El Constitucional 'indulta' la prevaricación de Magdalena Álvarez en el caso de los ERE

un «indulto encubierto» del Gobierno a la «corrupción socialista» de Andalucía, articulado a través del Tribunal Constitucional. La mayoría izquierdista de la Corte de Garantías ha admitido, por siete votos frente a cuatro, el recurso planteado por la ex ministra socialista Magladena Álvarez contra la condena por prevaricación, a nueve años de inhabilitación, que se le impuso en el marco de la causa de los ERE de Andalucía.

Una resolución con la que se lanza «un mensaje demoledor», alertan algunas fuentes próximas al órgano: que ciertas prácticas ilegales son «menos graves si las hacen los míos que si las hacen los demás». Como adelantó El Debate, hace unos días, el movimiento del TC permitirá a Pedro Sánchez eliminar las sanciones impuestas en sentencia firme, sin el desgaste que supondría, en pleno escándalo por las dos investigaciones penales que pesan sobre su mujer y su hermano, aplicar una medida de gracia gubernativa.

Los cuatro magistrados del ala profesional, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez, César Tolosa y Enrique Arnaldo, en contra, han anunciado un voto particular discrepante.

No en vano, el cónclave del órgano de mayoría izquierdista ha avalado la sentencia favorable a Álvarez redactada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y en la que, además de revocar la sanción impuesta a Álvarez por la Audiencia Provincial de Sevilla, se sentarán las bases para rebajar el castigo al delito de prevaricación, un escenario del que también aspiran a beneficiarse, en próximas fechas, los dos expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El TC ha interpretado que las resoluciones judiciales impugnadas, en las que se fijó un castigo para los autores condenados por delitos de prevaricación en los términos previstos en el artículo 404 CP, deben ser corregidas porque tanto para la Fiscalía, como para la mayoría del Pleno, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.

Es decir, para la Corte de Garantías, las actuaciones que las motivaron no respondieron a una función legislativa propiamente dicha (ya que la misma comenzaría en el momento de recepción del proyecto de ley en el Parlamento según el Estatuto de Autonomía) por lo que deben enmarcarse como actos materiales («actos de contenido» que quedan configurados como una decisión de naturaleza política) en sentido contrario a los actos procesales o normativos que sí estarían inexorablemente vinculados y condicionados por una normativa previa y que, por lo tanto, sí pueden ser objeto de un control judicial.

Un dictamen, presagió el desenlace

Ya en octubre de 2023, El Debate adelantó el pronunciamiento técnico previo de un letrado del órgano de garantías que, por aquel entonces, estaba sobre la mesa del TC y en el que se abría la puerta a 'desjudicializar', al más puro estilo del relato separatista catalán, la prevaricación por la que Manuel Chaves fue condenado e inhabilitado, al igual que Griñán quien fue sentenciado a un total de 15 años de inhabilitación, además de los seis de cárcel por la malversación que, actualmente, se encuentran en suspenso en base al cáncer de próstata que padece el expresidente andaluz.

En base a dicho dictamen, que de una manera inédita el propio Cándido Conde-Pumpido se apresuró a desmentir, en una nota emitida ex profeso, pero que no ha hecho más que confirmarse, la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, quien fue reconocida por el propio Griñán como hija predilecta de Andalucía, cuando éste era presidente de la Junta, impulsaba la admisión a trámite de los recursos que hoy han concluido con este fallo favorable.