El señalamiento de Bolaños y Puente al Supremo por su aplicación de la amnistía solivianta a los jueces

En los días previos (y los que siguieron) a la vuelta y fuga televisada de Carles Puigdemont, en el Gobierno imperó un silencio incómodo. Los ministros apenas tenían agenda pública y el titular de Justicia, Félix Bolaños, estaba destinado en París para seguir la jornada del equipo español en los Juegos Olímpicos.

Nadie valoró entonces cómo un prófugo de la Justicia pudo entrar y salir de España sin mayor dificultad. Sin embargo, una vez superada esa pequeña crisis (y, sobre todo, una vez investido Salvador Illa) varios ministros del Gobierno se han lanzado a criticar las actuaciones del Tribunal Supremo, en concreto las del juez Pablo Llarena.

El primero fue Óscar Puente, ministro de Transportes, quien declaró que «los tribunales no pueden extralimitarse en su interpretación de la amnistía», en alusión a los jueces que consideran que la malversación no puede ser amnistiada. «No hay por donde coger la acusación de que hubo quien se enriqueció en el procès», sentenció Puente en una entrevista en Radio Nacional. «El Gobierno ha hecho lo que podía y lo que debía y ahora lo que le toca a la judicatura es hacer lo que le corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo sobre todo a su tenor literal».

En una línea parecida se expresó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solo 24 horas después, dejando caer que el juez Llarena está en sintonía con Vox:

«La posición del Gobierno en relación con esa resolución judicial del Tribunal Supremo, inaplicando la ley de amnistía, es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia (...). Es una discrepancia que comparten todas las partes que están personadas en ese procedimiento judicial, excepto Vox», comenzó diciendo Bolaños en su visita, junto a Óscar Puente, a las obras de la línea de Alta Velocidad Almería-Murcia.

Esta valoración del ministro ha generado malestar en algunas agrupaciones de jueces, que consideran las palabras de Puente y Bolaños como una injerencia.

En declaraciones a Vozpópuli, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha criticado la estrategia de confrontación del Gobierno por el riesgo que conlleva: crear un clima de desconfianza en torno al poder judicial. «Agradeceríamos que se abstuviesen de generar la duda sobre la imparcialidad y la independencia, en este caso, de los jueces que han aplicado la ley de una forma que no les conviene a los partidos independentistas».

Las palabras que peor han caído en la carrera judicial han sido las de Puente, quien adelantó en su entrevista en RNE que será el Constitucional quien, en cualquier caso, resolverá a favor de amnistiar a Puigdemont.

«Me parece que el Gobierno no debe presionar al Poder Judicial y, de hecho, en el informe de Estado de Derecho de la Unión Europea de este año, las cosas que más se censura a España es las presiones desde el gobierno para el Poder Judicial», comentaba este mismo martes Esteban González Pons, vicesecretario institucional del PP y el hombre que negoció con Bolaños la renovación del CGPJ.

«Al final, si el Gobierno dice que el Tribunal Constitucional seguirá lo que el Gobierno diga, hay dos opciones: o el Tribunal Constitucional sale de inmediato a desmentirle por boca del Presidente del Tribunal, o da por buena una afirmación que pone en cuestión la independencia de ese tribunal», añadió en conversación con RNE.