El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta balear, Marga Prohens, en Mallorca
El Gobierno duda de la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Habitacional de Baleares
El Ministerio de Política Territorial ha enviado un informe al Govern de Prohens en el que subraya diversas discrepancias al texto aprobado
El Gobierno central, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha puesto en cuestión la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Habitacional de Baleares que aprobó vía decreto el Ejecutivo presidido por la 'popular' Marga Prohens.
En concreto, el departamento que lidera Ángel Víctor Torres ha remitido al Gobierno regional un informe en el que advierte de determinadas discrepancias relacionadas con la reconversión de locales en vivienda de precio limitado, el incremento de alturas y el cambio de usos para aprovechar para vivienda terrenos destinados inicialmente a equipamientos públicos y privados, según ha avanzado el periódico Última Hora.
Igualmente, la Administración del Estado no cuestiona el fondo, sino la norma utilizada, puesto que considera que la reforma legislativa tendría que haberse llevado a cabo mediante el correspondiente planteamiento urbanístico de cada ayuntamiento.
Autonomía municipal
Por su parte, el Ejecutivo balear asegura que este tipo de instrumentos conlleva un notable retraso por la emisión de informes sectoriales y otras dificultades que encuentran los consistorios. Así, el Gobierno de Prohens sostiene que un texto con rango legal es la única manera para poder atajar el problema con urgencia.
«Esperar a la tramitación y aprobación de un instrumento de planeamiento es asumir que estas medidas no se podrán implantar», apuntan fuentes de la Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad, subrayando a la par que el trámite utilizado para aprobar la Ley «respeta la autonomía municipal» porque permite a los ayuntamientos adaptar su propia regulación
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens
En este sentido, también puntualizan que los consistorios pueden decidir si aplican, suspenden o limitan las principales medidas en su territorio. De hecho, el Govern ha incidido en que su aplicación ya se ha regulado por corporaciones de diferente color político.
Las fuentes autonómicas han señalado que la amenaza de inconstitucionalidad advertida por el Gobierno central pone en riesgo la viabilidad de proyectos de alrededor de 4.000 viviendas que se están planificando a través del despliegue de la Ley e insisten en el grave problema habitacional en Baleares, con precios disparados y falta de oferta en un territorio limitado por la insularidad.
Por todo ello, la comunidad confía en llegar a un acuerdo en la comisión bilateral con el Ministerio que se abrirá antes de llegar a pleitear en el Tribunal Constitucional, buscando con ello evitar un recurso interpuesto al organismo presidido por Cándido Conde-Pumpido. Por ello, la Consejería acudirá a dicha comisión con la voluntad de «hacer entender esta necesidad de adoptar medidas urgentes en el contexto actual y continuar con el despliegue de la Ley para hacer más vivienda asequible en Baleares en colaboración con los ayuntamientos».