La fundación Hay Derecho denuncia el «aumento» de la «vinculación política en el Tribunal Constitucional»

La Fundación Hay Derecho ha presentado, este viernes, las conclusiones de su informe 2024 sobre el Estado de Derecho en España. El período comprendido entre 2022-2023, y parte de este mismo año, de acuerdo con el análisis, se ha caracterizado por un incremento de lo que «podemos denominar estrés institucional» y que es resultado, de manera «directa», de la «creciente polarización política» y la extensión de «discursos públicos de signo claramente populistas».

Todo ello «en un contexto político en que continúa» caracterizándose por «la fragmentación parlamentaria con gobiernos de coalición en minoría y con ciclos electorales cada vez más cortos», sostiene el estudio. Una idea que ha refrendado Javier Zarzalejos –presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo– encargado de la apertura del acto: «Nunca antes en la historia España ha estado tan desparlamentarizada. Ni con mayorías absolutas el Parlamento español ha estado tan depreciado».

Entre las principales patologías que se han detectado durante el desarrollo del dictamen cabe destacar «la intensificación del deterioro del sistema de pesos y contrapesos», llamados a controlar la acción de gobierno, en buena medida debido a la «politización de las instituciones que deberían realizar esta función». Uno de los efectos más «corrosivos» que, sottovoce, se han detectado durante la elaboración del

España es una democracia plena pero nuestro Parlamento está cada vez más esclerotizado. No podemos dar por buena la normalización del decreto-ley como forma de legislarGermán Teruel LozanoProfesor de Derecho Constitucional y codirector de la investigación

En este contexto, el informe de Hay Derecho destaca el relevante «choque institucional» que, en diciembre de 2022, se vivió entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno español, con ocasión de la renovación parcial de aquel que, finalmente, se resolvió antes de finalizar dicho año con la renovación del primero, gracias al nombramiento de cuatro magistrados por parte del Ejecutivo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La vinculación política del TC

«Hay una tendencia muy preocupante a la máxima politización de los magistrados» de la Corte de Garantías: ocho de los doce miembros del Pleno actual, «han tenido vinculaciones» más o menos directos con las formaciones que los han designado, ha expuesto el catedrático Germán Teruel, codirector del informe.

Y muchos de ellos «sin un período de enfriamiento», directamente desde el Ejecutivo, –como ha sucedido, por ejemplo, con el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo–, «sin experiencia casacional previa» y tras haber «desmantelado el cuerpo de letrados técnicos» del órgano que «vienen desempeñando sus funciones desde la adscripción temporal de los mismos», ha añadido el académico murciano.

La Fiscalía General del Estado

Tampoco ha omitido el texto la crítica situación del fiscal general del Estado, pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre su posible imputación por un presunto delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz, cuyo cargo fue renovado en 2023, «a pesar de que el pleno del CGPJ había emitido un informe en el que concluyó que no era idóneo» después de que el Supremo «hubiera anulado por desviación de poder la promoción de su antecesora, Dolores Delgado, a la categoría de fiscal de Sala».

Cabe recordar que la segunda designación de García Ortiz se encuentra recurrida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante la Sala Tercera del Alto Tribunal. Un nombramiento en el que Hay Derecho, a través de su directora general Safira Cantos, ha insistido en la necesidad de que «quede desvinculado del ejercicio y duración del Ejecutivo» de turno.

El daño de la Ley de Amnistía

Sin embargo, no hay lugar a dudas en el informe confeccionado por Hay Derecho sobre cómo «uno de los factores que más ha tensionado el marco político-constitucional», durante el pasado año, «ha sido la tramitación de una Ley de Amnistía para determinadas actuaciones relacionadas con el procés, como condición para la investidura del Gobierno» actual. Esto es, la adopción de «cambios estructurales para la solución de cuestiones coyunturales».

Cada poder a su lugar y cada institución a su función, gobierne quien gobierneSafira CantosDirectora General de Hay Derecho

La tramitación parlamentaria de esta polémica norma «ha puesto de manifiesto de manera muy explícita muchos de los problemas relacionados con la disminución del papel del Parlamento y su subordinación al Poder Ejecutivo, así como a la disminución de las necesarias garantías tanto técnicas como desde el punto de vista de la participación ciudadana, al recurrirse a la proposición de la ley por el trámite de urgencia».

Precisamente, de lo anterior, nacen las acusaciones del denominado lawfare, o guerra sucia judicial, que desde «determinados partidos políticos» se han lanzado contra el Poder Judicial, y algunos de sus miembros concretos, «muchas de ellas, precisamente, en relación con la aplicación de la Ley de Amnistía».

«La perversión del lenguaje es el inicio de muchos males posteriores y estamos normalizando muchos discursos políticos que se lanzan continuamente en contra de la credibilidad de la Justicia y que calan en la opinión pública, minando la confianza de los ciudadanos en su funcionamiento», reflexionaban los expertos durante la presentación del informe de Hay Derecho. La consecuencia: el decrédito del Poder Judicial.