El juez Peinado investiga las facturas firmadas por Begoña Gómez y cargadas a la UCM reveladas por El Debate

El juez Juan Carlos Peinado ya tiene en su poder, por indicación expresa de la Universidad Complutense, varias facturas firmadas o impulsadas por Begoña Gómez e imputadas a la institución académica, tal y como reveló El Debate el pasado 7 de junio.

Los pagos cargados por Gómez superan los 100.000 euros, por un total de tres facturas, dos de las cuales tienen además su firma electrónica, lo que significa que los aprobó y rubricó personalmente pese a no ser, técnicamente, personal académico de la Universidad Complutense, pese a lo cual dispuso de esos fondos públicos para abonar cantidades importantes.

En concreto, la directora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, creada para ella tras una reunión en La Moncloa con el rector y pese a no acreditar méritos ni disponer de licenciatura oficial alguna tal y como reveló este diario, imputó a la Complutense un total de 42.348,79 euros, abonados en dos facturas distintas, según consta en los originales de ambas, en propiedad de este periódico.

La primera de ellas, correspondiente al contrato para el «servicio de consultoría y asesoramiento para la puesta en marcha de una plataforma de gestión y medición de impacto para pymes», por el que se facturó 18.148,79€, fue a parar a Deloitte Consulting, mientras que la correspondiente al desarrollo de la plataforma de impacto social, por el que se facturó 24.200 euros, fue encargado a Making Science Group S.A.

La Complutense ha remitido al juez las mismas dudas sobre todos los procedimientos seguidos por Gómez que ya constan en un documento interno de la institución, al que accedió este periódico, en el que revelaba la forma de actuar personalísima de la codirectora de la cátedra, a la que deja abandonada al revelar, literalmente, que no dispone de «documentación realizada y entregada por Doña María Begoña Gómez Fernández por su participación en dichas actividades».

Esas dos facturas, señaladas por la UCM en un informe remitido al juez instructor del caso con el que se distancian de su hasta ahora «protegida», son especialmente llamativas porque, a diferencia de otras, son las únicas de momento en las que aparece la rúbrica personal de la investigada, aprobando los pagos, uno con vencimiento el 12 de abril de 2023 en favor de Making Science, y la otra a 28 de julio del año pasado con Deloitte como receptor.

Gómez cargó gastos a la UCM decididos por ella que ahora son señalados por la Complutense ante el juez Peinado

No son los únicos costes decididos en persona, o cuando menos orientados, por la esposa del líder socialista, que también fue decisiva en el destino de presupuestos públicos logrados por aportaciones de la Universidad Complutense o de multinacionales que decidieron, sorprendentemente, financiar una cátedra menor de no ser por la participación en ella de Gómez.

Así, el Portal de Contratación del Estado contiene una licitación pública realizada por el propio Rectorado de la UCM para el «servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa», en la que la propia Gómez firma los pliegos técnicos de la contratación, desgranando cada una de las tareas que tendría que llevar a cabo la empresa adjudicataria.

No son los únicos gastos

En este caso, el contrato, adjudicado por 60.500 euros, fue a parar a Deloitte, formalizado en noviembre de 2023 y con un periodo de ejecución de 3 meses, y según los pliegos diseñados por la esposa del presidente serviría para crear una plataforma con la que «medir la contribución de las pymes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para determinar cómo las empresas españolas están transitando de un modelo sostenible que contribuya de forma positiva en las personas y en el planeta».

De esta forma, si se suman todas las partidas el coste de la plataforma desarrollada en el seno de la Cátedra ascendería, al menos, a 252.848,79 euros, al sumar a todas las cantidades perfectamente documentadas los 150.000 que, según informaciones nunca desmentidas, aportaron compañías como Indra, Google o Telefónica.

La colaboración de esas multinacionales ha abierto otra línea de investigación, impulsada por Vox, consistente en interrogar al presidente del Gobierno sobre sus posibles gestiones directas con los presidentes o CEO de grandes compañías para que colaboraran con la cátedra de su mujer, creada a dedo y casi al unísono de que ella creara una empresa privada con el mismo nombre y similar actividad comercial.

De momento, Sánchez tendrá que enfrentarse cara a cara al juez Peinado, toda vez que decidió imponer que su cita como testigo del caso se hiciera en formato presencial, en las instalaciones de La Moncloa, este martes, 30 de julio, en contra de los deseos expresados por el secretario general del PSOE, cuya defensa pidió sin éxito que su testimonio fuera por escrito.