Los «jueces» de Sánchez: cada vez menos, en minoría frente a sus compañeros pero bien subvencionados

Derrotado y obligado. Así se percibe en el PP, y en Europa, la aceptación de un acuerdo para renovar el Poder Judicial muy alejado de las pretensiones de Sánchez, que eran hacer con él lo mismo que con el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado.

Y no ha podido, pese a intentarlo durante años con leyes y amenazas que quisieron cambiar las mayorías para elegir vocales, para adaptarlas a las fuerzas parlamentarias que le respaldan, o paralizar su funcionamiento, para que no pudiera llenar las vacantes en el Tribunal Supremo y el resto de grandes instancias judiciales.

A todo eso ha tenido que renunciar, con un acuerdo que hace inviable el control del Gobierno de los jueces e imposibilita, por ejemplo, que lo encabece un Conde Pumpido con voto de calidad o actúe como el Constitucional, donde una mayoría simple sirve para todo.

Solo queda un asunto en el aire, tras la derrota de quien, cinco minutos antes de firmar, hablaba de «lawfare» y anunciaba reformas legales para culminar su asalto a la Justicia: el sistema de renovación de los vocales del CGPJ en el futuro, pactado con el PP pero matizado cinco minutos después por Patxi López y Félix Bolaños, renuentes a dejar en manos de los juristas algo que creen les perjudica. Por una razón: si los jueces deciden sin contar con los políticos, es muy probable que no lo hagan en favor del PSOE.

Porque la carrera judicial no siente apego por el Gobierno, con una modesta excepción. Se hacen llamar «Jueces y juezas para la democracia» y son «la UGT» de la judicatura a efectos de apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez: como el sindicato, que convocaba con Rajoy manifestaciones y huelgas contra la «pobreza energética» o el precio de los alimentos que ahora se ahorran, con todo al doble o triple de precio, la asociación acompaña a Pedro Sánchez con lealtad y le da apoyo en su gran objetivo: derribar el Poder Judicial, una especie de El Álamo del Estado de derecho.

Pero se da una circunstancia llamativa: de las cuatro asociaciones relevantes que hay en España, es la única que pierde asociados y su representación real en el gremio es minoritaria, aunque domine en presencia en los medios de comunicación próximos a Sánchez y tenga una financiación muy similar a las mayoritarias, muy superiores en adscripciones.

Los «jueces de Sánchez» dieron su apoyo a los indultos de políticos condenados por el Tribunal Supremo; a la amnistía rechazada por la práctica totalidad del mundo jurídico y a la renovación por las bravas del Poder Judicial, objetivo confeso y ya abortado de un plan que el Gobierno quería culminar en julio con dos falacias.

A saber, que los jueces tenían la culpa de ese bloqueo y que, por culpa de él, están paralizados miles de casos en los juzgados, con el consiguiente daño para los ciudadanos. «Por cada año que se no se renueva, y llevamos cinco, el Tribunal Supremo acumula mil asuntos de retraso, tenemos sin cubrir el 30 % de las plazas del Supremo y 72 en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales y se ha paralizado la carrera de cientos de jueces. Se acabó. Se acabó», dijo Sánchez desafiante hace quince días para justificar su plan de maniatar a la Justicia y cambiar el sistema de designación de magistrados para las vacantes.

El 57 % de los juristas está asociado, pero de ellos solo el 14 % a la única asociación que defiende todo lo que hace Sánchez

La realidad es bien distinta: la Constitución otorga al Congreso y al Senado la potestad de proceder a renovar el Consejo General del Poder Judicial, algo que las Cámaras no han intentado siquiera formalmente en un lustro, y avalaba su continuidad perfectamente legal mientras no se culmine ese proceso. No son los jueces los culpables de la parálisis, rota esta semana con un acuerdo tutelado por Europa, y no podían hacer otra cosa más que continuar en sus cargos hasta que los releven.

Y si hay colapso judicial, el único culpable es Sánchez: fue él, en diciembre de 2020, quien aprobó junto a Podemos una reforma legal a las bravas que, en síntesis, prohibía al CGPJ cubrir las vacantes y nombrar a magistrados mientras no se «rindiera».

Lo hizo después de intentar algo aún peor: cambiar el sistema de elección de vocales al Consejo para que, en lugar de una mayoría a favor en el Congreso que obliga al PSOE a pactar con el PP, le bastara con la que mantiene a duras penas en esa «coalición Frankenstein» bautizada por Rubalcaba que es la UTE interesada de los socialistas con la izquierda más extrema y todos los partidos independentistas. Europea le frenó.

No lo hizo nadie, en cambio, en la segunda maniobra de abordaje al CGPJ: le impidió hacer nombramientos, pero modificó la norma para sí poder renovar el Tribunal Constitucional, donde ahora se acumulan vocales salidos del Gobierno, de La Moncloa o del PSOE que, comandados por el leal Cándido Conde Pumpido, respaldan todas y cada una de las necesidades del patrón.

«Soy partidaria de un Derecho constructivista. En supuestos concretos, es necesario superar a la Ley». Son palabras de María Luisa Balaguer en RNE, relacionada con el PSOE andaluz durante lustros, promocionada por ese partido al Constitucional y hoy una de las vocales del órgano que ya actúa con tercera instancia para corregir al Tribunal Supremo, una función que simplemente no tiene peor ejerce sin pudor.

Ése es el contexto en el que JJpD, a quien irónicamente el periodista Carlos Herrera bautizó como «Jueces para la Demagogia», ejerce de guardia pretoriana de Sánchez en su insólito discurso de denuncia de un «lawfare» que lo explicaría todo: desde los problemas judiciales de su esposa, su hermano y su partido hasta la oposición jurídica a sus concesiones a Puigdemont y Junqueras, todas aprobadas saltándose los informes del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, los Letrados de Justicia, los letrados del Senado o el Consejo de Estado.

Una minoría con mayoría televisiva

En realidad, los «Jueces y Juezas» en cuestión son poco relevantes en su mundo, según los datos oficiales a los que ha accedido El Debate de la memoria de la propia asociación, correspondientes a 2023, último ejercicio completo cerrado.

De hecho, de las cuatro asociaciones del ramo con derecho a acceder a subvenciones por su implantación superior al 5% en el sector, es la única que ha perdido afiliados desde que Pedro Sánchez llegara al poder, en 2018, con una moción de censura respaldada por sus actuales socios.

Aquel año, JJpD tenía 476 afiliados. Hoy se conforma con 434, 42 menos que entonces. Todas las demás han subido, empezando por la más importante, la Asociación Profesional de la Magistratura, que casi multiplica por cuatro a los «jueces de Sánchez» y no ha dejado de crecer: en 2018 ya sacaba músculo con 1.333 asociados; hoy ya dispone de 1.413. Mientras unos perdían cuarenta, otros ganaban ochenta y ampliaban su dominio, con tres veces más de apoyo en la carrera.

Y un fenómeno similar ocurre en la comparación con la Asociación Francisco de Vitoria, que pasó en este tiempo de 839 a 885 y duplica en representación a los jueces «progresistas», en leve caída además.

Incluso el Foro Judicial Independiente, más humilde pero muy guerrera en la respuesta a las injerencias del Gobierno, experimenta un crecimiento que la lleva a lograr un empate técnico con JJpD: de 329 ha saltado a 338 seguidores para quedarse a menos de cien de la asociación más mediática pero también más débil.

Quizá porque se le conocen más comunicados de apoyo a jueces como De Prada, el que metió en una sentencia de la Gürtel un juicio de valor sobre Rajoy utilizado por Sánchez como coartada para su moción de censura; que a Peinado, Llarena, García Castellón o Marchena, vilipendiados e incluso acosados por sus decisiones judiciales, molestas para el Gobierno.

La poca ascendencia de los «Jueces y Juezas» no les impide disfrutar, sin embargo, de una financiación parecida a la de sus mayores: el sistema de reparto del Poder Judicial otorga un fijo idéntico a todas, de 48.420,50 euros, a los que hay que sumarles unas variables en función de sus actividades, congresos o informes que conceden a JJpD unas subvenciones parecidas a las de entidades que les superan abrumadoramente.

La foto final indica que, de todos los jueces y magistrados de España, alrededor del 57 % pertenecen a alguna asociación. Y de ellos, el 86 % lo hacen a organizaciones que defienden con uñas y dientes la separación de poderes, pelean contra la evidente invasión de la independencia judicial y se oponen al invento del «lawfare».

La única que acompaña al Gobierno en ese viaje que puso en jaque la propia salud de la democracia solo representa al 14 % del sector. Algo que Sánchez quiso cambiar a cualquier precio. No lo ha logrado, con un Poder Judicial ya a salvo de sus planes, pero queda pendiente el último reto, al que el PSOE se resiste como gato panza arriba: dejarle a los jueces que se elijan entre ellos, algo que en La Moncloa consideran una bomba de relojería.