La UCO descubre contactos entre el marido de la exdirectora de la Guardia Civil y Koldo para dar fondos europeos a una empresa que él recomendaba

El empresario Juan Carlos Martínez, marido de la dirigente socialista María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, pidió ayuda a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, para que le dieran fondos públicos a un consorcio de empresas que él recomendaba. El Debate publica hoy nuevas pesquisas de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan la trama por orden de la Audiencia Nacional. Gámez se vio obligada a dimitir tras la implicación de su cónyuge en una derivada judicial de los ERE de Andalucía.

Los investigadores han intervenido dos mensajes del marido de Gámez a Koldo en los que le pedía ayuda para dos empresarios. Uno de los mensajes lo escribió el 16 de febrero de 2021. En el texto, qué está en poder de los agentes de la Policía Judicial, el empresario pidió al cabecilla de la red de mordidas de los contratos de la pandemia que intermediara para beneficiar a un consorcio del sector tecnológico liderado por Fagor, que optaba a fondos europeos. De hecho, Martínez mandó al asesor de Ábalos el formulario que la compañía mandó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para pedir oficialmente el dinero.

La empresa que recomendaba el marido de Gámez, que proponía el desarrollo de un proyecto denominado Sictran, centrado en implementar la tecnología de carburo de silicio en los eslabones de la cadena de valor de una fábrica, solicitó una ayuda de 51 millones de euros. Martínez, que aparece como intermediario en el hilo que tiene la UCO, reenvió a Koldo una reunión que él mantuvo con Fagor y Doit Development, una consultora que contrató la tecnológica para ayudarle a conseguir las ayudas. En el correo, el marido de Gámez escribió a Koldo: «Tú me dices cuándo vamos a verlo. Gracias». Desde Fagor explican a El Debate que Martínez no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, desde Doit, su director, Ramón Gil Almansa, reconoce la intervención del marido de Gámez pero evita aclarar en calidad de qué llevó a cabo esas gestiones.

Después de que Fagor hiciera la solicitud de manera oficial, Almansa mandó un e-mail al marido de Gámez para informarle del trámite. «Te envío el correo en el que se presentó el proyecto a Industria, esa era la vía para presentarlo». Más adelante pidió la posibilidad de montar una reunión para hablar del asunto y Almansa le indicó: «Espero lo que me digas». Seguidamente, Martínez reenvió el hilo al asesor de Ábalos.

La Guardia Civil ha constatado que en el momento en que Martínez pidió ayuda a Koldo su mujer dirigía el cuerpo policial y que Gámez y Ábalos tenían contacto fluido. Este dato es clave porque en otro de los correos electrónicos que los agentes tienen en su poder, Martínez escribió a Koldo para que alguien de Adif, dependiente de Transportes, recibiera al responsable de Andreu Belenguer, un estudio de diseño de mobiliario que optaba a ser el adjudicatario del cambio de separadores de los asientos de los trenes Talgo. Este segundo mensaje fue enviado un mes antes del anterior, del 19 de enero de 2021.

«Querido Koldo, échale un vistazo a este archivo y dime si es posible que se puedan entrevistar con algún responsable de Renfe. Me parece un tema que puede ser muy interesante. Un abrazo fuerte», escribió Martínez. En estos momentos, tal y como ha podido saber El Debate, los agentes están analizando si los favores que pidió el marido de Gámez fueron o no resueltos en su favor y por qué Martínez recurría a el asistente de Ábalos para favorecer a empresas privadas.

Dinero de los ERE

Gámez tuvo que dimitir como responsable de la Benemérita el 22 de marzo de 2023 tras la imputación de su marido en el ‘caso Santana Motor’, una derivada judicial de los ERE de Andalucía, por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Sin embargo, tras varios meses de instrucción el empresario se libró porque la Audiencia Provincial de Sevilla solicitó el archivo de la causa al cambiar repentinamente de opinión sobre los plazos de prórroga de la investigación. El abogado del marido de la exjefa de los agentes alegó ese resquicio para que la causa cerrara en balde y el procedimiento se acabó archivando. Sin embargo, afloraron numerosas irregularidades que no pudieron ser juzgadas.

La más llamativa fue el patrimonio inmobiliario de la antigua persona de confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior. Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional certificaron que, en total, Gámez y su marido compraron un total de seis inmuebles mientras él estaba implicado en la red andaluza de la que desaparecieron 36 millones de euros. De todas las propiedades la más llamativa es un ático dúplex en Málaga valorado en un millón de euros en primera línea de playa.

El día de la dimisión, Marlaska elogió a Gámez afirmando que había sido «la mejor directora que había tenido la Guardia Civil en los 178 años de historia que tiene la institución desde que la fundó el Duque de Ahumada» a pesar de que dimitía por la implicación de su marido en una trama de corrupción y que, en esas fechas, dentro del cuerpo surgieron también los casos Mediador y Cuarteles, donde estaban implicados dos generales. Antes que Gámez el último director de la Guardia Civil que se vio inmerso en un gran escándalo de corrupción fue el también socialista Luis Roldán, que se apropió irregularmente de 1.600 millones de pesetas (al cambio, aproximadamente, 9,6 millones de euros).

En total, Gámez acumuló durante el tiempo que su marido cobró de los ERE cinco inmuebles. El ático, un piso en el barrio de Salamanca de Madrid y tres pisos más en Málaga. La suma del valor de mercado de todos estos inmuebles es de 2,7 millones de euros. En cambio, la exjefa de los agentes sólo declaró contar con bienes inmuebles por valor de 168.000 euros durante su última etapa como alto cargo del Ejecutivo. Gámez llevó a cabo estas compras de manera conjunta con su marido y a través de la sociedad Job Management Liberty SL, en el epicentro de la derivada de los ERE a la que se ha dado carpetazo.