La justicia evita a Begoña Gómez el habitual paseíllo y entrará por el garaje del juzgado «por seguridad»

La magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco Martínez, ha acordado organizar «un dispositivo de seguridad» que acompañará a Begoña Gómez en la entrada, accesos y estancia en el edificio durante su declaración de mañana.

En este sentido lo ha reflejado la juez responsable del Decanato de los juzgados madrileños, en un acuerdo gubernativo que, como adelantaba en primicia El Debate, da respuesta a la petición formulada por la mujer del presidente del Gobierno, a través de su abogado. Gómez ha logrado evitar el 'paseíllo' al que están obligados el resto de ciudadanos particulares de nuestro país y entrará por el garaje del juzgado cuando acuda este viernes como imputada, para «garantizar su seguridad».

Así las cosas, tras recibir este miércoles el informe de la directora del Departamento de Seguridad del Presidencia del Gobierno, María Marcos Salvador, en el que se pedían medidas extraordinarias para «prevenir incidentes que pongan en riesgo» la integridad física de Gómez, el Decanato ha concluido que «una vez hecha la valoración y ponderación de los riesgos para la seguridad de Begoña Gómez» y con el fin de garantizarla, tanto para ella, como para el resto de los concurrentes, se ha dado luz verde a «organizar un dispositivo de seguridad que le acompañará en la entrada, accesos y estancia en el edificio y para ejecutarlo se propone, por ello, la entrada del garaje como vía de acceso más adecuada para garantizar tanto su seguridad como el empleo de medios humanos y materiales de seguridad proporcionados».

Y ello, pese a que el informe proporcionado por la empresa de seguridad Secoex, S.A., adscrita a dichos juzgados aseguraba, el pasado 2 de julio, cómo «en los últimos años, han pasado por este edificio de los juzgados de Plaza de Castilla, nº 1, un alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, varios políticos/as nacionales, grandes empresarios/as, banqueros/as, deportistas famosos/as, etc. …» sin que, en ningún caso y ninguna de ellas «ha tenido una sola queja referida a la seguridad».

Además, el jefe de seguridad de los juzgados avanzaba al Decanato que sus previsiones para garantizar la seguridad de Begoña Gómez, pasan por «poner 4 vigilantes para controlar el juzgado en el cual se efectúa este procedimiento, controlando así la zona correspondiente» a la Sala de Vistas del Instrucción número 41, del que es titular el juez Juan Carlos Peinado.

Un operativo en el que «antes de la llegada» de la investigada «se inspeccionará de forma minuciosa toda la zona, tanto a la entrada del edificio como dentro del edificio, en todo momento el jefe de seguridad estará pendiente de que no suceda ningún inconveniente que afecte a la seguridad del edificio» por lo que, a diferencia de lo alegado por los abogados de la mujer del presidente del Gobierno «no se ve ningún impedimento en garantizar la seguridad del edificio de Plaza de Castilla, nº 1 y de las personas que se encuentren dentro de él».

No en vano, explica el propio Decanato que «como ya se ha indicado en anteriores acuerdos gubernativos, el acceso de todos los que comparecen a las sedes judiciales debe realizarse, con carácter general, por las entradas comunes y, cuando nos encontramos ante determinadas personas que por su relevancia pública o por el interés mediático del procedimiento en el que comparecen, solicitan su acceso por un lugar diferente, debe existir una justificación que excepcione la regla general que afecta a todos los ciudadanos, como la posible existencia de un riesgo para la seguridad, la vida o integridad física de estas personas».

Esta ha sido siempre la motivación de todas las resoluciones dictadas por esta Decana ante idénticas solicitudes, «con fundamento único en el criterio objetivo del riesgo que pudiera existir para la persona que solicita este acceso diferente y tratando, por otra parte, de amparar y proteger el derecho fundamental a la libertad de información, a través de la labor que los medios de comunicación desempeñan en una sociedad democrática, esencial para que los ciudadanos recibamos una información veraz y plural».

Sin embargo, «en el presente supuesto, y tal y como resulta del informe remitido por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, sí se advierte un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez», lo que ha llevado al Decanato a considerar que mayor amparo y protección «merece el derecho a la integridad física de cualquier persona» que otros de los bienes jurídicos en juego, en esta ocasión. Y, sin que ello «signifique tampoco una privación de ese derecho a la información pues se permitirá la entrada a la sede judicial de los medios de comunicación para que puedan cumplir su labor informativa».