El PP exige «a los magistrados del TC con línea directa con el Gobierno» que se inhiban en los ERE

El PP ha exigido a «los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) con línea directa con el Gobierno del PSOE, como es el caso del exministro Juan Carlos Campo o de la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez, así como a Conde-Pumpido» que «se inhiban» en la causa de los ERE que se encuentra revisando el órgano de garantías.

Fuentes de los 'populares' han señalado que «todo apunta a que el Tribunal Constitucional va a rematar la amnistía encubierta a los máximos cabecillas del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española tras hacerlo en los últimos días con buena parte de los dirigentes socialistas condenados por el Supremo». «Al goteo de revisiones de penas por corrupción de altos cargos del PSOE andaluz se uniría la próxima exculpación a los expresidentes socialistas andaluces Chaves y Griñán por los delitos de malversación y prevaricación sentenciados por el Supremo», han añadido.

Respecto al organismo presidido por el exfiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo han asegurado que «el Tribunal Constitucional, teóricamente solo de garantías, volvería a actuar como uno de casación bajo la presidencia de Conde-Pumpido al estar dispuesto a dar la puntilla desmontando la sentencia del Supremo con respecto al caso de los ERE».

De esta manera, han explicado que «no es admisible que haya magistrados dictando sentencias a favor de sus compañeros corruptos de partido: esto es la antítesis de la regeneración de la que habla, pero que no practica Pedro Sánchez».

«Mientras un Tribunal Constitucional copado de cargos socialistas se dedica a borrar las sentencias de los ERE, Sánchez se afana en tapar el escándalo de la trama socialista que anida en su Ejecutivo y en su partido, además del que afecta a su mujer por estar imputada por tráfico de influencias y corrupción. Lejos de quedarse ahí, su presidencia se sustenta sobre una Ley de Amnistía para eliminar los delitos de malversación de los líderes independentistas que pusieron en jaque al Estado de derecho», han agregado.

De esta manera, las fuentes del PP han dictaminado que «lo que no podrán tapar jamás ni el Tribunal Constitucional ni Pedro Sánchez es que este caso de corrupción, el mayor de toda la historia de la democracia, supuso el robó de 680 millones de euros a los parados andaluces para dárselo a los amigos del PSOE y gastárselo en fiestas, drogas y prostitución».