Llarena pone la vista en la euroorden tras la segunda fuga de Puigdemont

El nuevo escenario jurídico que se ha abierto con el regreso de Carles Puigdemont a España durante unas horas, y tras el ridículo de los Mossos con un dispositivo con el que no fueron capaces de darle captura tras reaparecer en público, para dinamitar la investidura del socialista Salvador Illa, con el apoyo de ERC, llevará al juez competente para sentarle en el banquillo, el magistrado Pablo Llarena, a pasar de pantalla.

No sólo en lo relativo a su situación en territorio patrio, donde ya he dejado claro que se mantiene vigente la orden de búsqueda y captura que obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a detenerle y ponerle a su disposición de inmediato –en un contexto en el que la ley de amnistía ha sido rechazada para los delitos de malversación agravada, por la Sala Segunda del Supremo– sino, además, como prófugo de la Justicia española.

Es, precisamente, en esta segunda dimensión, donde el paciente magistrado habría puesto ya la vista a medio plazo. A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva, después del verano, el último recurso planteado por el abogado del expresidente catalán y líder de Junts. Sin la inmunidad parlamentaria de la que disfrutaba hasta los pasados comicios autonómicos catalanes del 12 de mayo, y con una petición expresa de la Fiscalía del Supremo para que se reactive la Euroorden contra él, el refugio belga tampoco es un salvavidas garantizado.

Cabe recordar que el TJUE ya se pronunció, en una cuestión prejudicial planteada por el propio magistrado del Supremo español, sobre el alcance de las euroórdenes dictadas contra los líderes separatistas fugados, dando la razón al juez sobre el alcance y la vigencia de las Órdenes Europeas de Detención contra todos los fugados. Así las cosas, sería suficiente con mantener las ya «vigentes», que lo están desde el 14 de octubre de 2019 a petición de la Fiscalía, para resolver el entuerto jurídico contra Puigdemont.

Si se dictara euroorden en este momento, la petición de la inmunidad por Puigdemont habría quedado desvirtuada, dado que el propio separatista es consciente de que ya ha perdido, de facto y a todos los efectos, el privilegio, y cuando la ley de amnistía, como telón de fondo, admite además una amplia discusión jurídica. Ni diputado, ni europarlamentario, el líder de Junts ha perdido cualquier posibilidad de aspirar a presidir el nuevo Govern catalán y, con ello, el único salvavidas para regresar a España (ya que en Europa se le ha agotado el plazo) sin pisar de inmediato un calabozo.

Ya en el auto de procesamiento con el que Llarena puso fin a la investigación del «proceso para la independencia» de Cataluña, se recogió cómo «pese a las resoluciones del Tribunal Constitucional, una vez tuvo lugar el referéndum del 1 de octubre» el entonces presidente de la Generalitat «Carles Puigdemont y Casamajó compareció ante el pleno del Parlamento y, tras dar cuenta» del resultado de la votación ilegal, «manifestó acatar el mandato del pueblo de Cataluña para convertirla en un estado independiente en forma de república». Que no se cambie el relato.