García Ortiz, cuestionado por los fiscales del procés y a un paso del Supremo por las filtraciones sobre el novio de Ayuso

La filtración de datos confidenciales, protegidos por el derecho fundamental de defensa, en el marco de una investigación penal, llevó al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el empresario madrileño Alberto González Amador, a interponer una querella contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos. Una polémica en la que –no sólo en último término y como máximo responsable de la institución sino, en su mismo origen– se ha visto señalado el fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, tras la declaración de la fiscal superior de Madrid quien, este mismo jueves, aseguraba ante el juez instructor que fue su jefe el que le dio la orden «imperativa» de divulgar entre la prensa el comunicado con los datos reservados.

Aunque ha tratado de impedirlo por todos los medios, el cerco sobre García Ortiz se ha ido estrechando cada vez más hasta el punto de que su tan cuestionada gestión al frente del Ministerio Público ha terminado en el mismo centro de una investigación judicial que, en las próximas semanas, podría llevarle ante el Supremo donde está aforado por su cargo, para responder direcamente como imputado.

Así las cosas, el próximo martes día 18, el fiscal general más en la cuerda floja que nunca se medirá con los fiscales del procés –Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno– ante la Junta de Sala, el 'generalato' de la institución, tras dictar un decreto en el que impone a la Carrera la obligación de informar a favor de la amnistía total, incluido el delito de malversación de caudales públicos que pesa sobre el prófugo Carles Puigdemont.

Con su instrucción en una mano y con el informe opuesto que presentaron los cuatro responsables de la acusación pública durante la causa especial del 1-O, en la otra, treinta y siete fiscales –la mayoría de los cuales pertenecen a la Unión Progresista (UPF) a la que perteneció García Ortiz y muchos de los cuales han sido nombrados por éste y por su predecesora, Dolores Delgado– tendrán que posicionarse en el conflicto y cerrar el cisma. De la decisión resultante saldrá el dictamen definitivo que la Fiscalía presentará en todos los procedimientos derivados del procés, incluido el del Supremo, con el visto bueno de su máximo responsable que, pase lo que pase, tiene la última palabra.

La pregunta que se masculla entre la mayoría de los miembros del Ministerio Público es si un fiscal general que «debiendo ser la figura que garantiza la imparcialidad y la legalidad del procedimiento», sin embargo, ha quedado retratado como el muñidor de una estrategia presuntamente orientada al señalamiento a un ciudadano particular, en el marco de una investigación tributaria, para desacreditar a una adversaria política. «¿Conserva la legitimidad necesaria para representar los intereses de toda la sociedad» en un asunto tan delicado y «trascendental» como «la aplicabilidad de la Ley de Amnistía» y el borrado penal de todo el proceso separatista catalán?.

Cabe recordar que desde que llegase al puesto de fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha visto cómo el Supremo anulaba dos de sus nombramientos, a favor de su antecesora y amiga Dolores Delgado, uno de ellos incurriendo en «desviación de poder»; ha sido declarado «inidóneo» para su reelección por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); o, se ha enfrentado hasta en tres ocasiones diferente a la Junta de fiscales de Sala, cuestionado por sus maniobras en la causa reabierta por la Audiencia Nacional, contra los autores intelectuales del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, por el cambio de criterio impuesto en el terrorismo de Tsunami Democrátic y, en último término, por su intento de bloquear la admisión de la querella de la pareja de Díaz Ayuso, por revelación de secretos, que ha terminado por dejarle al borde de la imputación.

Allanando el camino de la amnistía

Pero es que, además, García Ortiz ha evitado en varias ocasiones que el Consejo Fiscal se pronunciase sobre la amnistía, negándose incluso a responder al Senado, en el marco de la «debida cooperación institucional», sobre la constitucionalidad –o no– de la norma, durante su tramitación. El fiscal general no ha querido dejar rastro sobre la disconformidad mayoritaria en el seno de la Carrera, antes de dar instrucciones precisas para salvar la iniciativa legal pactada entre el Gobierno que lo nombró y los separatistas de Junts.

El fiscal general se preparaba para salir al rescate del Ejecutivo socialista en contra de sus subordinados a quienes ha afeado que dedicasen «una extensión considerable» de su informe a analizar el delito de malversación cuando no era necesario. «Los actos constitutivos de malversación que hubieran consistido en el desvío de fondos públicos con la finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o la celebración de las consultas independentistas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017 se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma y, por consiguiente, serán amnistiados siempre que hayan sido ejecutados sin un propósito de enriquecimiento», ha zanjado García Ortiz.

Para el fiscal general que, de acuerdo con los indicios sobre la mesa del juez instructor Francisco José Goyena en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), fue presuntamente capaz de orquestar una campaña de comunicación «para ya» en el seno de la Fiscalía, contra un ciudadano particular (por su situación sentimental), desviar fondos para financiar o sufragar el referéndum inconstitucional del 1-O «no presupone ánimo de enriquecimiento en el responsable del delito», ni implica que se diese un beneficio patrimonial personal.

El criterio del fiscal general es que Carles Puigdemont y el resto de cabecillas políticos del procés no se llevaron el dinero malversado al bolsillo sino que sólo lo gestionaron de forma desleal «con el único propósito de celebrar un referéndum de autodeterminación, sin que se apreciase en los encausados otros intereses crematísticos». Sin embargo, para cuatro de los más prestigiosos fiscales de nuestro país todos los encausados y procesados se enriquecieron, desde el momento en el que se aseguraron el resultado de una actuación ilegal con la que aspiraban a obtener un rendimiento político. Se enriquecieron, además, porque su actuación provocó el empobrecimiento de terceros y un perjuicio económico, en último término, a los intereses de Europa.