García Ortiz purgó a un fiscal para blindar la amnistía del exconsejero Buch y el escolta de Puigdemont

Se trata de una nueva maniobra «muy grave», apuntan fuentes próximas al Ministerio Público, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para blindar la amnistía aplicada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ex consejero de Interior del Govern de Carles Puigdemont, Miquel Buch y al escolta que le protegía, Lluís Escolá, por la malversación de cerca de 53.000 euros.

Según ha podido saber El Debate, en primicia, el máximo titular de la Fiscalía, al borde de su propia imputación, habría apartado –el pasado 3 de agosto– al fiscal del Supremo José Antonio del Cerro encargado de redactar el informe sobre el recurso de casación instado por el teniente fiscal superior de Cataluña, Pedro Ariche, contra el borrado penal concedido a Buch y Escolà. Ambos fueron los dos primeros beneficiados por la polémica norma que eliminó el delito de desvío de caudales públicos por el que fueron condenados en firme.

La decisión de prescindir de su trabajo, antes de que pudiera si quiera abordarlo, se le notificó a del Cerro desde la Fiscalía General del Estado, de manera verbal, a través de una llamada de teléfono, pocas horas después de que se le asignase el asunto, de acuerdo con los turnos ordinarios de distribución y, por lo tanto, sin la motivación exigida para este tipo de asuntos.

Además, se hurtó a la Junta de Fiscales de Sala del Alto Tribunal la posibilidad de pronunciarse. Una «anomalía» más en la que «no se han seguido los cauces previstos» para este tipo de discrepancias en las que, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de la institución, el 'generalato' de la Fiscalía tiene la potestad de resolver.

Así las cosas, la número dos de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha sido la encargada de dirigirse por escrito a la Sala Segunda, en sustitución de del Cerro, para desistir de la acción; y, con ello, asegurar la aplicación en firme de la resolución con la que el TSJC recitificó, a su vez, a la Audiencia de Barcelona, contraria a la amnistía para Buch y el que fuera escolta del ex presidente Puigdemont.

Crónica de una amnistía anunciada

Cabe recordar que ya, el pasado 4 de julio, la Fiscalía Superior de Cataluña anunciaba que recurririría la sentencia dictada por el TSJC que aplicaba la amnistía al exconseller de Interior Miquel Buch y al mosso Lluis Escolà, que hizo de escolta a Puigdemont, tanto durante su fuga, como en su posterior estancia en el extranjero. El exsargento recibió dinero público a cambio de las labores de acompañamiento y seguridad del líder de Junts en Bélgica y en sus viajes al extranjero.

Escolà fue contratado de manera simulada por el Departamento de Interior, a cargo de Miquel Buch, durante 24 días, de los que 103 permaneció fuera de España y en otros 20 se desconoce su ubicación. Por los servicios prestados cobró un total de 52.712 euros del erario que, de acuerdo con la sentencia condenatoria, ahora neutralizada, Buch y Escolà debían devolver de manera solidaria, al 50%, a la Generalitat.

Sin embargo, la inmediata reacción de la Fiscalía General del Estado adelantaba, entonces, que no se formalizaría dicho recurso, al considerar que el auto dictado por el magistrado instructor del procés en el Supremo, el juez Pablo Llarena, sobre el propio Puigdemont coincidía con la decisión tomada por el TSJC. Una posición que, tras el verano e inaugurado el Año Judicial, ha sido consumada.

Fuentes próximas al Ministerio Público han confirmado a este diario cómo los anuncios de recurso de casación que realizan las fiscalías territoriales o la Audiencia Nacional, contra decisiones de los tribunales han de ser confirmadas por sus compañeros que actúan ante el Alto Tribunal. Motivo por el que, en el caso de Buch y Escolà, era el fiscal del Cerro quien debía informar sobre la amnistía aplicada a ambos, en uno u otro sentido, al jefe de la Junta de Fiscales de Sala, Fidel Cadena. Cadena fue uno de los cuatro miembros del equipo de la acusación pública, en la causa del 1-O, también purgado, por negarse a firmar un dictamen favorable a la amnistía.

Para salvar este paso, García Ortiz ha optado por tomar un atajo, «hurtando» de nuevo competencias «que no le corresponderían» y en una cuestión que, como mínimo, «es muy discutible o merece ser discutida», han lamentado las mismas fuentes consultadas en el seno de la Fiscalía.