El caos del Gobierno con la inmigración: dispara las llegadas y esconde el coste y cómo elige destinos

La inmigración se ha llevado por delante la alianza entre PP y Vox en seis comunidades autónomas, con una sonora ruptura que desvía la atención sobre el fondo del asunto: el fenómeno se ha disparado, las mafias hacen su agosto con los traslados desde África, las cifras de muertos en el mar se han disparado y en la sociedad española se ha instalado, por primera vez en muchos años, la sensación de que el alud migratorio puede ser un problema de gran envergadura.

Y ante todo eso, el Gobierno no da las suficientes explicaciones y oculta su plan, quizá porque no lo tiene. Al menos eso se deduce de la documentación obtenida por El Debate, probatoria de su falta de transparencia en cuestiones clave: es incapaz de decir el coste exacto de los dispositivos de traslado y acogida de inmigrantes; cómo selecciona los destinos para instalar auténticos campos de refugiados en pleno corazón de distintas ciudades y de qué manera se ha coordinado con las comunidades autónomas, sumidas de nueva en aquella «cogobernanza» estrenada durante la pandemia, consistente en asumir la gestión sin tener clara su magnitud, los recursos y el futuro.

La crisis de los «menores no acompañados», menas en el argot, ha dinamitado los puentes entre Feijóo y Abascal, pero también se ha utilizado por Pedro Sánchez para tapar su flagrante ineficacia en la materia y, aún más, promover una fallida modificación de la Ley de Extranjería para convertir en norma la improvisación del Gobierno y que las regiones asuman las cuotas que les impongan sin hacer preguntas y tener detalles de nada.

Es la marca habitual del Gobierno del PSOE y Sumar, capaz de presumir de humanidad hace seis años con la acogida del Aquarius, un buque rechazado por otros países, pero también de mirar para otro lado con la muerte de al menos 23 inmigrantes en la valla de Melilla, de la que ahora se cumplen dos años.

El Gobierno no es capaz de aclarar cuánto gasta y cómo elige dónde llevar a los inmigrantes

Lo único cierto es que, con esos mimbres, la llegada masiva de inmigrantes a las costas canarias se ha disparado. 2023 supuso el inicio de una crisis migratoria que sigue hoy en día, con el Gobierno y las comunidades autónomas negociando cómo reubicar en la península a los miles de menores que siguen llegando y que colapsan los recursos de las islas.

Los datos así lo atestiguan: el año pasado llegaron al archipiélago 40.000 personas en situación irregular, el 66 % del total en toda España; desde enero a mayo de 2024 lo han hecho 18.000 migrantes, un 303 % más respecto al mismo período del año anterior; y las previsiones estiman que hasta final de año llegarán a las islas unos 70.000 inmigrantes.

Una situación que lleva al límite las capacidades de atención en el archipiélago, por lo que el Gobierno ha ido trasladando a estas personas a diferentes puntos de la península. Unos traslados y alojamientos que tienen un coste que el Ejecutivo no es capaz de precisar pese a haberlo solicitado ya el pasado mes de noviembre.

De hecho, ha tenido que llegar la resolución 2024-0617, dictada el 7 de junio por el Consejo de Transparencia, un requerimiento de este para su cumplimiento por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al que finalmente y a regañadientes la ministra Elma Saiz se sometió para que El Debate, tras meses de silencio, haya accedido a algunos detalles acerca de la gestión de la avalancha migratoria que sufre Canarias y que ha sobrepasado las posibilidades de alojamiento existentes en las islas, colapsando los centros de acogida de inmigrantes y obligando al Gobierno a realizar traslados masivos a la península desde septiembre de 2023.

Eso sí, con datos insuficientes, puesto que ni siquiera es capaz de precisar el coste de los mismos, ni cómo ha gestionado el asunto con las comunidades. En concreto, el Ministerio dirigido por Elma Saiz debería haber remitido las «comunicaciones efectuadas a los responsables de las distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que han recibido los inmigrantes, informándoles de la necesidad de alojamiento y del operativo diseñado por el Gobierno», si es que de verdad existió o existe un plan.

En la resolución dictada en ejecución del mandato del Consejo de Transparencia por la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco, este 30 de julio, el Gobierno reconoce que lo hace de forma casi unilateral, pese a que asegura que «es fluida la coordinación y comunicación interdepartamental e interadministrativa».

En concreto, señala que «es un programa de ámbito estatal» y que se da cuenta de ello a las comunidades «en el marco de los órganos de cooperación administrativa existentes –como son, por ejemplo, la Conferencia Sectorial de Inmigración– así como a través de las figuras existentes como son los Delegados del Gobierno».

Además, también estaba obligado a explicar las «medidas de planificación adoptadas por el Ministerio para las eventuales nuevas llegadas que se produzcan en los próximos meses», tal y como no deja de ocurrir, pero, de nuevo, evidencia su improvisación, ya que según señala, se limitan a «realizar un seguimiento diario de las llegadas y la ocupación de las plazas del programa de atención humanitaria» para evaluar «el estado de sus capacidades y se valoran aquellas medidas necesarias para garantizar la mayor eficacia y eficiencia de los recursos públicos destinados a tal efecto».

Así, se constata que no tiene un plan definido, sino que se va actuando sobre la marcha, algo que achaca a que la emergencia migratoria cuenta con «un alto grado de variabilidad que exige atender a las necesidades extraordinarias que en cada momento se produzcan para adecuar las capacidades de los poderes públicos implicados».

Otra de las cuestiones que tendría que haber aclarado es a qué localidades han sido trasladados, además de aportar una «copia de los informes justificativos de dicha asignación y de aquellos otros informes o estudios justificativos de los criterios adoptados para la elección de los lugares de alojamiento».

Sin embargo, no lo ha hecho, poniendo como excusa de que son «localidades de traslado todas aquellas en las que las entidades disponen de plazas de acogida, sin perjuicio de que tras el traslado inicial de una persona desde Canarias a un primer recurso de acogida en la península se realice un posterior traslado/derivación de esa persona a otro segundo recurso de acogida más adecuado a sus circunstancias y necesidades».

¿Y el coste?

Mención aparte merece todo lo relacionado con el coste de los traslados y de la atención a los migrantes, que también debería hacerse público. En concreto, el Ministerio de Inclusión tendría que haber explicado qué medios de transporte ha empleado para ello, así como el importe total gastado en estos viajes, además de explicar a cuánto asciende el «coste diario de manutención de los inmigrantes».

Pero más allá de añadir que «las personas migrantes han sido trasladadas a la península en vuelos regulares» no ha aportado ningún dato, asegurando que como «la declaración de emergencia sigue vigente», «no resulta posible, a fecha actual, ofrecer el desglose del coste de ambos servicios».

La razón no es otra que el hecho de que hay que esperar a que las ONG y las demás entidades que se encargan de la atención a estos inmigrantes presenten la documentación justificativa «por los servicios y actuaciones efectivamente prestados y realizados».

Y es que el Gobierno ha mantenido en secreto todos estos datos desde que El Debate se interesó por ellos el pasado mes de noviembre. De hecho, obvió las solicitudes de este periódico y también los requerimientos efectuados por el Consejo de Transparencia, hasta que por fin ha remitido un documento que le sirve para salir del paso, pero que no da respuesta a lo importante.

De hecho, el propio CTBG ha tenido que reiterar al Ministerio de Inclusión «la necesidad de dar cumplimiento a lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución R CTBG 0617/2024 de 07 de junio de 2024 de esta Autoridad Administrativa Independiente», ante su falta de respuesta.

Es más, el organismo independiente ya reprendió al Ministerio por su actitud durante el procedimiento, recordando en su resolución que «la falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional», por lo que al tratarse de «información pública» el Gobierno está obligado a dar explicaciones ante los ciudadanos.

Esta orden del CTBG llegaba, además, cuando el Gobierno y las comunidades autónomas han intentado llegar a un acuerdo para el traslado de los miles de menores inmigrantes que llegan a las islas, lo que ha supuesto un cisma total entre PP y Vox, con la salida de los de Abascal de varios gobiernos. Canarias acoge actualmente unos 6.000 menores tutelados cuando su capacidad es de apenas 2.000, por lo que se intenta dar una respuesta urgente para sacar a estos menores de las carpas de atención instaladas en el archipiélago.

Además, el Gobierno ha intentado aprobar una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que le permitiera establecer un reparto obligatorio de los menores cuando un territorio supere el 150 % de su capacidad de acogimiento, como es el caso canario, para garantizar la distribución entre los territorios equitativa y más rápida, después de que los mecanismos establecidos hasta ahora hayan fracasado. Sin embargo, una vez más, Junts ha torpedeado sus planes.

Además, uno de los principales problemas es la falta de transparencia por parte del Gobierno, tal y como han denunciado las comunidades gobernadas por el PP, ya que no existe un registro o unas cifras globales que permitan analizar el problema en su conjunto y darle una solución, pues finalmente son los gobiernos regionales los que terminan encargándose de su tutela y de su posterior incorporación al mercado laboral, eso sí, en casos contados, por el limbo legal en el que viven, sin permisos de trabajo y ubicados en centros masificados en el centro incluso de sus ciudades de acogida, donde ver pasar el tiempo sin expectativas y un futuro lleno de incógnitas para ellos y sus vecinos.

En 2023 murieron en la llamada frontera sur de Europa, en las rutas de acceso del océano Atlántico y el mar Mediterráneo, 3.997 personas, según los datos de ACCEM, una de las ONG más reputadas en la gestión del fenómeno migratorio.

Es la peor cifra al menos desde 2017, y coincide con el periodo de Pedro Sánchez al frente del Gobierno y su reiterada improvisación para gestionar un fenómeno desbordante que él ha incentivado o no ha sabido encauzar: España ha asumido en 2023 el 20 % del total de la inmigración irregular de Europa, aunque poblacionalmente solo supone el 10 % de la Unión, con una espectacular subida del 82 % que contrasta con el caso de Italia.

Allí, Giorgia Meloni puso en marcha el llamado «Plan Mattei» con un resultado provisional, en el primer trimestre de 2024, muy elocuente: se ha frenado la ruta de acceso desde Túnez y las llegadas han caído un 60 %.

En realidad, la propia Unión Europea ha aprobado una política migratoria muy parecida a la transalpina, con un control más férreo de las fronteras, una política de devoluciones más intensas, un compromiso por frenar a las mafias de traslado de seres humanos y la obligación moral de ayudar en origen.

Y eso está firmado por España, cuyo presidente no dudó esta semana en defender la participación de la OTAN en esta materia que luego, en el debate doméstico, explota para atacar a sus rivales, cargarles el mochuelo y no dar explicaciones de nada. Una vez más.