Manifestación en Madrid para pedir la equiparación salarial de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil
La Audiencia Nacional revoca la sentencia que obligaba a Interior a equiparar los salarios de los policías
SUP (Policía Nacional) y AUGC (Guardia Civil) anuncian que recurrirán la decisión ante el Supremo
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia del Juzgado Central número 3 de la misma Audiencia que reconocía la obligación del Gobierno de cumplir las cláusulas tercera y octava del Acuerdo de Equiparación Salarial que los sindicatos y asociaciones policiales firmaron en 2018.
La cláusula tercera alude a destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios económicos (en total 300 millones) para incentivar que los agentes en Segunda Actividad y Reserva optasen por reincorporarse a la prestación del servicio. Mientras tanto, la cláusula octava recoge la aprobación de una ley para garantizar que en el futuro no se puedan producir disfunciones salariales entre los cuerpos policiales que realizan las mismas funciones.
Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP) la nueva sentencia «apela a una serie de argumentos jurídicamente discutibles», sin embargo, «la sentencia da un paso de gigante al reconocer que a dicho Acuerdo de equiparación salarial, se llegó por parte del Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil, como negociación colectiva en el ámbito de la función pública».
Apelación al Supremo
Por ello, tanto este sindicato policial como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya han anunciado que recurrirán esta sentencia ante el Tribunal Supremo para que decida «sobre si es ajustado o no a derecho incumplir cláusulas de un acuerdo pactado, fruto de la negociación colectiva, y que afecta a miles de policías y guardias civiles, y si, como sostiene AUGC y SUP, su cumplimento es obligado, como parte de la salvaguardia de los pilares básicos del Estado de Derecho».
Desde ambas asociaciones policiales advierten de que "no cejaran en el empeño de que los guardias civiles y los policías sean tratados como ciudadanos de pleno derecho y se les reconozca la obligatoriedad de cumplir con lo pactado.