Justicia
Los conservadores logran hacer presidenta del CGPJ a la magistrada Isabel Perelló, vetada por Moncloa
Aunque forma parte del sector izquierdista no contaba con el beneplácito del Gobierno
No hay quinto malo que dicen los taurinos. Y así ha sido en la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras cerca de dos meses después de su renovación y varios bloqueos, los vocales del Consejo han elegido a la magistrada Isabel Perelló como nueva titular de la institución. Será la primera mujer en asumir el cargo, tal y como exigían los miembros del ala izquierdista del máximo órgano de representación de los jueces.
Para ello ha sido clave la medida de ampliar la lista de nombres sobre la mesa propuesta, ayer tarde, por el bloque conservador. Un cambio de rumbo que ha permitido desencallar los vetos y encontrar un perfil de consenso que concitase el acuerdo de la mayoría reforzada del CGPJ, al menos doce de los veinte vocales, tal y como se había pactado al inicio del proceso.
El Pleno ha votado entre la magistrada Ana Ferrer, a propuesta del sector izquierdista y la también progresista Perelló, a propuesta del ala conservadora. La puerta grande se ha abierto de par en par, poco después de mediodía, para formalizar el esperado anuncio. A pesar de que Perelló es miembro de la asociación judicial izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) no era una candidata del agrado del Gobierno de Pedro Sánchez para presidir el órgano de gobierno de los jueces. En su etapa en el Alto Tribunal dictaminó una reciente sentencia contraria a los intereses directos del PSOE.
En agosto de 2023 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó –en una contundente resolución de la que Perelló fue ponente– el recurso del PSOE que solicitaba el recuento del voto nulo en Madrid en las elecciones generales de julio de ese año. El tribunal concluyó que «la mera diferencia numérica en los resultados que se aduce en este caso (1.200 votos) no es base suficiente para la revisión» de unos 30.000 votos nulos «no reclamados dada la falta de acreditación de la razonable probabilidad de incidencia en el resultado final del escrutinio realizado con todas las garantías».
La resolución explicó que no cabía aceptar el argumento esgrimido por el PSOE –y compartido por la Fiscalía– que de forma coincidente esgrimían que la declaración de nulidad se realiza por los ciudadanos que integran las Mesas electorales, legos en derecho, que carecen de conocimientos técnico-jurídicos. «Tal alegato parece desconocer los pilares sobre los que se asienta el proceso electoral, pues precisamente la LOREG parte del principio de participación democrática y de intervención de los ciudadanos en el proceso electoral», señala el texto.
Hasta ahora era magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cargo al que llegó en 2009. Ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y desde entonces ha ocupado destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La próxima presidenta del órgano de gobierno de los jueces es especialista de lo contencioso-administrativo. Sirvió en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (1991) y en la de la Audiencia Nacional (1994). También fue letrada en el Tribunal Constitucional (1993-2003).
Además, Perelló ha participado en diversos cursos sobre derecho constitucional, derecho administrativo comparado, telecomunicaciones y jurisprudencia constitucional, así como en encuentros organizados por el Consejo General del Poder Judicial sobre deporte, regulación y justicia.