Koldo García en la comisión de investigación del Senado
Corrupción
La Fiscalía Europea asume la investigación del caso PSOE
Evaluará la existencia de un presunto delito de fraude en la adjudicación de contratos de urgencia durante la pandemia, por los servicios de Salud de las comunidades autónomas de Baleares y Canarias
La Fiscalía Europea ha decidido asumir la investigación del caso PSOE, posible fraude relacionado con la adjudicación de contratos por los servicios de Salud de las comunidades autónomas de Baleares y Canarias. Ambas regiones estuvieron gestionadas durante la pandemia por los socialistas Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, y Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, respectivamente. Aunque, por el momento, no han trascendido más detalles sobre la investigación en curso, la Fiscalía competente considera que se trata de una materia muy «excepcional» y de «significativo interés público» que hace necesario unificar la dirección de las pesquisas, desde ahora en adelante.
No en vano, hasta la fecha, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 había centrado todas sus averiguaciones en una misma empresa, Soluciones de Gestión, por los contratos adjudicados en tiempo récord de 24 horas. Éste es el motivo por el que la Fiscalía Europea (EPPO) considera que se trata de un único caso y que, al haber podido quedar afectados fondos europeos, debe ser gestionado de forma única e independiente desde la sede del órgano ubicado en Luxemburgo.
De acuerdo con el comunicado emitido por la propia Fiscalía, el hecho de que uno de los contratos bajo la lupa del juez instructor español hubiese sido cofinanciado con fondos de la Unión Europea, según se desprende de la información aportada por el magistrado, ha sido determinante para que la EPPO tome las riendas en la causa judicial. Una decisión no menor, teniendo en cuenta que ya la Comisión Europea estaba al tanto del arranque del 'caso PSOE' y de las averiguaciones que afectaban, en concreto, a Koldo García, el que fuera asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos.
Si, finalmente, se acredita que las Administraciones socialistas concernidas en el marco de la investigación compraron material sanitario, en concreto mascarillas, a una empresa recomendada –pero que no cumplió con los estándares requeridos al resto de proveedores, ni con los procedimientos de tramitación extraordinaria–, aprovechándose de la incertidumbre de los momentos más duros de la pandemia de coronavirus, la situación podría complicarse y mucho para el conjunto del Gobierno.
No sólo por la magnitud de los cargos que se podrían ver afectados por la toma de decisiones irregulares, sin ningún tipo de control o rendición de cuentas, sino porque de lo que se desprenda de la investigación de la Fiscalía Europea, podría depender la congelación de las ayudas comunitarias a nuestro país. Y, cabe recordar, España es uno de los principales beneficiarios de las ayudas de recuperación, con un total de 163.000 millones de euros ya asignados de los que ya ha recibido cerca de 37.000.
El papel de la Fiscalía Europea (EPPO)
La institución se estableció en 2020 y, desde entonces, ha ido ampliando sus competencias pero, también, su capacidad y ámbito de actuación, a diferentes jurisdicciones transnacionales, gracias a un incremento de su dotación presupuestaria. La Fiscalía independiente de la UE está preparada, en particular, delitos que incluyan flujos de lavado de dinero graves. Y lo hace en colaboración no sólo a través de los acuerdos de trabajo firmados con las autoridades de los estados miembros de la UE, sino con los no participantes e incluso con los que no pertenecen a la misma.
