Sánchez se salta su propio código ético de 2016: pedía prohibir los indultos y que se explicaran los viajes
El presidente del Gobierno anunció en 2016 un «código ético» para los socialistas pero aseveró su intención de «extenderlo a toda la Cámara»
Pedro Sánchez anunció en 2016 que el Grupo Parlamentario Socialista se disponía a asumir un «conjunto de medidas de transparencia y regeneración democrática» con la intención de incluirlas como obligatorias para todos los grupos del Congreso de los Diputados. En aquel momento, Sánchez era el líder de la oposición durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
«Prohibir la concesión de indultos en delitos vinculados a supuestos casos de corrupción política». Así de tajante se mostraba el líder socialista en el año 2016, cuando los líderes separatistas como Oriol Junqueras aún no habían cometido los delitos de sedición y malversación que les llevaron a ser condenados a penas de prisión. Como es sabido, Sánchez concedió en junio de 2021 indultos a los independentistas que se encontraban entre rejas por delitos de malversación de fondos públicos, lo que es un «caso de corrupción política», el supuesto que Pedro Sánchez aseguraba querer prohibir.
Al presidente del Gobierno se le han acumulado desde que llegó al poder notificaciones del Consejo de Transparencia solicitando que revele información sobre el desmesurado uso del Falcon para eventos privados o de partido, sus compañías en estos viajes o el uso que hace de las propiedades como Las Marismillas, en Doñana, La Mareta, en Lanzarote o Quintos de Mora, en Toledo. Pero en el año 2016, Sánchez exigía que se diera cuenta, en pro de la «publicidad y transparencia total», de los viajes de todos los parlamentarios, algo que en la actualidad incumplen de manera reiterada varios miembros del Gobierno, comenzando por el presidente.
«Impedir la concurrencia en una candidatura electoral, o en su caso obligar a cesar a quien ostenta un cargo electo, cuando se abra juicio oral por un delito de corrupción política». Sin embargo, ERC es socio preferente del Gobierno a pesar de que su presidente, Oriol Junqueras, no solo tuvo juicio, sino que fue condenado a 13 años de cárcel, por delitos que se engloban en «corrupción política». Del mismo modo, Carles Puigdemont es un apoyo e interlocutor valido para el Gobierno, a pesar de encontrarse actualmente en busca y captura por la Justicia española.