Sánchez oculta hasta julio su plan para tomarse la Justicia por su cuenta: «Paso a paso»

Después de tirar la piedra el miércoles, el presidente del Gobierno escondió ayer la mano. Ni Pedro Sánchez, ni ningún otro miembro del PSOE ni de Sumar dieron respuesta a la gran pregunta que ha quedado en el aire después de que él mismo amenaza con sustraer al futuro CGPJ las competencias para hacer nombramientos ¿Si no los hace el órgano de gobierno de los jueces, entonces quién? En 2021, Sánchez y sus socios ya reformaron la ley para impedir que un CGPJ en funciones, como el actual, pudiera hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Sería convertir en definitiva una medida que se planteó como excepcional.

De momento, el presidente y su equipo llevan en el más absoluto de los secretos ese llamado plan B en el que trabaja el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones de Félix Bolaños para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. No de ahora, sino desde hace meses. Por ahora no toca adelantar acontecimientos, dicen en la Moncloa. No, al menos, en estas dos semanas que el presidente ha dado a Alberto Núñez Feijóo de ultimátum. «Vamos a ir paso a paso, ya se lo explicitaremos. Lo más importante ahora es saber que tenemos un plazo, el mes de junio, para llegar a un acuerdo con el PP (…). El detalle es importante plantearlo una vez sepamos el resultado de esta negociación», señaló este miércoles el líder del Ejecutivo.

Sánchez compareció en la Moncloa junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, y solo aclaró que la reforma que están diseñando será «respetuosa con la independencia judicial, plenamente constitucional y acorde con la normativa de la Unión Europea». Pero eso no es lo que sus socios llevan pidiendo meses, si no años. Este jueves, Íñigo Errejón -de Sumar- y Gabriel Rufián -de ERC- solicitaron al presidente que deje de dar oportunidades al PP y cambie de una vez las mayorías de elección de los vocales del CGPJ para orillar a los populares. Errejón llegó a acusar a los de Feijóo de practicar un «golpismo blando».

Pero es que también ahí Sánchez tendría un problema, porque al PNV no le convence en absoluto el cambio de las mayorías cualificadas. Según su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, eso sería «pan para hoy y hambre para mañana». La cuestión es que, para reformar una ley orgánica, los socialistas necesitan 176 votos, mayoría absoluta. Sin el PNV no tendrían nada que hacer.

Si en público el Gobierno calla, en privado también. Ministros y cargos del PSOE y de Sumar fueron preguntados este jueves en los pasillos del Congreso por los futuros nombramientos en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales y nadie dijo una sola palabra.

Que el Gobierno oculte sus cartas, o sus armas, ha puesto en alerta a la Judicatura. El presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, se vio venir ayer que Sánchez pretendía utilizarle como coartada. Que pretendía utilizar la propuesta que Guilarte hizo en abril, cuando propuso que una comisión cualificada compuesta por cinco miembros del Supremo eligiera a los magistrados del alto tribunal.

Así que, este jueves, el presidente del CGPJ envió un escrito al Congreso y al Senado aclarando que los nombramientos «deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el artículo 122.2 (…). No es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta».

A sus recelos se suman los de las principales asociaciones de jueces. Máxime en un momento de tensión entre los socialistas y la Judicatura, por la aplicación de la ley de amnistía y porque en el Ejecutivo vienen deslizando con más o menos disimulo que el juez instructor del caso Begoña está haciendo política.

Entre las propuestas que Sumar ha puesto sobre la mesa del PSOE figura una para deshacerse de inmediato de los vocales cuyo mandato ha concluido. Lo harían modificando el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cesarlos automáticamente al cumplir los cinco años en el cargo. Mientras no fueran elegidos los nuevos, quedaría una especie de CGPJ de mínimos, para «funciones estrictamente administrativas y sancionadoras», compuesto por tres de los vocales salientes: el de mayor edad, el de menor y el que se haya incorporado en último lugar.

Entretanto, en la Comisión Europea -ahora en funciones- han decidido esperar a que socialistas y populares trasladen una propuesta sobre la que negociar antes de que la comisaria Vera Jourova se siente a mediar entre Félix Bolaños y Esteban González Pons.