Marta Rovira (ERC)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tsunami suspende el interrogatorio a Marta Rovira
Llega después de que el instructor haya dejado sin efecto las citaciones también como investigados del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y del empresario Oriol Soler
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha acordado suspender la declaración como investigada de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el marco de la causa en la que investiga los disturbios atribuidos a la plataforma 'Tsunami Democràtic', según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha adoptado esta decisión después de que el abogado de Rovira pidiese suspender esa citación explicando que la misma –prevista para este miércoles– le coincide con otro compromiso en un juzgado de Guipúzcoa.
La suspensión de la declaración de Rovira llega después de que el instructor haya dejado sin efecto las citaciones también como investigados del jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y del empresario Oriol Soler. Sus letrados habían solicitado la suspensión por los mismos motivos.
Por el momento, está por verse si el juez suspende también las declaraciones previstas para este miércoles a partir de las 10.00 horas del exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; la militante de ERC Marta Molina; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de 'Tsunami' Jaume Cabani y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra.
Cabe destacar que tanto Serra como Campmajó solicitaron la suspensión de su citación y que se acordase la citación de ambos para declarar desde Suiza. Además, la defensa de Vendrell pidió al magistrado que le permitiese declarar desde Colombia. García Castellón, sin embargo, rechazó todas estas peticiones.
En cuanto al banquero Nicola Flavio Giulio Foglia, el magistrado acordó la emisión de una orden europea de detención a Italia para que procedan a su localización y toma de declaración por videoconferencia, señalándose, sin perjuicio de lo que resulte de la cooperación judicial, como fecha de declaración este mismo miércoles. Con carácter previo a la emisión de esa orden, señaló el juez, se reiteró al grupo policial investigador la averiguación de domicilio y paradero interesada respecto del investigado.
En el auto por el que acordó estas citaciones, el magistrado también ofició la práctica de una serie diligencias dirigidas a esclarecer uno de los hechos objeto de investigación, consistente en las acciones emprendidas por Tsunami Democràtic el 9 de noviembre de 2019, día de reflexión en las elecciones generales convocadas para el día siguiente.
En concreto, ofició a la Guardia Civil para que recabe una serie de información. El juez repasaba los acontecimientos registrados durante ese día y señalaba que toda esta secuencia permite evidenciar el conocimiento que el Gobierno de la Generalitat tuvo de los actos convocados por Tsunami para la jornada de reflexión prevista el 9 de noviembre.
Competente para impedir los actos
Igualmente, incidía, permite constatar que el presidente de la Generalitat –por entonces Quim Torra–, como máximo responsable de la «autoridad gubernativa», conocía de la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central, y que la Generalitat era competente para impedir la celebración de estos actos.
«También se puede comprobar que la Junta Electoral Provincial de Tarragona expresamente instó a la Generalitat, a través de la Dirección General competente del Departamento de Interior, a impedir la celebración de estas actuaciones», afirmó el magistrado.
Finalmente, indicó el instructor, se puede observar que las actuaciones se desarrollaron ese día sin que conste que se realizara actuación alguna para impedir su celebración por parte de la autoridad gubernativa competente.
«Ante estos hechos, y la posibilidad de encontrarnos ante una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat en aquel momento, se acuerda la práctica de las siguientes diligencias, sin perjuicio de valorar, una vez recibidas, la competencia de este órgano judicial para conocer de estos hechos», concluyó García Castellón.