Investigación
La asesora de Moncloa que medió en los cobros de Begoña Gómez pudo incurrir en un delito de malversación
Este delito está penado con hasta 6 seños de cárcel. La asistente de la mujer de Pedro Sánchez intervino en la gestión de varios negocios particulares relacionados con su cátedra en la Complutense
Begoña Gómez comparece ante el juez, en directo
La asesora María Cristina Álvarez Rodríguez, que trabaja como asistente de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos por mediar en los cobros de la cátedra. Así se lo explican a El Debate dos juristas de reconocido prestigio, que sostienen que la labor de la asesora, adscrita al Palacio de La Moncloa, choca con las gestiones que llevó a cabo en relación a los negocios privados de la mujer de Sánchez.
«El delito de malversación gira en torno al desvío de fondos públicos por parte de una autoridad o funcionario público en beneficio propio o de terceros», explica uno de los juristas a este periódico. «Las gestiones que llevó a cabo esta asesora en ningún caso fueron en beneficio de Presidencia del Gobierno, que es para quien trabaja, sino para ayudar en sus negocios a la mujer del presidente, que es distinto», continúa. «Y no se nos olvide, todo ello cobrando un salario público», concluye.
Esta asesora de Moncloa utilizó un correo de la mujer de Sánchez y un teléfono móvil personal para realizar estas gestiones. Tal y como ha publicado El Confidencial, la secretaria personal de Gómez consiguió un contrato con Correos por valor de 7.000 euros y que recibió la Universidad Complutense el mismo día que comenzó el máster, el 12 de noviembre de 2020. La mujer de Sánchez también pidió a su asesora que llamara a diferentes empresas para solicitar el abono de matrículas pendientes. Igualmente ayudó a Gómez en la tramitación de adjudicaciones de contratos públicos para promocionar los títulos de posgrado en las redes sociales.
Begoña Gómez declarará este viernes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid frente a su titular, el magistrado Juan Carlos Peinado. Hace tan sólo 48 horas, Gómez solicitó al juez a través de su abogado, el letrado Antonio Camacho, que el día de la declaración apague las cámaras que graban las vistas y que sólo se quede encendido el micrófono. Con esta maniobra, la mujer de Sánchez quiere eludir que su declaración quede grabada en vídeo y que posteriormente pueda ser difundida. El juez todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto.