Ocho minas esperan a Sánchez al comienzo del curso y necesita desactivarlas todas
Como es costumbre con él, cada nuevo curso es el del más difícil todavía. Y éste es al filo de lo imposible. Se sabe cómo comienza, pero no cómo acabará. Una crisis de gobierno, elecciones, tal vez una nueva espantada...
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El verano político se termina, si es que alguna vez empezó. El presidente del Gobierno vuelve a la Moncloa y el martes reunirá a su Consejo de Ministros para inaugurar la temporada 2024-2025. En Palacio le espera una pila de problemas. Los mismos que dejó cuando se fue a Lanzarote a descansar y más.
Como es costumbre con Pedro Sánchez, cada nuevo curso es el del más difícil todavía. Y éste es al filo de lo imposible. Se sabe cómo comienza, pero no cómo acabará. Puede que haya una crisis de gobierno, elecciones generales, tal vez una nueva espantada del presidente si el caso Begoña no se detiene. «Impossible is nothing», como rezaba el mítico eslogan de Adidas inspirado en Muhammad Ali.
Por lo pronto, en este recomienzo Sánchez tiene delante un campo de ocho minas. Algunas son difíciles de desactivar. Otras, casi imposible.
La «financiación singular» de Cataluña
La cuadratura del círculo parece imposible. El PSC pactó con ERC «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal» a cambio de la investidura de Salvador Illa. Pero está por ver cómo piensa el presidente cumplirlo sin reformar la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, conocida como LOFCA. No es que esa norma sea intocable; es que Sánchez no tiene los 176 votos que necesitaría para modificarla. Ni siquiera cuenta con todos los de su coalición: Sumar está compuesto por los retales de partidos regionales de comunidades que se verían agraviadas –Compromís, Más Madrid, CHA…– y que no están dispuestos a pasar por ese aro.
Salvador Illa el día de su toma de posesión
La otra teoría es que ese pacto es un brindis al sol, una engañifa. La coartada que necesitaba ERC para investir a Illa y evitar así el suicidio de una repetición electoral, pero sin que los republicanos parecieran los embaucados. Si todo es un teatro, nos esperan actuaciones estelares de Esquerra: el pasado miércoles, su portavoz amenazó al presidente con no aprobarle los Presupuestos de 2025 si no cumple lo acuerdado.
La rebelión de las autonomías
El verano ha sido especialmente tórrido en las comunidades a causa de ese concierto catalán al que los socialistas se niegan a llamar concierto. Alberto Núñez Feijóo empezará el curso reuniendo a sus barones para asegurarse un frente común sin fisuras, consciente de que el Gobierno intentará jugar al divide y vencerás.
De momento, el Ejecutivo va perdiendo claramente la batalla política de la financiación privilegiada para Cataluña. Y el PP no es el mayor de sus problemas, sino la situación intramuros del PSOE. El peaje a ERC ha provocado malestar, dudas y contradicciones en todas las federaciones socialistas.
Los Presupuestos de 2025
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda señaló esta semana que tiene «muy avanzado» el borrador de las cuentas públicas de 2025. Lógico: como este año el Gobierno renunció a presentar Presupuestos cuando se convocaron elecciones anticipadas en Cataluña, ya tenía trabajo adelantado desde hacía meses. No obstante, como viene contando El Debate, el Ejecutivo no presentará unos Presupuestos sin tener garantías de que serán aprobados: para eso prefiere prorrogar los de 2023 (que son los que están en vigor también en 2024).
Junts es el principal escollo de Sánchez para aprobar las cuentas públicas. Pero tampoco hay que perder de vista a Podemos, con el que el Gobierno tendría que negociar cada sección de los Presupuestos. Incluida la del Ministerio de Defensa, que tan poco gusta a los de Ione Belarra (para que los Presupuestos sean aprobados tienen que serlo cada una de sus secciones. Si cae una, caen todas). Y a ver qué pasa con ERC y sus amenazas.
La líder de Podemos, Ione Belarra, es otra piedra en el zapato de Sánchez
La inmigración irregular
Sánchez se reunió el viernes con el presidente de Canarias y el martes inicia un viaje a Mauritania, Senegal y Gambia. Lo más urgente para el presidente es retomar la reforma de la ley de extranjería, que el Congreso tumbó en julio con los votos del PP y de Junts. Le guste o no, el presidente necesita pactar con los populares: los menores son competencia de las comunidades autónomas y la mayoría están en manos del PP, así que solo con la colaboración de los de Feijóo la reforma de la ley de extranjería podría llegar a buen puerto (y es lo más probable que pase).
El presidente canario, Fernando Clavijo, le insiste a Sánchez en que el Consejo de Ministros apruebe un decreto ley y chimpún, pero no es tan fácil. Un decreto ley tendría que ser convalidado por mayoría simple en el Congreso en los 30 días siguientes, y sin el PP ni Junts (que quiere que Cataluña quede excluida de un futurible reparto obligatorio de menores migrantes) no hay nada que hacer.
El caso Begoña
El viernes, la UCO registró el domicilio del empresario Carlos Barrabés, el amigo de Begoña Gómez, y este lunes el juez Juan Carlos Peinado reanuda la toma de declaraciones a diversos testigos. Más pronto que tarde, toda España podrá ver el vídeo de la declaración de Sánchez en la Moncloa, que en realidad no fue tal porque el presidente se negó a contestar al instructor. No en vano, Peinado rechazó el pasado jueves el intento del fiscal de que la cinta no fuera facilitada a las partes.
El fiscal general del Estado junto a Pedro Sánchez y Begoña Gómez
En el ámbito judicial, los tiempos los seguirá marcando Peinado, contra quien el líder del Ejecutivo se querelló en julio por prevaricación. Una querella que puede estallarle en las manos si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la archiva, como ya se barrunta en algunos cenáculos.
En el político, el PP tiene pendiente de concretar (desde mayo) la citación de Sánchez para que comparezca en el Senado y dé las explicaciones que no dio en el Congreso. Políticamente, lo único que tiene a favor el presidente en este caso es la sumisión demostrada por sus socios al respecto de los negocios de su mujer. Con la excepción del PNV. Ni siquiera han pedido al PSOE que impulse una reforma de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Qué menos.
El «plan de acción por la democracia»
En cuanto empiece el curso, los socios de Sánchez van a presionarle para que acelere ese «plan de acción por la democracia» cuyas líneas maestras desgranó en julio en el Congreso. Más aún después de lo sucedido en torno al crimen de Mocejón.
El presidente ha abierto la caja de Pandora, porque Sumar, ERC, Bildu y compañía quieren mucho más que aumentar la transparencia de los medios de comunicación. Quieren sangre. Quieren, entre otras cosas, multas ejemplarizantes (de hasta 150.000 euros, propone Gabriel Rufián). Sánchez se ha comprometido a reformar la Ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la Ley orgánica reguladora del derecho de rectificación (ambas son de los años 80); la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional y hasta la ley electoral. Casi nada. A partir de ahí, sus socios han empezado a salivar. Veremos y leeremos propuestas de estos que firmaría Nicolás Maduro.
Carles Puigdemont
A Sánchez le gustaría haber dado por muerto al líder de Junts después de la investidura de Illa. Pero muy a su pesar y al del resto de los socialistas, Carles Puigdemont sigue muy vivo y tiene todas las papeletas para salir bajo palio del congreso que Junts celebrará a finales de octubre.
Puigdemont, en su mitin del 8 de agosto, del que se marchó como si nada
En ese cónclave, el partido no variará el rumbo de su estrategia de confrontación. Si acaso, la endurecerá. Con la amnistía fuera del control del PSOE –una vez en vigor– e Illa como presidente catalán, para Junts empieza un tiempo nuevo. Va a apretar a Sánchez pero, ¿tanto como para ahogarlo?
Las renovaciones pendientes
El Gobierno quiere zanjar cuanto antes la renovación del gobernador y la subgobernadora del Banco de España, para lo que busca un acuerdo con el PP. Preferirían haberlo hecho antes de las vacaciones, aprovechando el viento de cola del acuerdo del CGPJ. Pero los socialistas propusieron para el cargo al ministro José Luis Escrivá, y el PP se negó en redondo. Si hay fumata blanca en el Banco de España, lo previsible es que también se produzca en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Sin embargo, la renovación de la mitad del Consejo de Administración de RTVE, que también toca por ley, no parece cercana. El PP quiere un pacto global que incluya también un «plan de supervivencia» para el ente público, que tiene un boquete de 30 millones de euros en sus cuentas. Y los socialistas no están en ésas.
Así empieza el curso para Pedro Sánchez. Probablemente ni él sabe cómo acabará.