El juez baraja citar a Reyes Maroto por modificar 217 millones en favor de Globalia mientras Begoña Gómez se reunía con su cúpula

El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, está madurando la posibilidad de citar como testigo a Reyes Maroto, exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Durante su etapa como responsable del ministerio, Maroto modificó en varias ocasiones un expediente de contratación de 217 millones de euros en favor de Globalia. Mientras eso ocurría, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se reunía con la cúpula de la aerolínea.

Tal y como ha podido saber El Debate, el juez sopesa esta idea a raíz de la última ampliación de querella que interpuso la organización Hazte Oír. En el texto jurídico se incorpora el expediente de contratación 54/17 otorgado a Globalia. Se trata de una macro adjudicación que el Gobierno hizo a Globalia de 285,6 millones de euros desde varios ministerios, entre los que se encontraba el de Industria. Si bien el encargo a la aerolínea se produjo estando Mariano Rajoy al frente del Gobierno, tras la llegada de Sánchez se modificaron en varias ocasiones los contratos. Esos cambios incluyeron prórrogas que no salieron a concurso público y que supusieron ingresos extra para Globalia.

En concreto, son los lotes 2 y 3 del expediente. El primero de ellos, adjudicado por Industria, Hacienda, Economía y Turismo, tenía un importe de 62 millones de euros. El objeto del mismo tenía fue el «servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado». Es decir, la flota de aviones para que altos cargos del Ejecutivo pudieran viajar en el marco de su actividad laboral. La cifra inicial se firmó en 2017, sin embargo, tras la llegada de Maroto a Industria y del resto de cargos socialistas las condiciones se alargaron. Hubo una primera ampliación de 23.250.000 euros y una segunda de 38.750.000 euros más. Los 62 millones iniciales se convirtieron posteriormente en 133 millones.

Ocurrió lo mismo con el otro lote. Inicialmente se firmó en 42 millones de euros pero dos prórrogas que llevaron a cabo desde Presidencia del Gobierno y los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Presidencia y Educación los acabaron elevando a 82 millones. En este caso, la primera prórroga fue de 15.750.000 euros y la segunda de 24.250.000 euros. En el caso de la ampliación que llevó a cabo la actual portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid se alegaron «razones de interés público» para hacerlo. Si bien se trata de una acepción que la Ley de Contratos contempla para continuar con un servicio, en esta ocasión, expertos en contratación pública explican a este periódico que «puede tratarse se una táctica para que continúe el adjudicatario inicial y que nadie de su competencia pueda asumir el servicio».

Estas prórrogas fueron del 6 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 y desde el 1 de enero de 2021 al 5 de abril de 2022. Durante el tiempo que se modificaron las condiciones de los contratos para favorecer a la aerolínea desde el Gobierno, la mujer de Sánchez se reunía con la cúpula directiva de la empresa. La persona de su confianza en aquel momento era el máximo responsable de Air Europa, Javier Hidalgo, que dimitió de su cargo de consejero delegado en abril de 2021 tras la venta de la marca y la fusión de sus agencias de viajes con las del Grupo Barceló.

Desde Globalia afirman a El Debate estas adjudicación «se realizaron con un Gobierno distinto del signo actual» aunque reconocen que las prórrogas las llevó a cabo el Ejecutivo del PSOE. «Fueron acordadas por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación» y que «afectaron a todos los lotes incluidos en el procedimiento de contratación», añaden. También insisten en que «la prórroga de contratos de esta naturaleza es una práctica habitual. Concluyen asegurando que “resulta manifiestamente falso y constituye una afirmación malintencionada asegurar que la adjudicación y posterior prórroga obedezca a cualquier tipo de irregularidad o trato de favor».

Un reguero de irregularidades

Durante los últimos meses, Maroto se ha visto envuelta en otras polémicas que giran en torno a casos de corrupción. Una de las más recientes fue la inyección de 8,3 millones de euros que Industria bajo su mandato otorgó a un grupo empresarial que el empresario Juan Carlos Martínez, marido de la socialista María Gámez, la directora de la Guardia Civil que dimitió por la implicación de su cónyuge en una derivada judicial de los ERE de Andalucía, recomendó a Koldo García, cabecilla de la trama de Koldo que investiga la Audiencia Nacional.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preguntó a Maroto en un pleno municipal: «¿Qué sabe usted de la Koldoesfera? Porque usted estaba en el corazón de un partido y de un Gobierno podrido por una trama corrupta. ¿Y debemos suponer que usted no conocía a Koldo o a Ábalos y que la ministra de Industria no se enteraba?». Por su parte, la entonces ministra dijo que su compromiso es «con la corrupción cero» y que la red le produce «asco y vergüenza» porque «hubo gente que se enriqueció con lo peor de la pandemia».

De la misma manera, Maroto adjudicó medio millón de euros a la consultora que tramita el pago de las nóminas de la cátedra extraordinaria que la mujer de Sánchez dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que está bajo la lupa del juez Juan Carlos Peinado.