Más de la mitad de las leyes aprobadas por el Gobierno tienen su origen en Europa

Los Estados que pertenecen a la Unión Europea se comprometen a trasladar a sus legislaciones todo lo que se apruebe en Bruselas y en Estrasburgo, por lo que una gran cantidad de normas que ven la luz desde Moncloa proceden de Europa. De hecho, más de la mitad de las leyes aprobadas en los últimos cinco años son de origen comunitario.

El 53,6 % de las leyes aprobadas por Congreso y Senado en España vienen de las instituciones europeas, según un análisis que ha hecho público el Parlamento Europeo. En concreto, 132 de las 246 normas que han entrado en el BOE en los últimos cinco años regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la UE y que derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las mismas.

De ellas, 51 responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico español de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, mientras que las otras 81 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias.

El porcentaje de las leyes dirigidas desde Europa se mantiene fijo en torno al 50 % a lo largo de los cinco años, con la excepción de 2023, ya que la disolución de las Cortes impidió el desarrollo de nuevas normas y el consecuente descenso de la actividad legislativa. En ese año se alcanzó un 72 % de leyes aprobadas con origen en la UE.

En lo que va de año, ya se han aprobado dos iniciativas legislativas que llegan marcadas desde Bruselas. Una de ellas es la transposición de una directiva que regula la conciliación familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores de la Unión Europea.

No serán las únicas, ya que según Exteriores, aún faltan por desarrollar en la legislación española 55 directivas europeas, la mayoría de las cuales tienen que ser transpuestas entre 2024 y 2026. Hay, de hecho, ya algunas que han caducado, ya que dos directivas relacionadas con el efecto invernadero tenían que haber sido aprobadas en el Congreso antes del pasado 31 de diciembre y otras tres tenían de plazo hasta mayo de 2024.