El Gobierno de Aragón insiste en la «legitimidad» de las Cortes para derogar la ley de memoria

El Gobierno de Aragón ha recalcado este miércoles la «legitimidad» de las Cortes para derogar la ley de Memoria Democrática, después de que ayer el Ejecutivo central anunciara que ya ha aprobado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que deroga la norma en la región.

La portavoz del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, ha afirmado en la rueda de prensa que «no existe ninguna ley que obligue a tener una ley memorialista autonómica» dado que que ya hay legislación nacional sobre esta materia y que el Gobierno regional colaborará «como siempre» en su aplicación junto con el Ejecutivo central.

Vaquero ha recordado que la derogación de la Ley de Memoria Democrática fue impulsada por el PP y Vox, que conforman el Gobierno, como se comprometieron a hacer. Además, ha sido avalada tanto por los servicios jurídicos de la Administración autonómica, que la han calificado de «intachable», como por el Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma.

Para Vaquero, el Gobierno de Sánchez «trata de disuadir de otros problemas que le afectan y sigue liderando una política de confrontación con las comunidades autónomas, y en este caso le ha tocado a Aragón». Y ha indicado que seguirán «defendiendo la libertad de los aragoneses para tomar sus decisiones en el ámbito del Parlamento» y que no tienen «en ningún momento ánimo de confrontación». «Espero que el Gobierno de España, más allá de utilizar a veces las instituciones para sus propias urgencias y conveniencias electorales, haya tenido en cuenta la viabilidad de este recurso», ha expresado.

Por otro lado, ha indicado que el compromiso del Gobierno regional es presentar el Plan de Concordia, que no tiene rango de ley, antes del próximo verano y que este respetará «los principios y el espíritu de la Transición y los valores de la Constitución».

En su entrevista con El Debate, el presidente autonómico, Jorge Azcón, explicó que decidieron derogar la ley porque lo que quieren es «una ley para todos» y en la que todas las víctimas de violencia «tengan el reconocimiento que se merecen». En este sentido, criticó que la izquierda lo que quiere es «utilizar a las víctimas y seguir llevando esa táctica de confrontación, de división y de enfrentamiento entre los españoles». También el vicepresidente, Alejandro Nolasco, en otra entrevista con este periódico aseguraba que era una «necesidad» derogarla por ser una ley« sectaria y liberticida».

La ley de memoria de Aragón se aprobó en 2018, durante el Gobierno del socialista Javier Lambán, y en ella solo se consideraba víctimas a los asesinados durante la guerra civil y la dictadura, y no a las de la Segunda República. PP y Vox señalaron en el texto por el que se derogaba que esta ley imponía «un relato oficial» e «ideológico de parte».