García Ortiz maniobra para apartar a tres miembros del Consejo Fiscal críticos con la continuidad de Delgado

En pleno escándalo institucional tras la imputación de un fiscal general del Estado por primera vez en la historia de nuestra democracia –por un presunto delito de revelación de secretos–, Álvaro García Ortiz insiste en su cuestionada utilización del cargo para favorecer la continuidad de su predecesora, Dolores Delgado, como titular de la plaza de Memoria Democrática que el Supremo anuló el pasado mes de mayo.

No en vano, según ha podido saber El Debate en exclusiva, la propia Delgado ha instado recusaciones contra tres de los vocales que integran el Consejo Fiscal (CF) –dos de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–a las que se suman un expediente disciplinario «a medida» abierto desde la Fiscalía General del Estado (FGE) contra una de las consejeras de la AF; y, las diligencias preliminares informativas instadas sobre el presidente de la APIF, Miguel Pallarés, en un intento por neutralizar a parte de los miembros críticos con la todavía titular de Memoria Democrática, para que no puedan votar en contra de la continuidad de ésta en el puesto.

Cabe recordar que el máximo órgano de la Carrera está compuesto por un total de doce fiscales. Tres natos, que se incorporan al mismo por razón de sus cargos en la Institución –el fiscal general, su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde y la inspectora jefe que fue elegida por la propia Delgado, Antonia Sanz Gaite, de la que cuelgan las investigaciones internas– y nueve elegidos, de manera democrática, por y de entre los fiscales que conforman la Institución.

Hoy por hoy, de esos nueve integrantes tan sólo dos pertenecen a la asociación más afín a García Ortiz, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), mientras que el resto se distribuyen entre los seis que corresponden a la AF y uno más de la APIF. Esto es, siete vocales frente a cinco, en un CF que en el caso Delgado actuará a modo ejecutivo, por tanto vinculante, y no meramente consultivo. García Ortiz lo sabe y, de ahí, que esté «intentando» alterar el sentido de la mayoría, a través de todo tipo de mecanismos para «influir y condicionar» a quienes han de pronunciarse, incluso, «a través de promesas de futuros ascensos y promociones profesionales», denuncian fuentes de toda solvencia institucional.

Y es que, como ya adelantó El Debate, García Ortiz ha convocado un Pleno extraordinario del Consejo Fiscal, el próximo día 23, en el que busca salvar la designación de Delgado, antes de que venza el plazo legal de dos meses que el Gobierno tiene para cumplir con el fallo dictado por la Sala Tercera del Alto Tribunal.

Para ello, no sólo está aplicando una «interpretación favorable» al Consejo de Ministros del artículo 103 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administativa, en un asunto que debería haber sido de «ejecución inmediata y sigue todavía pendiente de materializarse», denuncian a este diario fuentes de la Carrera,

Además, el fiscal general ha ido «retrasando» la puesta en práctica de una sentencia que, en este caso, «es autoejecutiva y no meramente declarativa». Por ejemplo, con la inédita petición formulada a las dos asociaciones profesionales que recurrieron la elección de la fiscal Delgado para el puesto sin dejar que, antes, los consejeros votasen sobre la existencia de una posible causa de prohibición de la candidata, por el «conflicto de competencias» que la salpicaría como consecuencia de la profesión de su marido, el exjuez Baltasar Garzón, abogado experto en asuntos vinculados con los Derechos Humanos a través de su Fundación Fibgar y de su despacho Ilocad.

El Supremo dio orden de retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal dictaminase la posible «incompatibilidad» de Delgado para el cargo de acuerdo con lo previsto en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Dicha parte del Estatuto establece que «los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ejercer sus cargos en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal».

Lo que significa que Delgado ya ha perdido la máxima categoría de la Carrera Fiscal y que el Consejo Fiscal tendrá que volver a valorar si debe ser restituida en la misma o, por el contrario, regresar de nuevo a la plaza de la que es titular en la Audiencia Nacional.

Un escenario, este último, que su sucesor al frente de la Fiscalía General trata de evitar con todo tipo de «presiones», por una parte, e «incentivos», por otra, en un momento en el que presidirá el Pleno vinculante del próximo martes imputado por, presuntamente, incumplir la legalidad que está obligado a defender.