Tribunales
Los 100 contratos identificados por la Guardia Civil que comprometen el futuro judicial de Barrabés
El empresario y gurú del máster de la Complutense que dirige Begoña Gómez declara hoy ante al juez Peinado como testigo clave en la investigación penal sobre mujer del presidente del Gobierno
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto doble delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares, se dispone a tomar declaración, este mismo lunes, a partir de las 10.00 horas, al empresario Juan Carlos Barrabés, principal testigo del caso que declarará por videoconferencia desde su casa, debido a su estado de salud.
Hoy también está citado como testigo Luis Antonio Martín Bernardos, quien fuera presidente del grupo Barrabés y administrador de la empresa Innova Next hasta 2022.
Sobre la mesa del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el informe de la división de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que fueron identificados todos los «expedientes públicos en los que se habrían obtenido adjudicaciones por parte de sociedades o UTE's» en las que Barrabés tiene participación «bien sea en calidad de administrador, apoderado, consejero o accionista o a través de las sociedades a las que se encuentra vinculado o al menos tenía en el momento de la adjudicación».
Un centenar, en total, que ascendieron a un valor total de casi 25 millones de euros repartidos entre las 6 mercantiles, propiedad del empresario –Barrabés Ski Montaña SLU (65), Barrabés Internet SLU (2), Ixorigue Technologies SL (1), Talking Press SL (1), Track Globe SL (1)– que, bien de manera directa o, porcentualmente, como partícipes en condición de Unión Temporal de Empresas (UTE), recibieron contratos públicos. Entre ellas, la empresa Innova Next SLU, que se benefició de hasta 28 licitaciones por parte de Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid.
Los expertos de la unidad de Delincuencia Económica desglosaron el total de los datos disponibles a través de los portales de transparencia y las plataformas públicas de las diferentes Administraciones en la fecha en la que recibieron el encargo por parte del juez Peinado, pero concluyeron que no era «posible descartar la existencia de otras adjudicaciones, en cualquier periodo temporal, que no hayan sido localizadas por no obrar» en dichos registros o que, «pese a recogerse en los mismos», no hubieran podido ser identificadas.
Gracias a las «cartas de recomendación»
En la denuncia que dio origen a la investigación, el sindicato Manos Limpias aseguraba que uno de los empresarios «beneficiados» por las cartas de «recomendación o avales» de Begoña Gómez era, precisamente, Barrabés, que de esos 25 millones se habría embolsado un importe cercano a los 10 millones de euros.
Cabe recordar que, además, «este empresario montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostenía Manos Limpias, para añadir que la cátedra de Begoña Gómez fichó como profesor asociado al empresario, que desempeñó funciones de codirector.
Por su parte, el juez Peinado señaló que estaba investigando «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial» presentada por el polémico sindicato, por tráfico de influencias, en relación con sus presuntos vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.
Aunque en un principio el juez ordenó que la declaración del testigo clave –que pivota sobre los contratos que recibió desde diferentes organismos públicos, según las acusaciones, supuestamente favorecido por su relación de proximidad con Begoña Gómez–, se realizara de manera telemática desde el hospital en el que estaba ingresado, el alta notificada desde el centro sanitario al magistrado Peinado ha sugerido que se mantenga en el mismo formato, pero desde su vivienda particular.
Esto significa que la declaración ya no será una prueba preconstituida y grabada, como se planificó en un comienzo, de cara a todo el proceso, incluido un futuro juicio. Un nuevo escenario que ya no obliga a la propia Gómez a acudir en persona al juzgado apercibida, incluso, de detención, durante la testifical. Sea como sea, «nada impide», desde un punto de vista jurídico y procesal, que Barrabés entre en condición de testigo y «pueda salir imputado» tras contestar a las preguntas del juez y las partes, apuntan algunas de las fuentes consultadas por El Debate.