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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar PuenteEuropa Press

Puente carga otra vez contra el Supremo y habla de «interpretaciones difíciles de entender» sobre Puigdemont

El ministro de Transportes cree que el Alto Tribunal está prescindiendo del «tenor literal» de la Ley de Amnistía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto este miércoles a criticar la negativa del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiar al expresidente catalán Carles Puigdemont, al señalar que no se entiende la decisión «ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica argumental».

En una entrevista en televisión, el dirigente se ha referido a las declaraciones en las que acusaba al TS de «extralimitarse» por no aplicar la Ley de Amnistía al prófugo de la justicia española y ha dicho que, con sus palabras, «no hay ningún intento de presionar a nadie», sino que simplemente expresó una «opinión autorizada» como «jurista» que es: «Yo lo que he hecho es una reflexión jurídica porque hay una cosa insoslayable y es que el tenor literal de la ley es claro y lo que el Supremo ha hecho interpretándola, desde mi punto de vista, es prescindir de ese tenor literal», ha aducido.

«No hay un enriquecimiento»

Además, ha incidido en que el Alto Tribunal ha considerado que hay un enriquecimiento en los delitos de malversación, en concreto en los gastos que se han hecho para llevar a cabo actividades ilícitas, como el referéndum ilegal, para a continuación opinar que eso «ni desde la lógica jurídica, ni desde la lógica argumental se entiende».

El ministro también ha subrayado que no hace «descalificaciones» del Supremo, sino que critica «una resolución concreta», no al juez ni al órgano, ha apostillado. De este modo, ha insistido en que esta ley no es del Gobierno, sino del Parlamento y que, por tanto, lo que tiene que hacer el poder judicial es «aplicarla en sus términos, no hacer interpretaciones que son muy difíciles de entender, no ya desde la lógica jurídica, sino desde la lógica argumental».

Para Puente, «es evidente que cuando se convoca un referéndum ilegal, se ponen urnas y se afrontan gastos para hacerlo no hay un enriquecimiento de quienes lo organizan y, por tanto, la Ley de Amnistía debe ser aplicada en sus términos».

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