El día límite de Sánchez para convocar generales con las catalanas complica la vida a Illa

En España, casi nunca nos ponemos de acuerdo en nada. Los hay que piensan que una tortilla de patatas sin cebolla no es una tortilla de patatas y otros para los que añadir cebolla a la mezcla es un sacrilegio. Los hay que creen que Alberto Núñez Feijóo ha sacado petróleo del pacto para la renovación del CGPJ y la despolitización de la Justicia y otros que están convencidos de que Pedro Sánchez acabará jugándosela más pronto que tarde.

Los hay que apuestan a que el PSC y ERC llegarán a un acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente catalán este agosto y otros que se juegan una comida a que los catalanes volverán a las urnas el 13 de octubre. Los hay que están convencidos de que hay presidente del Gobierno para rato y otros que se malician que Sánchez ya prepara su próximo giro de guion: el adelanto de las elecciones generales coincidiendo con esa hipotética repetición de las catalanas.

El acuerdo entre socialistas y populares para repartirse los vocales del CGPJ sin invitar a un pedazo de tarta ni a catalanes ni a vascos no ayuda a desenmarañar el panorama de este verano. Más bien al contrario. Puede ser que Sánchez pretendiera asentar la legislatura llegando al primer acuerdo de Estado con Feijóo, como sostienen los socialistas. O puede que su intención fuera el pájaro en mano (10 vocales, en este caso) antes que ciento volando, en previsión de que la legislatura acabe desplomándose por uno u otro costado.

El pasado miércoles, el Parlamento catalán activó la cuenta atrás hacia la repetición electoral. El verano va a ser especialmente tórrido en Cataluña. O Illa logra los apoyos para ser investido antes del 26 de agosto, o ese día quedará disuelta la cámara y el 13 de octubre los catalanes volverán a votar. La opción de que Carles Puigdemont sea investido es descabellada incluso para Junts -aunque no lo pueda confesar-, que solo aspira a tener una segunda oportunidad en las urnas.

El 20 de agosto, la fecha

El calendario es un problema para Sánchez y, de rebote, para Illa. Si realmente el presidente quisiera convocar elecciones generales a la vez que las catalanas, tendría que anunciarlo el martes 20 de agosto a más tardar. ¿Por qué? para que el decreto de disolución de las Cortes fuera publicado en el BOE el 21 de agosto y empezara a contar el plazo de 54 días que legalmente está estipulado como plazo mínimo entre la disolución de las Cortes y la votación.

Es decir, el presidente no podría apurar hasta el 26 de agosto. Su fecha tope es seis días antes de la fecha tope de Illa. ¿Es eso un problema? Imaginemos por un momento que Sánchez convocara elecciones el 20 de agosto y que, días después, el líder del PSC alcanzara un acuerdo con ERC sobre la bocina. Suena muy loco hasta para la política española, porque finalmente habría generales y no catalanas.

Así que, en realidad, lo que hace esa fecha límite del 20 de agosto es acortar el margen de maniobra de Illa y condicionar aún más sus negociaciones con Esquerra; siendo el independentismo, como es, experto en apurar hasta el último minuto del último día. Una baza más para los republicanos.

A pesar de que, en la superficie del océano catalán, todo parece encaminado a la repetición de elecciones, bajo el agua el sonar va detectando movimientos que apuntan a que el acuerdo entre el PSC y ERC pudiera llegar a mediados de agosto. La dirección de Esquerra, si es que hay alguna dirección en este momento, se ha comprometido a someter cualquier hipotético acuerdo con Illa a una consulta entre su militancia.

Pero las consultas a las bases las carga el diablo. Dicen las malas lenguas de la política que lo que tienen mente los republicanos es convocar a sus afiliados en el entorno del 15 de agosto para que la participación sea baja y, por lo tanto, el resultado controlable. Es esas fechas, media Cataluña estará de vacaciones y, la otra media, de puente con motivo del Día de la Asunción (como en el resto de España).

En ERC les gusta votar en urna, nada de fórmulas telemáticas. Sirva como ejemplo lo que sucedió con la consulta que Esquerra convocó el pasado 13 de junio entre sus bases para validar o no el acuerdo con el PSC para entrar en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, en coalición con Jaume Collboni. La afluencia de militantes fue tal que el partido tuvo que posponerla por falta de aforo en el recinto donde debía celebrarse. A día de hoy sigue sin fecha nueva.

A todo esto, ahí está como que la cosa no fuera con él el dimitido Oriol Junqueras, que esta semana ha iniciado su campaña para ser reelegido líder de ERC, con la oposición frontal de Marta Rovira y de Pere Aragonès.

De momento, el Gobierno no deja de cortejar a Esquerra, y más que lo hará conforme avance el calendario. A los independentistas les gusta hablar de «carpetas». Está la carpeta de la «financiación singular», que no es otra cosa que una financiación mejor que la del resto de las comunidades autónomas. Está la carpeta de la quita de 15.000 de los casi 90.000 millones que Cataluña debe al Fondo de Liquidez Autonómico. Y está la carpeta, siempre latente, de un referéndum barra consulta barra como lo quieran llamar.