El pacto del CGPJ llega al Congreso en pleno repunte de las hostilidades entre el Gobierno y el PP

El Pleno del Congreso celebrará este jueves el primer debate sobre la proposición de ley pactada entre socialistas y populares para renovar el CGPJ y reforzar la independencia de la Justicia. Y lo hará en medio de un repunte de las hostilidades entre el Gobierno y el PP, que se acusan mutuamente de no respetar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo.

Los populares denuncian que el TC de Cándido Conde-Pumpido está «revisando sentencias» por orden del Gobierno, en alusión a los EREs. Los socialistas, por su parte, creen que el Supremo no está aplicando la ley de amnistía; a pesar de que el texto es «muy claro» y la voluntad del legislador, tanto o más.

Ello por no hablar de la desconfianza de Alberto Núñez Feijóo y los suyos respecto a los compromisos de Pedro Sánchez. No en vano, el propio presidente ya ha dejado claro que el Ejecutivo no se sentirá obligado a asumir a pies juntillas la propuesta de reforma del sistema de elección de los jueces que el nuevo CGPJ apruebe en el plazo de seis meses (y por mayoría de tres quintos).

La sesión de hoy será una oda al bipartidismo, con el resto de los partidos condenados a tener un papel irrelevante en la votación de la toma en consideración de esta iniciativa, que reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Entre socialistas y populares suman 257 escaños (258 si se incluye en el cómputo a José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto), una cifra más que suficiente.

Los bandazos de Sumar

El primer pacto de Estado entre Sánchez y Feijóo no contará siquiera con el respaldo de Sumar, que ha mantenido una actitud errática desde que Félix Bolaños y Esteban González Pons cerraron el reparto. Inicialmente, el partido de Yolanda Díaz aplaudió el desbloqueo del CGPJ y hasta aseguró haber participado, proponiendo los nombres del magistrado Carlos Preciado y de la fiscal Inés Herreros. Pero, con el paso de los días, Sumar fue mostrándose más crítico.

No obstante, sus 27 diputados se abstendrán, a diferencia de lo que harán los de Podemos, Junts, ERC, Bildu, el PNV y el BNG, que votarán en contra. También se opondrá Vox, muy crítico con la decisión de Feijóo de sellar un acuerdo de este calibre con el presidente del Gobierno. Tras conocerse, Santiago Abascal llegó a hablar de «traición» del líder del PP a sus votantes.

Los términos del acuerdo

La reforma eleva a 20 años la antigüedad requerida para que los miembros de la carrera judicial puedan ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo. Además, endurece las puertas giratorias, de manera que los jueces que ocupen cargos políticos no puedan reingresar en el servicio activo hasta pasados dos años. Ello afectará a Fernando Grande-Marlaska y a Margarita Robles cuando abandonen el Gobierno.

Respecto al CGPJ, instaura la mayoría de tres quintos de sus miembros para la elección de los «presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y presidentes de Audiencias Provinciales».

Por lo que respecta a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, el fiscal general del Estado no podrá haber sido ministro, como lo fue Dolores Delgado. Además, tanto Álvaro García Ortiz como el resto de los miembros del Ministerio Fiscal se abstendrán necesariamente de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecte alguno de los motivos de abstención establecidos para los jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hasta ahora, la legislatura ha estado condicionada por una formación, Junts, que obtuvo el 1,6 % de los votos en las elecciones generales de hace un año, 392.634. El bipartidismo sumó entonces el 64,75 % de las papeletas. No obstante, este acuerdo no cambiará la dinámica de la legislatura, como se han encargado de aclarar los socialistas desde la semana pasada: los socios de Sánchez seguirán siendo los que eran. Aunque ambas partes confían en cerrar nuevos tratos más pronto que tarde. Especialmente, para renovar el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Como ya contó El Debate, en el caso de RTVE el pacto se antoja casi imposible.

El camino de la proposición de ley desde su admisión a trámite y hasta su aprobación será muy rápido. Las Cortes han habilitado plenos extraordinarios (julio es un mes inhábil en el calendario ordinario de sesiones) para que pueda estar definitivamente aprobada el 31 de julio.

Una vez superada la votación de este jueves en el Congreso se abrirá un primer plazo de enmiendas. A la semana siguiente, el 11 de julio, habrá otro Pleno para debatir las posibles enmiendas de totalidad que se presenten, que tendrán que llevar un texto alternativo. Más adelante, la proposición de ley pasará a debatirse en ponencia y comisión en la semana del 15 y el 16 de julio. Y a la semana siguiente, en otro Pleno previsto para el día 23, se procederá a su aprobación y remisión al Senado, que dará el visto bueno definitivo el día 31.