocasión anterior. Pese a que la amnistía esté aprobada para entonces, la suspensión de los efectos de la misma podría extenderse, también, a las medidas provisionales como la orden de detención si pisa suelo español, previa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Si bien es cierto que, una vez que la norma de borrado penal del procés esté publicada en el BOE, los jueces tendrán dos meses para aplicar de manera «urgente» según el texto de la ley, el recurso al TJUE tendrá efectos suspensivos, también, sobre esa cláusula. Es decir, los jueces españoles, sobre un detenido en suelo español, podrían, sobre el papel, decretar medidas cautelares privativas de libertad contra él, hasta que se resuelva el proceso comunitario que, en cualquier caso, no será inferior a un año.
Así las cosas, Puigdemont se asoma a una disyuntiva: volver a Cataluña para adquirir la condición que le han concedido las urnas y ser detenido –quizás no por ese mismo orden– o renunciar a la última oportunidad que tiene de regresar como diputado, al menos.
En el primero de los casos, si acepta recoger su acta como diputado del Parlament, perderá automáticamente su condición de eurodiputado y por lo tanto, la inmunidad que ya le fue retirada (aunque pendiente de resolver su último recurso sobre la cuestión) y, con ello, su aforamiento ante el Supremo que, una vez más, tendrá la última palabra sobre su situación procesal y el cumplimiento del ordenamiento vigente, al margen de los intereses políticos y las sumas aritméticas post-electorales.