Abascal reaviva su propuesta de ilegalizar a los partidos separatistas tras la nueva cesión de Sánchez

«Hemos llegado a un punto inaceptable. Hay partidos que deberían ser ilegales. ERC y Junts han perpetrado un golpe de Estado, son partidos que no deberían ser legales», afirmó Santiago Abascal este fin de semana en declaraciones a los medios tras ser preguntado sobre lo que creía que iba a pasar finalmente con la investidura de Salvador Illa, en manos de los diputados de ERC después del acuerdo oficializado la semana pasada, e incidió en que hay «un problema de raíz».

Reavivaba así una propuesta que Vox ha planteado varias veces mediante iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado, aunque no han salido adelante. La «ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía» es, de hecho, el punto 2 del documento con las 100 medidas para la España Viva lanzado en 2018, antes de entrar en las instituciones. Desde entonces este planteamiento ha estado en sus programas electorales.

El partido ha registrado tanto proposiciones no de ley como propuestas de leyes orgánicas y mociones en las que se pedía la ilegalización de los partidos separatistas. Una de las más recientes es la que llevó al Pleno del Congreso el pasado febrero, una proposición de ley orgánica para garantizar la unidad de España. En ella planteaba que estos partidos fueran declarados ilegales, así como que se prohibieran expresamente los referéndums con fines contrarios a la unidad nacional, que se recuperara el delito de sedición o que se castigaran los ultrajes a los símbolos de España.

En el texto, la formación de Santiago Abascal afirmaba que «la actividad de los partidos políticos separatistas constituye una amenaza de primera magnitud para la unidad nacional». «Siendo la indisoluble unidad de España uno de los pilares de la Constitución, es lógico considerar que los partidos que aspiran a romper la unidad de la Nación española están atacando la base de la comunidad política y el fundamento del sistema constitucional. La conclusión es clara: los partidos separatistas transgreden el límite del respeto a la Constitución», señalaba.

Denunciaba además que su influencia «absolutamente desproporcionada» en la política española ha provocado graves consecuencias, como que se haya «desvirtuado completamente el sentido de las instituciones parlamentarias» al haber dado un poder de decisión a unas formaciones minoritarias con «nulo compromiso con el interés nacional», o que haya terminado siendo decisiva -subrayaba Vox- para aprobar leyes y aplicar unas serie de políticas con un objetivo, a su juicio, muy claro: «la disolución progresiva de los elementos de cohesión que mantienen unida a la propia comunidad política».

Para ello, lo que proponía Vox era reformar la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. En concreto, como detallaba en el texto registrado en la Cámara Baja, el artículo 6, que es el relativo a los principios básicos a los que deben atenerse los partidos, que incorporaría con esta modificación «la unidad y la soberanía nacionales como base de la propia comunidad política». Y los artículos 9 y 10, para que se marcaran también como límites a la actividad de los partidos «el respeto a la unidad y la soberanía de España, y el no atentar contra su integridad territorial», de forma que aquellos que los quebrantasen se considerarían ilegales.

Pero además, entre sus iniciativas, la pasada legislatura Vox presentó dos encaminadas a convocar un referéndum consultivo para preguntar a los españoles, en virtud del artículo 92 de la Constitución, que prevé hacer una consulta a los ciudadanos sobre las decisiones políticas «de especial trascendencia», si quieren que se ilegalice a los partidos separatistas.