Begoña Gómez pide una prórroga para declarar mientras el rector de la UCM apunta a que recibió un trato especial

De todos los escenarios posibles a los que podía haberse enfrentado la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ayer, en su declaración en sede judicial, el actual es uno de los menos favorables. Tras pedir el aplazamiento de su interrogatorio, por un defecto formal que su defensa utilizaba, una vez más, para cuestionar la actuación del juez Juan Carlos Peinado, Gómez tendrá que repetir, por segunda vez el recorrido de este viernes, acudiendo el próximo día 19 de julio a las inmediaciones de Plaza de Castilla.

La esposa de Pedro Sánchez tendrá que comparecer, de nuevo, para cumplir con el trámite de contestar, o no, a las preguntas de todas las partes pero la próxima vez que lo haga será con la certeza de que será grabada con imagen y sonido, como es habitual en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid; pero, con la sombra de haber recibido un trato especial, sobre sus espaldas.

No en vano, el primero de los testigos que sí ha conestado al interrogatorio del juez, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache ha confirmado que Gómez recibió un trato especial en lo relativo a la creación de su máster, en un plazo récord de tan sólo tres meses.

Goyache, a preguntas del instructor, revelaba cómo a finales del mes de julio de 2020 recibió una llamada de alguien que se presentó como la asistente personal de Begoña Gómez para citarle en La Moncloa porque Gómez quería hablar con él acerca de la creación de un máster. Durante más de una hora de interrogatorio, el rector de la UCM desentrañó la concesión de la cátedra extraordinaria de la que es titular la mujer del presidente del Gobierno, como codirectora del máster que se creó de forma fulgurante para ella.

Una cátedra diferente de todas las demás de las que ofrece la Universidad ya que es la única, de acuerdo con su testimonio, en la que se da un sistema de codirección en el que uno de los dos responsables, en este caso Gómez, no es personal docente y, además, no cuenta con una licenciatura en la materia.

De hecho, el propio Goyache que, en su condición de testigo estaba obligado a contestar a todas las cuestiones que se le formulasen y a decir la verdad, confirmaba al juez Peinado que se abrió una investigación interna, gestionada por la interventora de la Complutense, en la que se detectaron ciertas irregularidades en la contratación de una empresa, por parte de Gómez, para su cátedra.

Una cátedra que, si bien la mujer de Pedro Sánchez propuso financiar con cargo a las aportaciones que ella misma había cerrado con Reale Seguros y la Fundación La Caixa, el propio Goyache confirmaba al juez Peinado que, una vez suscrito el convenio con la UCM, dichos fondos pasaban a adquirir la consideración de dinero «público». Cabe recordar que sobre Gómez pesan sospechas acerca de que pudiera haberse aprovechad, precisamente, el marco de su peculiar colaboración con la Universidad Complutense, aprovechando un software desarrollado con cargo a la entidad pública, para obtener un beneficio personal.