García Ortiz nombrará nueve plazas en el próximo Consejo Fiscal mientras se estrecha el cerco de su imputación

el próximo Consejo Fiscal, convocado para este jueves día 11, a las 09.30 horas, en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) –la madrileña calle de Fortuny– podría ser el último Pleno ordinario presidido por Álvaro García Ortiz antes de ser imputado por un presunto delito de revelación de secretos, en el Supremo.

El titular del Ministerio Público señalado por los fiscales de Madrid, en la causa abierta por la filtración de los datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso, es consciente de que el cerco judicial se estrecha sobre él y de ahí que apure sus decisiones en materia de nombramientos, para algunas de las plazas vacantes que están pendientes de cubrirse. En concreto, en esta ocasión, un total de nueve.

García Ortiz designará: a dos nuevos titulares del Supremo (TS), puesto para el que concurren más de medio centenar de candidatos; uno de la Audiencia Nacional (AN); los de las fiscalías superiores de Asturias y Valencia; el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) –donde, precisamente, se está instruyendo la causa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta, contra la Fiscalía–; la jefatura de la Audiencia Provincial (AP) de Granada; y, además, tres jefaturas de área en Alzira, Arenys de Mar y Ferrol.

En paralelo, el fiscal general del Estado avanza con los trámites necesarios para cumplir con la anulación del Supremo al segundo nombramiento de su predecesora Dolores Delgado, como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Y es que, como revelaba hace unos días El Debate, en exclusiva, el pasado 13 de junio la Inspectora de la Fiscalía General del Estado, María Antonio Sainz Gaite, remitía una inédita petición, en forma de requerimiento «improrrogable», a las asociaciones profesionales a las que pertenecen los vocales electivos del Consejo Fiscal.

Sobre la mesa, el «inesperado» movimiento de la número tres del escalafón para que los consejeros la informasen, en un perentorio y discrecional plazo máximo de cinco días, sobre la posible causa de prohibición que impediría a Delgado volver a presentarse como candidata para la plaza que todavía ocupa, por un presunto conflicto de intereses con la actividad profesional de su pareja, el ex juez Baltasar Garzón y aunque su nombramiento fuese anulado por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, el pasado día 7 de mayo.

En las horas más bajas del titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, mantiene su política de nombramientos mientras la Inspección de la Fiscalía acelera los trámites necesarios para salvar el de Dolores Delgado. Todo ello, sin ser ajenos a la posible imputación del máximo responsable de la Carrera si , finalmente, el instructor de la querella sobre la filtración de los datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso, el magistrado Franciso José Goyena, decide elevar los indicios que, cada vez más, estrechan el cerco sobre él.