García Ortiz defendía una Fiscalía independiente que ahora lamina «con excesos», al borde de la imputación

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aseguraba hace unos días que no dimitirá aunque el Tribunal Supremo le impute por un delito de revelación de secretos en el caso judicial de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y como cada vez parece más cerca, según los resultados de las pesquisas que obran en poder del instructor del caso, el juez Francisco José Goyena.

Sin embargo, las últimas decisiones, las más polémicas y previsibles del sucesor de la también cuestionada Dolores Delgado en el cargo, complican cada vez más la posibilidad no ya de salvar los muebles de una Institución laminada, bajo su mandato, sino de salir indemne de la posible responsabilidad penal a la que podría enfrentarse por hacer, en todo momento, «lo que el Gobierno esperaba» de él, como esta misma semana le afeaban desde la mayoritaría Asociación de Fiscales (AF) en una durísima carta.

García Ortiz sostiene públicamente que sus posiciones, las más cuestionadas, las más escandalosas, algunas hasta «innecesarias», como denuncian a El Debate algunas fuentes próximas a la cúspide de la Fiscalía, son fruto odel cumplimiento de su deber. Sin embargo, entre sus más cercanos habría empezado a reconocer de algún modo que el peso de las presiones es insoportable e, incluso, podría haber valorado, hace algunas semanas, la opción de dimitir.

La estrategia que, vía whatsapp, puso en marcha para lanzar la nota informativa sobre la pareja de la presidenta madrilena, el empresario Alberto González Amador, en la que ordenó escribir con datos confidenciales detallando paso a paso los supuestos fraudes fiscales del empresario o la aplicación íntegra e inmediata de la amnistía que está defendiendo en todas las causas derivadas del procés pese a ganar, por la mínima, el conflicto planteado por cuatro de los fiscales más veteranos de nuestro país, aprietan las costuras de la toga del fiscal general.

No obstante, y a pesar de todo lo ocurrido, García Ortiz continúa en el cargo. Y no es que sea ajeno a las críticas, que escucha alto y claro cada día desde diferentes ámitos, pero ha optado por hacer «de la necesidad virtud», que diría el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque al fin y al cabo, «¿de quién depende la Fiscalía?». Pues eso.

En 2017, el hoy fiscal general del Estado denunciaba el intento de imponer un modelo de la Fiscalía «con el poder concentrado en una sola mano y sin contrapesos»

García Ortiz, el fiscal de Lumbrales (Salamanca) que llegó a lo más alto de la Fiscalía, desde la sección de delitos contra el Medio Ambiente de Galicia, no siempre pensó y actuó así. En 2017, cuando presidía su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –de la que se han nutrido casi en exclusiva los nombramientos de los fiscales de Sala, la máxima categoría del escalafón, desde que él llegó al mando del Ministerio Público– consideraba que era necesario implantar «contrapesos» en el modelo de funcionamiento interno para evitar un «poder concentrado» entorno al «principio de jerarquía».

Por aquel entonces, García Ortiz apostaba por unos fiscales coordinados, donde cada uno asumiese su responsabilidad y que, previa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio, implantase los equilibrios necesarios para «evitar excesos» de poder.

El fiscal que hoy está contra las cuerdas, precisamente, por ejercer su mandato desde la imposición y las continuas discrepancias con los fiscales de base, y los que componen el 'generalato' de la Carrera, reivindicaba la profesionalidad de los fiscales, aún cuando discrepasen de sus jefes, y aseguraba que pese a hacerlo, nunca deberían verse sometidos a más presión que las propia del caso de que se encargan.

Es más, señalaba cómo el resultado de las decisiones del entonces titular de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix –destituyendo al fiscal encargado de Lezo y apartando a los asignados en la causa del 3%–, la «repercusión pública» de las mismas era «preocupante».

Para García Ortiz, el más alto nivel de la pirámide del Ministerio Público no podía estar en entredicho por los delitos concretos investigados en una trama que afectaba a su titular porque con ello «se pone en cuestión la credibilidad de la Fiscalía». Un criterio que ha parecido olvidar, atornillado en su cargo, pese a que los datos recabados por la Justicia madrileña, en el caso del novio de Díaz Ayuso, por ejemplo, le sitúan cada vez más al borde de la imputación.