El juez pide al Supremo que impute a Puigdemont por traición por reunirse con agentes de Putin para financiar el procés

El magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, pide al Tribunal Supremo que impute por traición al expresidente catalán Carles Puigdemont. Esta petición se produce en el marco del caso Voloh, donde se investiga la injerencia de Rusia en España a través de los líderes independentistas. En el auto que ha dictado el juez, al que ha tenido acceso El Debate, queda acreditado que Puigdemont tuvo un papel clave en varias reuniones con agentes rusos que tenían como objetivo recaudar fondos económicos con los que financiar los actos de la proclamación ilegal de independencia de 2017.

Otra de las decisiones del juez ha sido abrir el abanico de imputados dentro de la causa que él lleva. Entre ellos figura el también expresidente Artur Mas, la exconsejera Elsa Artadi u otros nombres llamativos como Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, y Josep Lluís Alay, su exjefe de gabinete, entre otros. Los dos delitos que se les imputa son traición y malversación de caudales públicos.

La investigación gira en torno a varios encuentros que Puigdemont y varios cargos de su confianza tuvieron con agentes rusos. Uno de ellos ofreció a Puigdemont ayuda de manera expresa para que saliera adelante la independencia. En concreto, se comprometió a facilitar un grupo de 10.000 soldados rusos y una partida de 500.000 millones de dólares. La única condición que el emisario de Putin puso al expresidente fue que, de fructificar la desconexión con España, Cataluña se convirtiera en un paraíso fiscal de las criptomonedas.

Si bien nunca apareció personal militar extranjero durante los días próximos al 1-O, el juez sí considera que existen pruebas que acreditan que el entorno de Puigdemont recibió fondos rusos para financiar la operación. Estos hechos, para Su Señoría, se enmarcan dentro del delito de traición, que engloba «la inducción a la guerra, favorecimiento del enemigo, espionaje y declaración de guerra o firma de paz en contra de lo dispuesto en la Constitución española de 1978».

La decisión del juez Aguirre de continuar con el procedimiento judicial y ahora pedirle al Supremo que investigue por estos hechos a Puigdemont se produce después de meses de ardua investigación. El magistrado ha hallado numerosa documentación que acredita la existencia de las reuniones y los compromisos que los líderes independentistas pactaron con los agentes rusos.

Uno de los documentos que figuran en el procedimiento es un manuscrito que se obtuvo en un registro policial anterior donde se lee la palabra «Putin» junto a «financiación». Al lado de ambas se encuentra la expresión «unificar bitcoin mañana del volátil y debajo al oro». La anotación se refiere a la exigencia que el emisario de Putin puso a los independentistas. La oferta fue de 500.000 millones de dólares y un grupo de 10.000 soldados rusos. A cambio, Cataluña se comprometía a convertirse en un paraíso fiscal de criptomonedas para Rusia.