Elisa de la Nuez: «En cualquier democracia plena la imputación del fiscal general conllevaría su dimisión»

El último informe actualizado sobre la salud del Estado de Derecho en España, confeccionado por la fundación Hay Derecho, no deja lugar a dudas: existen una serie de «factores de riesgo corrosivos» para nuestra democracia que no pueden pasar inadvertidos si queremos defenderla y conservarla. Con la intención de ponerlos en conocimiento de la opinión pública, la entidad independiente presentaba las conclusiones derivadas de un análisis pormenorizado de nuestras instituciones, en el período 2022-2023.

Una de las codirectoras del estudio, la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, charla con El Debate sobre el contenido del dictamen y las recomendaciones para mejorar la calidad de nuestro sistema y devolverle a los estándares europeos de referencia.

— Un informe basado en datos y que apunta a soluciones críticas pero constructivas. ¿Cuáles son las tres ideas centrales que pone sobre salud de nuestro Estado de Derecho?

— La idea fundamental es que aunque España sigue siendo una democracia plena, hay una serie de elementos que están erosionando, digamos, nuestro sistema democrático hacia una tendencia negativa. De ahí que hayamos puesto mucha atención, en el conjunto del informe 2024, en lo que hemos llamamos los contrapesos al poder. Es decir, aquellos organismos o instituciones que están diseñados para limitar el poder político y que, de alguna manera, se han ido erosionando en estos últimos años.

Por supuesto, el Poder Judicial, que es el contrapeso, digamos, más importante y más conocido por la opinión pública –de ahí la clamorosa necesidad de que sea independiente, que los jueces no sientan presiones políticas, que sus nombramientos no respondan a criterios políticos e ideológicos, sino de mérito y capacidad...–. Pero no exclusivamente porque, también, nos preocupa la devaluación del papel del Parlamento, que quizá se ha visibilizado con mayor nitidez tras las recientes declaraciones del presidente Pedro Sánchez asegurando que gobernarán «con o sin» su apoyo cuando en una democracia representativa es esencial, lógicamente, su presencia.

Además, hemos detectado un abuso de los decretos leyes, como fórmula ordinaria para legislar y, por lo tanto, una mayor falta de control al Gobierno que provoca una evidente inseguridad jurídica. Ahí hay otro bloque que nos parece muy preocupante, junto con la devaluación del Congreso ha llegado la de otdas instituciones que también tendrían que cumplir esa función de límite del poder: el Tribunal Constitucional, que ahora mismo está muy politizado y muy polarizado; la Fiscalía General del Estado,...

— ¿Hasta qué punto Europa tiene un papel determinante en la vigilancia de estos desmanes?

— Es un juego de equilibrios. Por un parte, Europa es un referente, el marco donde estamos y, por tanto, sus recomendaciones, sus indicaciones y decisiones son relevantes. Pero, claro, no nos van a hacer todo el trabajo. Hay que ser conscientes de que en Europa se fija un marco, una guía que tiene unos estándares y unas exigencias, pero que luego implica que cada cual tiene que hacer su trabajo interno para cumplirlos.

La Ley de Amnistía ha subordinado el Parlamento (Poder Legislativo) al Gobierno (Poder Ejecutivo) por un procedimiento, además, de urgencia

— En el informe de este año se incorpora una novedad en ese «estrés institucional» que parece haberse instalado en nuestro país, consecuencia directa de la Ley de Amnistía...

— Así es. En el estudio nos referimos a la Ley de Amnistía como un muy buen ejemplo de todas estas malas prácticas que erosionan nuestro Estado democrático de Derecho. Nace de un acuerdo extraparlamentario, llega a la Cámara como una proposición de ley del Grupo socialista —y no como un proyecto de ley— por lo que se aprueba en un trámite de urgencia que limitó, enormemente, las posibilidades de debate político y eludió los informes del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal que habrían sido deseables y preceptivos,..

Y, al final, lo que se busca es una aprobación del texto por el Tribunal Constitucional como sea, vamos a decirlo así, porque el Gobierno, así lo ha dicho, confía en que la Corte resuelva que la ley es correcta. El problema es que, claro, si lo dice, como es presumible, no ya por siete votos a cinco, sino por seis a cinco –porque el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo se ha abstenido–, la credibilidad del Pleno queda muy dañada. Es decir, si las decisiones del TC son previsibles, la sensación que puede tener la ciudadanía es que se trata de resoluciones políticas y no técnicas.

— ¿Existe, en sentido contrario, de acuerdo con el relato de algunas formaciones políticas, una judicialización de la política?

— Una vez más aquí hay que separar lo que puede ser la percepción de la ciudadanía de lo que es el discurso político y mediático. Es decir, el debate público sobre la judicialización de la política está enfocado sobre casos muy puntuales, muy relevantes mediáticamente, pero que suponen una parte pequeñísima, ínfima, de lo que hace el Poder Judicial. El Poder Judicial está compuesto por 5000 jueces, entonces… que pueda haber cuatro o cinco jueces que podrían estar, por así decirlo, extralimitándose en sus resoluciones y orientándolas en la línea de hacer 'política' con las mismas, supone hablar de un porcentaje mínimo. Y, en todo caso, si se diese la circunstancia, nuestro sistema establece recursos para controlarlo.

El Poder Judicial no actúa de oficio. Entonces, la pregunta no es si se está judicializando la política sino ¿quién la está judicializando?: los partidos políticos

Me parece muy gave que, desde la esfera política, se deslegitime ya no a un juez, o jueces, concreto sino al Poder Judicial en su conjunto. Una cosa es cuestionar el sentido o los argumentos de una sentencia y otra, muy distinta, es poner en la diana al juez que la dicta y su dimensión personal. No vale decir que una resolución es discutible porque el juez es del PP o es familiar no sé quien... No digamos ya cuando la mancha se extiendo a todo el Poder Judicial: «Justicia patriarcal», «fachas con toga»,... Es absolutamente demoledor.

Y, no hay que olvidar que quienes más se quejan de la judicialización de la política son, básicamente, los mismos que la utilizan: partidos políticos o sus organizaciones cercanas. El Poder Judicial no actúa de oficio. Entonces la pregunta no es si se está judicializando la política sino ¿quién está judicializando la política?

— ¿Quiere decir esto que comparte la opinión del fiscal general en su discurso de apertura del año judicial, cuando criticaba el ejercicio de la acción popular como una de las formas de activar la Justicia?

— No la comparto, pero sí que creo que habría que exigir, por así decirlo, más responsabilidades a aquellas personas que ejercen la acción popular de una forma claramente injustificada. La acción popular es imprescindible siempre que no se use de manera indebida o torticera y si eso ocurre debe tener algún tipo de coste. Yo iría más en esa línea.

— Y si la estiman, ¿tendría que asumir la responsabilidad quien está concernido por ella? Porque en la situación concreta del fiscal general ha dicho que, aunque sea imputado, continuará en su cargo...

— Lo que está pasando en la Fiscalía General del Estado es absolutamente anómalo y excepcional. Quizás, y eso es otra preocupación, porque su titular cuenta con el respaldo del Gobierno que solo puede cesarle por causas tasadas. Y yo creo que ese tipo de afirmaciones son muy demoledoras. Primero, porque el fiscal general no es un, digamos, ministro más. Y, segundo, porque lo que viene a decir es que el máximo responsable de la institución no siente ningún tipo de necesidad de responder jurídicamente cuando él es, precisamente, quien tiene que velar por el cumplimiento de legalidad.

El fiscal general está, absolutamente fuera de lo habitual y, desde luego, estoy segura de que en cualquier país que sea una democracia plena, como el nuestro, su imputación debería conllevar a una dimisión inmediata.

— Ustedes recurrieron en su día, y resultó anulada, la designación de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, … ¿No encontraron razones para recurrir el segundo nombramiento del fiscal general?

— En Hay Derecho entendemos la litigación estratégica como un último recurso. Es decir, nos reservamos un poco para aquellos casos en los que nadie más ejerce la acción jurisdiccional. Sobre todo, porque somos una organización pequeña e independiente que no recibe ninguna subvención pública. De ahí que, en el caso del segundo nombramiento del fiscal general, que está recurrido por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, no tomásemos la iniciativa. Lo que no significa que no haya motivos jurídicos para hacerlo, que entendemos que los hay.

— Sobre el Consejo General del Poder Judicial, y por finalizar, ¿cómo valoran su reciente renovación? ¿Y el sistema de mayorías reforzadas que se ha pactado para los nombramientos que están por llegar?

— La renovación del Consejo General del Poder Judicial es, sin duda, un avance en la dirección correcta, tanto en las mayorías reforzadas que serán necesarias para tomar los acuerdos de los nombramientos, como en el intento de los dos partidos que han designado a los vocales por evitar, por los dos lados, la elección de personas extremadamente politizadas o polarizadas. Eso ha sido así.

La muestra está en el hecho de que se hayan tenido que aproximar posturas para la elección de una presidenta que no ha sido la que tenía que ser, por decirlo de un modo sencillo. Y eso ya demuestra que ha habido un esfuerzo de consenso y negociación. Es cierto que los nombramientos de jueces y magistrados, que están por llegar, son un asunto crítico, pero yo confío en que efectivamente cumplirán el proceso con esa misma voluntad de pactos. Y eso es, aunque quede mucho camino por recorrer, una noticia muy positiva.