La Guardia Civil aporta al juez una grabación del jefe de Tsunami hablando de «un trato con el Gobierno» para no atacarse

Los agentes de la Policía Judicial encargados del caso Voloh, la trama rusa del procés, han aportado al magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, la grabación de un pinchazo telefónico a Xavier Vendrell, jefe de Tsunami Democràtic, donde se menciona la existencia de «un trato con el Gobierno» para no atacarse. El Debate publica hoy la cinta en la que se escucha cómo el líder independentista habla con un periodista de este pacto de no agresión. Mientras tanto, el juez Aguirre cierra el círculo de los nexos entre Rusia y los independistas con el objetivo de desestabilizar España e infiltrarse en la Unión Europea.

La grabación se llevó a cabo el 31 de octubre de 2020 desde un pequeño micrófono oculto que los investigadores instalaron en el coche de Vendrell. El dispositivo captó una conversación que mantuvo justo al día siguiente de ser puesto en libertad tras ser detenido por tráfico de influencias. En ella se le escucha hablar un periodista de la órbita independentista llamado Carles Cuní. El periodista, tal y como se escucha en la cinta, menciona la existencia de «un acuerdo, un pacto, un trato» que consiste en «no hacernos daño» entre los líderes independentistas y el Gobierno. En ese momento, Pedro Sánchez llevaba ya dos años como jefe del Ejecutivo y se estaba empezando a cocinar la propuesta del indulto.

Vendrell responde a Cuní de manera afirmativa reafirmando la existencia de «un pacto con el Estado» pero puntualiza explicando que el caso de su detención «no forma parte del acuerdo». Posteriormente sostiene que «el Gobierno no es el Estado», queriendo hacer una distinción entre ambos conceptos. Xavier Vendrell, considerado por la Audiencia Nacional uno de los cerebros de Tsunami Democràtic, fue consejero de la Generalitat con ERC y a día de hoy es una figura próxima al expresidente Carles Puigdemont. Su papel en Tsunami consistía en reclutar masas de personas para generar protestas violentas y así poder presionar a las autoridades judiciales que en ese momento estaban juzgando la declaración ilegal de independencia.

A día de hoy se encuentra afincado en Colombia y mantiene una intensa relación con el presidente colombiano, Gustavo Petro, que salió en su defensa tras ser detenido por orden del juez Aguirre en 2020. «Han puesto preso a Xavier Vendrell, en España, es un empresario cuyo delito es ayudar a la independencia de Cataluña. Vivimos momentos de máxima tensión en las luchas democráticas de los pueblos. Mi solidaridad con su familia que tanta solidaridad nos ha brindado», dijo en una publicación de a través de su perfil en Twitter.

Las actuaciones de la Guardia Civil que concluyeron con la obtención de la grabación que hoy desvela El Debate, clave a la hora de aflorar la existencia de un pacto de no agresión entre los líderes independentistas y el Gobierno, según se desprende de la cinta, es clave para el juez del caso Voloh. El magistrado Aguirre plasma en el auto que dictó la semana pasada que esta revelación de los investigadores «origina un serio revuelo en el ámbito político independentista» que permite «mantener en el poder al presidente Pedro Sánchez».

El ofrecimiento de los rusos

El periodista con el que hablaba Vendrell, según el auto, fue socio empresarial de Miquel Calzada del Grupo Flaix con dos emisoras de radio. Calzada, tal y como figura en la resolución judicial, hizo campaña política por Convergència en Junts durante las elecciones de 2015. También figuró en una lista al Senado. Obtuvo 400.000 votos pero finalmente no resultó elegido.

El juez Aguirre pide en su auto al Tribunal Supremo que investigue a Puigdemont por un delito de traición. De la misma manera, acuerda la apertura de una pieza separada en la que acuerda también imputar por este delito y otro de malversación de caudales públicos al expresidente catalán Artur Mas, la exconsejera Elsa Artadi y otras figuras llamativas como Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, o Josep Lluís Alay, su exjefe de gabinete, entre otros.

El caso Voloh gira en torno a varios encuentros que Puigdemont y varios cargos de su confianza tuvieron con agentes rusos. Uno de ellos ofreció a Puigdemont ayuda de manera expresa para que saliera adelante la independencia. En concreto, se comprometió a facilitar un grupo de 10.000 soldados rusos y una partida de 500.000 millones de dólares. La única condición que el emisario de Putin puso al expresidente fue que, de fructificar la desconexión con España, Cataluña se convirtiera en un paraíso fiscal de las criptomonedas.