Moncloa reconoce que ignoró las cartas denunciando la 'trama Koldo' recibidas por Sánchez en 2020

La Presidencia del Gobierno conoció en 2020 uno de los grandes casos de corrupción de la historia reciente, la trama de las mascarillas de Koldo García con administraciones dirigidas del PSOE, tal y como reconoce La Moncloa por escrito en un documento al que ha accedido El Debate con el amparo del Consejo de Transparencia. Y pese a ello, no hizo nada.

Moncloa confiesa ahora por escrito, a instancias de este periódico, que recibió unas cartas que el abogado Ramiro Grau remitió, aunque decidió ignorarlas porque se trataba de «sobres remitidos» por aquel con «recortes de prensa» y que, en todo caso, no pudo localizar al denunciante, un jurista reconocido con despacho en Zaragoza bien sencillo de contactar.

Moncloa intenta escurrir el bulto sobre su indiferencia a las denuncias argumentando ahora que se trató de «comunicaciones realizadas por un particular, ajeno a la actividad pública», como si esa condición o sus manifestaciones al respecto de la trama en distintos medios fueran un pretexto para no actuar políticamente.

Así lo reconoce Presidencia en una resolución dictada el pasado 31 de julio y firmada por Beatriz Rodríguez, directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno en ejecución del fallo del CTBG por el que se obligaba a Presidencia del Gobierno a revelar si conoció de la trama Koldo dos años antes de estallar el escándalo que ya investigan los juzgados.

Moncloa no ha tenido más remedio que ratificar por escrito y a regañadientes, tras demorarlo al máximo, la existencia de dichos documentos, tras orden del Consejo de Transparencia de hacerlos públicos que publicó en exclusiva El Debate.

Este abogado aseguró el pasado mes de febrero que mandó seis escritos a La Moncloa alertando sobre la presunta trama de corrupción, en los que intentaba avisar a Presidencia de que la empresa Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los contratos millonarios, «no tenía ninguna actividad» y que en 2019 había «facturado cero euros» y pese a ello se había convertido en el «proveedor exclusivo» del Ministerio de Transportes. Pero jamás obtuvo respuesta.

Según reconoce la Secretaría General de Presidencia, a Moncloa sí le constan «sobres remitidos por D. Ramiro Grau Morancho desde 2018, con recortes de prensa, recibidos a través de correo postal ordinario», que sin embargo, nunca recibieron respuesta.

Y Moncloa lo explica de manera sorprendente: no se trataba de escritos personales dirigidos «al Presidente del Gobierno o a otra persona u órgano de la Presidencia del Gobierno» no contenía «ninguna solicitud, queja o reclamación» que permitiera «al departamento actuante dar traslado o contestación al remitente».

Una mala excusa por varias razones. La primera, por la obligación legal para todo servidor público o ciudadano, incluido el presidente del Gobierno, de poner en conocimiento de la Justicia cualquier indicio de delito, en este caso de especial relevancia. Y la segunda, por la insólita incapacidad para localizar al denunciante, cuya dirección y teléfono son públicas y sencillas de obtener con una simple consulta en Internet.

Así, pese a que Sánchez podría haber hecho algo desde el inicio de la trama, prefirió ignorar las alertas y no fue hasta febrero de 2023 cuando todo saltó por los aires con la llamada Operación Delorme, que supuso la detención de 20 personas acusadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, entre ellas Koldo García, la mano derecha del que fuera todopoderoso ministro de Sánchez, José Luis Ábalos.

Moncloa se somete a lo dictado por el Consejo y cumple, pero menos

Quizá por ello el Gobierno, en una nueva muestra de falta de transparencia y para ocultar sus propias vergüenzas, ha cumplido solo a medias la resolución 785/2024, del 10 de julio, del Consejo de Transparencia, pues en ella, se obligaba a remitir a El Debate una copia de los escritos del abogado, algo que no ha hecho.

Pero quizá lo más relevante es que tampoco ha hecho mención alguna a la orden del CTBG de remitir «cualquier otro documento conteniendo otra información denunciando los hechos actualmente investigados en relación a la trama Koldo Aguirre y José Luis Ábalos».

Esto es un dato crucial pues implica que Moncloa ha ignorado su deber de revelar si tenía algún documento, sea de la naturaleza que sea, lo que incluiría cualquier informe del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil o de la Policía, o incluso los elaborados para la fiscalización de los contratos, alertándole de la trama denunciada por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia y que planeaba sobre el Ministerio de Transportes.

Presidencia tuvo conocimiento de la trama en 2020, destituyó a Ábalos en 2021 sin dar explicaciones y esperó a que todo estallara en 2023

Estos documentos habrían servido para arrojar luz sobre el momento exacto en el que Pedro Sánchez estuvo al corriente del caso, si fue cuando estalló la trama como él mismo se empeña en sostener, o si fue mucho antes, lo que podría revelar, incluso si el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes obedeció únicamente a razones políticas o si detrás de él se escondía el miedo del presidente a que todo saltase por los aires.

Lo único claro, por tanto, es que Moncloa recibió las cartas de Ramiro Grau y miró hacia otro lado, mientras evita pronunciarse sobre el resto de documentos en una muestra más de su falta de rendición de cuentas. Esa que promete desde la tribuna del Congreso de los Diputados, pero que a la hora de la verdad se niega a practicar, cercado por varios frentes abiertos que no solo ponen en el foco a Koldo García, sino también a su círculo más íntimo, pues tanto su mujer como su hermano están ya siendo investigados por la Justicia.

El cese de Ábalos

Un hecho fundamental invita a pensar que Sánchez sí intentó protegerse de las consecuencias políticas del escándalo pero, a la vez, no hizo nada por evitarlo ni mucho menos denunciarlo ni darlo a conocer.

Con la denuncia guardada en algún cajón de La Moncloa ya, procedió poco después al relevo de José Luis Ábalos, jefe directo de Koldo García, a quien enchufó en su Ministerio con un nivel 30 y un sueldo acumulado en sus años de «servicio» superior a los 200.000 euros, según reveló este periódico.

En concreto, Koldo García Izaguirre fue asesor del Gobierno desde que el PSOE llegó a la Moncloa, se instaló en el entonces Ministerio de Fomento, de la mano de José Luis Ábalos, y además de haberse enriquecido, presuntamente, con el dinero procedente de las comisiones millonarias que cobró por la venta de mascarillas durante la pandemia, también cobró su correspondiente sueldo como cargo público.

Tal y como consta en la documentación oficial a la que accedió El Debate, la cara más visible de la trama que cerca al Gobierno de Sánchez por las presuntas irregularidades cometidas en la compra de mascarillas durante la pandemia ocupó «un puesto de asesor en el Gabinete del ministro, entre el 13 de junio de 2018 y el 11 de julio de 2021».

Gracias a ello, Koldo se embolsó más de 200.000 euros de dinero público en los tres años en los que fue sombra del ministró Ábalos: 35.178,54 euros en 2018; 65.599,68 euros en 2019; 67.668,64 euros en 2020; y 37.083,23 euros en 2021.

Todo ello fue posible gracias a sus sucesivos nombramientos como asesor, con un complemento acorde a un nivel 30, el más alto de los que se puede obtener en la Administración, tal y como figura en los diferentes documentos de cese y toma de posesión de los cargos que ha ido enlazando desde que llegó al Ministerio.

De hecho, su primer nombramiento llegó el 13 de junio de 2018 para ocupar un puesto de asesor en el Gabinete del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, apenas dos semanas después de que Sánchez desembarcara en la Moncloa, tras la moción de censura a Mariano Rajoy en la que el propio Ábalos tuvo un papel de actor principal, defendiendo la postura del PSOE y colocando a su partido como ejemplo de lucha contra la corrupción.

Posteriormente, Koldo García cesó en su cargo el 12 de enero de 2020, justo el mismo día en el que Sánchez anunció la nueva composición del Gobierno, ya con Unidas Podemos en la coalición y tras las elecciones celebradas en noviembre de 2019, para volver a ser nombrado el 13 de enero ya como asesor, no del Ministerio de Fomento, sino del recién creado Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Del mismo modo, el asesor y chófer del ministro siguió manteniendo su jerarquía en la relación de puestos de trabajo de la Administración, con su correspondiente nivel 30, un puesto que mantuvo hasta su cese el 11 de julio de 2021, a la par que su jefe y protector, destituido sin ninguna explicación de Sánchez y recuperado después como diputado en el Congreso hasta su expulsión provisional del PSOE una vez explotó la trama que, durante años, el presidente del Gobierno conoció e ignoró.