Las escuchas policiales revelan que Koldo usó varios teléfonos y mensajes en clave para disimular su mediación en los contratos de Adif

Desde que el 3 de febrero de 2024, el empresario Rogelio Pujalte diese el aviso a Koldo García de que estaba siendo investigado, por su supuesta intermediación en la trama diseñada para la adjudicación de contratos para el suministro de mascarillas en plena pandemia por valor de 52 millones de euros, el que fuera asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos se volvió extremadamente cuidadoso en los contactos mantenidos con algunos de los miembros de la presunta organización criminal. Según las escuchas policiales tuteladas por la Audiencia Nacional, el propio Pujalte habría incluso recomendado a Koldo que evitase el uso de plataformas de comunicación como Telegram para cualquier de sus gestiones, a partir de entonces.

Hasta el punto de que los agentes asignados al caso, previa autorización del juez instructor Ismael Moreno, habrían podido documentar cómo Koldo usó números de teléfono, algunos de ellos a nombre de terceros, dando instrucciones a sus interlocutores para que indicasen por escrito que él no era el destinatario de otros mensajes previos, enviados a su número de contacto habitual, en los que se le pedía que influyese, por ejemplo, para que un contrato público de emergencia –cuya entidad adjudicataria era ADIF– se le otorgase a una empresa, o Unión Temporal de Empresas (UTE), determinada.

Así lo han reflejado los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, en un reciente informe remitido al magistrado Moreno, instructor del Juzgado de Central número 2 de la Audiencia Nacional. Según ha podido saber El Debate, en las conclusiones de dicho dictamen policial se recogen los resultados de la intervención de varias líneas telefónicas, entre los meses de enero y febrero de este mismo año 2024, vinculadas con varios de los miembros de la presunta trama criminal señalada por blanqueo de capitales, cochecho y tráfico de influencias.

Koldo García Izaguirre, su hermano Joseba, Juan Carlos Cueto, Víctor Gonzalo de Aldama o Iñigo Rotaeche fueron rastreados por la Guardia Civil, durante todo ese tiempo, en el marco de las pesquisas en las que ha podido comprobarse cómo el primero de ellos intensificó la seguridad de todas sus comunicaciones tras saberse en el punto de mira. Koldo aleccionó a sus contactos para que no dejasen rastro de ningún intercambio de mensajes vía WhatsApp, a su móvil habitual, y recurrió a terminales de filiación ficticia para garantizarse otras líneas de comunicación que él consideraba seguras.

De hecho, los agentes han hecho especial mención ante el juez Moreno sobre cómo Koldo dio instrucciones a varios de sus interlocutores para que no le facilitasen información detallada sobre asuntos vinculados con las adjudicaciones de contratos públicos de emergencia por los canales ordinarios de conversación mientras, al mismo tiempo, les ofrecía vías alternativas para que lo hicieran. En algunos casos, incluso, la UCO ha llegado a interpretar que el ex asesor de Ábalos se deshizo de algunos terminales móviles, que ya habían sido utilizados en sus gestiones para la trama, como reacción al 'chivatazo' de que estaba siendo investigado.

Cabe recordar que, como resultado de las diligencias de entrada y registro practicadas el pasado 20 de febrero a las 09.19 horas, que obran en el sumario del denominado caso Koldo o caso PSOE, los agentes de la UCO se incautaron en el domicilio familiar del exasesor del ministro Ábalos, de más de 23 teléfonos móviles, cuyo contenido ha sido volcado de manera pormenorizada en el informe que obra en poder del magistrado Ismael Moreno y del Ministerio Fiscal. Los efectivos policiales también requisaron 9 armas de fuego y 24.000 euros en efectivo, que fueron consignados en la cuenta bancaria que se utiliza como depósito judicial.

En total, como parte del operativo, la Guardia Civil custodia más de 170 dispositivos digitales de los cuales se ha extraído el contenido de un total de 76 que ya han sido precintados, em un intento por localizar documentos, archivos, fotografías, correspondencia electrónica o conversaciones que pudieran tener relación con los hechos presuntamente delictivos y poder, en último término, determinar el papel y el grado de participación de cada uno de los investigados en la supuesta trama corrupta. Según ha podido confirmar El Debate, está previsto que la UCO reciba el apoyo técnico de Europol para filtrar el volumen de la información recogida en los dispositivos informáticos pendientes de ser clonados, bajo mandamiento judicial.