Puigdemont podría pasar hasta ocho años en la cárcel a su regreso a España si el Gobierno no le indulta

Hasta el año 2032 podría permanecer el prófugo Carles Puigdemont si, tal y como ha asegurado, decide regresar a España para asistir a la investidura del candidato socialista Salvador Illa como presidente del Gobierno catalán. Se trataría de una estrategia para reventar el acuerdo PSC-ERC que podría salirle muy cara.

El pasado 1 de julio, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, pidió mantener la orden de detención contra el expresidente catalán al considerar que el delito de malversación del que se le acusa no entra dentro de los hechos acogidos a la ley de amnistía que pactaron PSOE e independentistas catalanes. Una de las excepciones que impide amnistiar la malversación es que el desvío de dinero público «afecte a los intereses financieros de la Unión Europea».

Así pues, si finalmente fuera procesado Carles Puigdemont de un delito de malversación de fondos públicos, dice el artículo 432 del Código Penal que se enfrenta a una pena de prisión de 2 a 6 años de cárcel. Pero esta pena puede verse incrementada hasta entre 4 y 8 años si, tal y como apunta todo, la cantidad malversada es superior a los 50.000 euros.

Indultos a corruptos

Claro que también cabe la posibilidad de que, a pesar de ser detenido y condenado, Carles Puigdemont fuera indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez como ya ha hecho en el caso de los EREs de Andalucía.

De hecho, desde 1996, los diferentes gobiernos habían indultado a un total de 231 condenados por delitos de corrupción, que es donde se enmarca este delito de malversación, hasta antes de los indultos de los EREs de Andalucía. Y aunque se han mantenido a lo largo del tiempo la petición de que se prohibiera dichos indultos, ningún Ejecutivo ha llevado a cabo dicha medida.

En cualquier caso, la posible condena a la que se enfrenta el prófugo de la Justicia habría sido muchísimo mayor si el PSOE no hubiera modificado el Código Penal al gusto de los independentistas.

Sin sedición

El 22 de diciembre de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó la eliminación del delito de sedición, que hasta entonces estaba penado con condenas de entre 10 a 15 años de prisión. El mismo juez Llarena retiró dicho delito de las acusaciones de Puigdemont el 12 de enero de 2023.

Lo cambió por un delito de desórdenes públicos agravados con penas de entre 3 y 5 años de cárcel. Pero este nuevo delito quedó suprimido con la aprobación de la Ley de Amnistía, así que tan solo quedó el de malversación.

De igual modo, el delito de rebelión, del que también se encontraba acusado inicialmente Puigdemont y que suponía penas de entre 15 y 25 años para los cabecillas, fue rechazado durante el juicio a los líderes del procés que no huyeron y que se celebró en los primeros meses de 2019.