Sánchez esconde si ha informado al Rey del pacto inconstitucional con ERC que Page le exige conocer completo

Ni al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ni probablemente al Rey: a nadie ha informado Pedro Sánchez de los términos exactos de su acuerdo con ERC, plagado en apariencia de cesiones inconstitucionales. El socialista exigió conocer el documento exacto del pacto que permitió investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, sin ningún éxito.

Y se entiende mejor ese silencio de Sánchez con la sorprendente revelación que hoy publica El Debate: el presidente del Gobierno se niega también a aclarar si, al menos, puso al corriente al Jefe del Estado de un cambalache que de facto entrega a Cataluña uno de los anhelos del separatismo, la hegemonía de su propia Agencia Tributaria para gestionar todos los impuestos de la Comunidad.

El líder socialista no quiere, de este modo, que los ciudadanos españoles sepan si ha informado al Rey de los pactos alcanzados entre el PSC y ERC y su intermediación como presidente del Gobierno que hizo de Salvador Illa presidente de Cataluña.

El más destacado de todos ellos es el llamado ‘cupo catalán’ que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha evitado detallar en el Senado, insistiendo en denominarlo financiación singular, aunque sí ha reiterado que la Agencia Tributaria catalana será quien gestione, capte, liquide e inspeccione todos los impuestos, lo que podría suponer una ruptura del equilibrio y la solidaridad entre las diferentes regiones, algo que la ministra ha negado de forma reiterada, pese a las denuncias del PP y de la práctica totalidad de los juristas que se han pronunciado.

Tampoco lo hizo el propio Sánchez en la reunión del sábado del Comité Federal, pese a las presiones y críticas feroces de barones como el castellano Page o el aragonés Lambán, limitándose a asegurar que el modelo de financiación de Cataluña, propio de un Estado independiente y contrario a los preceptos recogidos en la Constitución, obedece a un debate «entre modelos» y no «entre territorios», una frase hueca sin ninguna precisión.

La Constitución concede al Rey la prerrogativa de ser informado de los «asuntos de Estado», pero Sánchez ni siquiera reconoce haber despachado con él

Este periódico inquirió a la Moncloa el pasado 9 de agosto sobre los acuerdos de investidura cerrados y la intervención personal de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, requiriendo la «fecha del despacho mantenido con el Rey» para informarle «de tales concesiones y copia de la documentación entregada al Monarca sobre ello, dada la evidente implicación del Gobierno y que la condición de Presidente del Gobierno es inescindible de su condición personal, trascendiendo, por razones obvias, los acuerdos que los partidos políticos puedan adquirir a la esfera pública, materia que ha de ser por mandato legal de naturaleza pública y publicable».

Según dispone el artículo 56.1 de la Constitución, el Rey es el Jefe del Estado y «asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales», estableciendo en su artículo 62.g) que debe «Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno».

Este periódico ya logró anteriormente que la Moncloa se viera obligado a informar sobre los despachos que Sánchez mantuvo con el Rey sobre asuntos de Estado, como la crisis generada con Marruecos a cuenta del ingreso secreto del Líder del Frente Polisario para ser tratado en un hospital de La Rioja.

El sospechoso veto

Ahora, la Moncloa remite a este periódico una resolución de la Secretaría General de Presidencia fechada a 26 de agosto y rubricada por Beatriz Rodríguez Pérez, directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de Presidencia del Gobierno. La Moncloa se niega aportar información alguna apelando al Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos de 18 de junio de 2009, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2024.

Presidencia del Gobierno afirma que se ha implementado con el citado Convenio una nueva normativa que impide el acceso a «las comunicaciones con los miembros de la Familia Real y la Casa de S.M. el Rey». Según la Moncloa, ésta ya no tiene la obligación de informar públicamente sobre asuntos de tal calado diplomático si los mismos implicaran la presencia de la Casa Real o el Rey.

En él se incluye una posible restricción a la hora de acceder a las relaciones entre Sánchez y el Rey, al establecer que «el Reino de España declara que las comunicaciones con los miembros de la Familia Real y la Casa de S.M. el Rey también estarán incluidas entre las posibles limitaciones».

Sin embargo, según los juristas consultados a este respecto «la aplicación automática que hace la Moncloa de este acuerdo no es correcta, puesto que el Convenio no cambia, sino que refuerza la obligación de realizar el llamado 'test del daño'».

Ni a Page ni a Lambán ni al parecer al Jefe del Estado: Sánchez no quiere explicar a quién enseñó sus pactos con el separatismo

Es decir, «no han explicado las razones por las que tales informaciones han de ocultarse a la ciudadanía, cuando es evidente que concurre un claro interés público en conocer si Sánchez ha despachado este asunto o no con el Rey, y sin embargo se mantiene en secreto el dato, porque estamos ante lo que sin duda aparenta ser una mutación constitucional por la puerta de atrás, sin sujeción a lo que la Constitución Española impone», explica la firma de abogados que ya ha impugnado la decisión del gobierno de Sánchez.

Esta nueva limitación que aplica el Gobierno trata de impedir el acceso a documentos y dificulta la posibilidad de conocer si el presidente consulta y/o comunica sus planes al Rey, sobre todo en lo referente a asuntos de tal calado como la financiación autonómica o la creación de un cuerpo diplomático catalán que trabaje de forma paralela al español.

Según recoge el Convenio del Consejo de Europa al que ahora apela el Gobierno, el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos proporciona una fuente de información al público y le ayuda a forjarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favoreciendo la integridad, el buen funcionamiento, la eficacia y su responsabilidad, para así afianzar su legitimidad.

¿Puede perjudicar o poner en peligro la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores o la seguridad pública de España el hecho que Pedro Sánchez informe sobre los despachos que ha mantenido -o no- con el Rey sobre asuntos de Estado? Para Julio Naranjo, director de la firma ITCD especializada en Transparencia y Buen Gobierno, la respuesta es clara: «Obviamente no».

El interés público de este caso es más que notable pues la nueva financiación que se pretende implantar en Cataluña supone una ruptura total con los principios de solidaridad territorial establecidos. No en vano, no solo se ha manifestado en contra la oposición, sino que también, habituales socios del Gobierno, ya han adelantado su descontento, incluso varios barones socialistas se han posicionado en contra de la medida al considerar que va en contra de los intereses de sus regiones.

Uno de los puntos clave señalados por la oposición es que pretende «sustituir» el Estado autonómico por un «modelo confederal asimétrico». En un manifiesto conjunto firmado por los barones del PP insisten en que "es un intento ilegítimo de modificar nuestra Constitución y nuestro modelo de Estado por la puerta de atrás”.

De hecho, esta afirmación retrotrae necesariamente al artículo 138 de la Constitución, en la que se señala que será el Estado quien garantice «el principio de solidaridad (…), velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español».

Además, establece claramente que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».

Por ello, es inconcebible que Sánchez hurte a la ciudadanía el derecho a conocer si ha informado al Rey, y cuándo, de una modificación de la financiación que entronca con uno de los principios básicos de nuestra Carta Magna, que no es otro que el de la igualdad y la solidaridad entre regiones.

Lo resumió el socialista Javier Lambán en el Comité Federal con una sentencia sobre la inconstitucionalidad del pacto escondido de Sánchez, del que solo se conocen generalidades: «Si Madrid pidiese lo mismo que Cataluña, el resto tendríamos que irnos en patera a Mauritania».