Roban 28 millones de euros en relojes en Madrid, detienen a varios sospechosos y la Justicia los absuelve

Sobre las cinco de la tarde del 2 de diciembre de 2022, varias personas forzaron la cerradura de la empresa Diarsa en el centro de Madrid. Nadie se percató de la maniobra, ni siquiera los guardias de seguridad del entorno. Una vez en el interior se tuvieron que enfrentar a la alarma. Detectó su presencia y amenazó con sonar.

Los ladrones tenían la solución: contaban con la clave, también llamado código maestro. Solo tuvieron que acercarse al aparato e introducir la numeración. ¿Cómo consiguieron la clave? Se sospecha que alguien vinculado a la empresa pudo facilitarlo, el conocido como santo, pero no se ha logrado resolver la duda.

A continuación, con un equipo de lanza térmica los asaltantes hicieron un agujero en una caja fuerte y se llevaron relojes de distintas marcas, 5.500 euros en metálico y 25 décimos del sorteo de Navidad del número 90.608 que no tocó. Luego abrieron otra caja donde había más relojes. En total se llevaron 2.800 relojes, valorados en más de 28 millones de euros. Cuando al día siguiente abrieron las puertas del negocio se quedaron anonadados, no podían entender qué había sucedido.

De esos relojes se recuperaron 303. La investigación fue compleja y la Policía acabó deteniendo a siete varones mayores de edad. La fiscalía les sentó en el banquillo acusados de robo con fuerza y les pedía entre tres y cinco años de prisión. La pena de cárcel no era muy abultada pero sí la indemnización: 25 millones de euros, porque al recuperar varios, bajó el valor de lo sustraído.

Llegó el momento del juicio y lo que parecía una condena segura se desinfló como un globo pinchado. Todos absueltos. Desde pinchazos telefónicos declarados ilegales hasta una ausencia absoluta de pruebas o indicios. Pero es que además de no haber pruebas, la sentencia afea y critica a los investigadores, incluso al juez de instrucción, por haber vulnerado derechos fundamentales.

«Jueces garantistas y valientes que respeten los derechos fundamentales, que no admitan las sospechas infundadas y que exijan a los investigadores y jueces de instrucción el cumplimiento de las garantías procesales y constitucionales, es lo que necesita un estado de derecho. No todo vale. Estoy muy satisfecha con el resultado. La sentencia es puro Derecho, del bueno», concluye Bárbara Royo, abogada de dos de los acusados ahora absueltos.