La Moncloa, centro de negocios familiar y gestoría de los partidos independentistas

El presidente del Gobierno, sin otra cita en su agenda, no acudió el martes al Congreso de los Diputados quizá a sabiendas de que sus socios no le apoyarían en la reforma de la Ley de Extranjería ni en el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. No emitió su voto en ninguna de las nueve votaciones.

A Pedro Sánchez tampoco le gusta convocar la Conferencia de Presidentes. Con una mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ha optado por incumplir con su obligación legal de convocarla. De hecho, lleva desde marzo de 2022 sin hacerlo. Por este motivo, en la Comunidad de Madrid, junto con otros gobiernos autonómicos del PP, hemos decidido interponer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra la inactividad del presidente del Gobierno, ante su reiterado y flagrante desprecio a este órgano de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Pedro Sánchez tampoco es asiduo al Senado, cámara de representación territorial de España. Esta legislatura acumula 16 ausencias a sesiones plenarias de control al Gobierno. Sólo dos comparecencias en casi un año. La minoría del PSOE y sus socios de extrema izquierda, secesionistas y filoetarras no le asegura el aplauso mayoritario.

Tampoco le ha sentado bien que un juez le llamara a declarar como testigo, a pesar de que puede hacerlo desde su vivienda oficial, prebenda de la que no gozan el común de los mortales. Sánchez ha pedido a Juan Carlos Peinado, juez que investiga a su mujer por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, declarar por escrito. Argumenta que su comparecencia resulta «inescindible de su condición de presidente del Gobierno». Otra muestra más de su realidad paralela en la que él es el Estado, él es la verdad y él está por encima de todo.

Pero en su afán por evitar el bochorno que le supondría tener que atender las preguntas del juez Peinado en persona, algunas voces ya alertan de que exigir una declaración por escrito por ser presidente del Gobierno supondría admitir de facto que conocía de la actividad de Begoña Gómez en La Moncloa por su condición de presidente y no por ser esposo y testigo de las reuniones, lo que podría significar un reconocimiento implícito de un posible tráfico de influencias.

Por todo ello, no es de extrañar que con los numerosos frentes que acechan a su entorno más cercano, a pesar de contar con el fiscal general del Estado como abogado de la familia, Pedro Sánchez haya optado por esconderse en los sótanos de La Moncloa y salir sólo para recibir los halagos y aplausos de los suyos o para mendigar los votos que necesita de los partidos independentistas para permanecer en el poder. Lo hemos visto en los últimos días con sendas visitas a los presidentes de Cataluña y País Vasco, mientras niega lo propio al resto de presidentes autonómicos.

Y para completar la foto del disparate que supone un presidente y un Gobierno que no defiende el Estado de derecho y que está dispuesto «a todo» para mantenerse en el poder, sus fieles lacayos de rosa o cartera lanzan acusaciones contra jueces, periodistas y todo aquel que ose discutir sus medidas, políticas o palabras.

Asediado por mil frentes, Pedro Sánchez evita escuchar el sentir generalizado de la España que madruga y que está harta de sus cesiones a aquellos que reniegan de este país y de un presidente que ha decidido convertir el Palacio de la Moncloa en un centro de negocios familiar y en una suerte de casa de subastas y de gestoría de los partidos independentistas. En su narcisismo de manual, Sánchez, que soñaba con ser Pedro, Grande de España, quedará para la historia como Pedro Sánchez, El Traidor a su propio país.

Miguel Ángel García Martín

Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno