Tribunales
El juez que investiga a Begoña Gómez ordena nuevas diligencias pese a la «filtración sesgada» de un informe de la UCO
Fuentes próximas a las pesquisas sostienen que la versión ofrecida por 'El País' de un escrito provisional de la Guardia Civil «distorsiona» el sentido real del mismo
El magistrado ha solicitado un dica tamen a la Intervención General (IGAE) sobre el rescate de Air Europa
Ajeno a las presiones y a lo que se publica en los medios de comunicación, el juez que abrió diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al hilo de una querella por un presunto delito de tráfico de influencias, seguirá investigando. De nada ha servido que, este martes, el periódico El País publicase el informe no definitivo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) encargado por el magistrado, en el marco de las indagaciones preliminares, apuntando a la «inexistencia» de indicios delictivos en las actuaciones de Gómez, horas antes de que el propio Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre este delicado asunto.
Según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas a la causa, declarada secreta, el sentido de dicho dictamen, que además es provisional, se «filtró de manera sesgada», sin corresponderse con la versión del mismo que ha tratado de presentarse ante la opinión pública. Una circunstancia que apunta a un intento por «exculpar» a quien ha sido querellada y en una fase muy inicipiente del trabajo judicial legalmente previsto y «necesario» para determinar el curso de las actuaciones. Por el momento, Gómez no ha sido formalmente incorporada al caso, ni ostenta la condición de investigada, en el sentido de la antigua figura de la imputación, como tal.
Así las cosas, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha optado por pedir la ayuda de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que analice si en el multimillonario rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a la compañía Air Europa, benefactora de algunas de las actividades profesionales de su mujer, hubo alguna irregularidad. Cabe recordar que, en 2020, la mercantil recibió un total de 475 millones de euros públicos que le permitieron esquivar la quiebra durante la pandemia de la COVID-19. A esta primera inyección directa de liquidez ha de sumarse un segundo balón de oxígeno por valor de 140 millones de euros más, en forma de préstamo avalado por el Instituto Oficial de Crédito (ICO).
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La clave está en determinar si, como afirman los querellantes del sindicato Manos Limpias, la esposa de Sánchez influyó en su marido, que presidía el Consejo de Ministros responsable de aprobar las cuantías y sus destinatarios, para que se materializase el rescate estatal a Air Europa. Hasta el momento. se sabe que Begoña Gómez coincidió con Javier Hidalgo, el que fuera CEO de la matriz corporativa, Globalia, propietaria de la aerolínea, en dos eventos en los que participó Wakalua, sociedad a través de la cual Globalia adquirió el compromiso de contribuir con 40.000 euros al IE África Center, dirigido por la primera.
Peinado también ha puesto bajo su lupa el papel de Begoña Gómez en los encuentros que, según han apuntado algunas informaciones, mantuvo el gurú de su máster, el empresario Carlos Barrabés con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a iniciativa de su mujer, para tratar varios proyectos tecnológicos relacionados con la distribución de los fondos europeos previstos para redinamizar la economía de la UE tras el cerrojazo de la pandemia. Barrabés suscribió varios contratos con administraciones, presuntamente, gracias al apoyo prestado por Gómez en dos cartas de recomendación incorporadas a las licitaciones.
No en vano, el supuesto trato de favor de Begoña Gómez, a la UTE de Innova Next SLU y The Valley, las empresas de Barrabés, se habrían concretado un un total de 15,6 millones de euros del erario, distribuidos en varios contratos. A los 11,5 millones de euros iniciales que ya se conocían, El Debate adelantó en exclusiva cómo eministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, habría adquirido los uniformes de montaña de la Guardia Civil al empresario oscense Carlos Barrabés. Una adjudicación distribuida en cuatro contratos por un valor total de 876.905 euros.