La nota del PSOE sobre la causa tributaria del novio de Ayuso fue creada por la jefa de prensa del Consejo de Estado

Una nueva filtración de datos confidenciales que afecta al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado al descubierto cómo, supuestamente, personas ajenas al procedimiento tributario sobre el empresario Alberto González estarían teniendo acceso a información reservada del expediente inspector de la Agencia Tributaria. La nota emitida por el PSOE, esta tarde, para justificar la maniobra con la que los socialistas han suspendido, por segunda vez, esta mañana, su declaración judicial, contiene metadatos que apuntan, de manera directa, a la oficina de prensa del Consejo de Estado, que preside la socialista Carmen Calvo. En concreto de la directora de comunicación del órgano consultivo, Belén Labadié.

No en vano, El Debate ha tenido acceso al rastro digital del documento original creado para salvar, ante la opinión pública, la ampliación de la causa en la que es acusación popular el PSOE de Madrid, que sobrevuela a González por un presunto delito tributario y de fraude documental, al hilo de la contabilidad presentada por la empresa de la pareja de Díaz Ayuso.

Ni siquiera el fiscal asignado al caso, tras la salida del inicial Julián Salto, próximo a la esfera del titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, ha respaldado la actuación procesal instada este lunes por los letrados a los que, incluso, ha llegado a abroncar por instar un nuevo delito, el de administración desleal, «imposible» de encajar en los hechos investigados, dado que Alberto González es administrador único de la mercantil Maxwell Cremona, de su propiedad.

Los abogados de González han lamentado ante la juez que se encarga del caso tributario, un uso espurio del procedimiento por parte de los socialistas madrileños, que pese a estar personados desde hace más de tres meses, han esparado a unos minutos antes de la declaración de varios de los investigados, entre ellos el principal, el novio de la presidenta de la Comunidad, para instar nuevas diligencias y pesquisas sobre el objeto que, a todas luces, no tendrían ninguna base o recorrido jurídico.

Así las cosas, el PSOE lanzaba un comunicado oficial, horas más tarde, para tratar de explicarse y en el que, presuntamente se habrían referido a información reservada de la inspección abierta por la Agencia Tributaria (AET), reservada al proceso judicial. Unas referencias a las que, dada su especial relevancia, no debería haber tenido acceso la directora de Comunicación del Consejo de Estado, salvo que se le hubiesen revelado de manera irregular, según han confirmado algunos expertos consultados por este diario para tratar de explicar lo ocurrido.

De acreditarse este extremo, podría implicar consecuencias severas para sus promotores, incluso, la pérdida de la condición de personado en el procedimiento para el Partido Socialista de Madrid.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avanza en el cerco al propio fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos, tras la querella registrada por Alberto González, al hilo de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid que contenía datos personales y protegidos por el deber de confidencialidad previsto en la ley para los pactos de conformidad.