El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, asiste al primer Pleno jurisdiccional de la institución
El TC encarga un informe para decidir si las comunidades del PP y Page pueden recurrir la amnistía
A petición del presidente del órgano, un grupo de letrados del Constitucional elaborará un dictamen jurídico que determine la legitimación de las Administraciones autonómicas para impugnar la polémica norma
El Tribunal Constitucional (TC) arranca encargará un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por varias comunidades autónomas –15 de ellas gobernadas por el Partido Popular y una por el socialista Emiliano García-Page– contra la ley de amnistía para determinar si los entes territoriales tienen legitimación para impugnar la norma, según ha adelantado El País y han confirmado a El Debate fuentes de la Corte.
Según ha podido conocer este diario, la discusión sobre la materia ha suscitado, de entrada, un debate preliminar en el Pleno, dividido, del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido. Motivo por el que, éste ha determinado la necesidad de que un equipo de letrados del TC aborde el mismo y presente sus conclusiones.
En base a las mismas, serán los doce magistrados que conforman el cónclave los encargados de concluir si se dan los requisitos establecidos, en una amplia doctrina previa del propio Tribunal, en el caso del borrado penal del procés diseñado por el Gobierno para favorecer a los líderes separatistas procesados o condenados por el mismo.
El recurso guía, en clave autonómica, será el instado por Aragón, que fue el primero que se presentó, y en el que la ponente encargada es la magistrada Laura Díez, por lo que será la ex alto cargo de Moncloa la que, en teoría, tendrá que elevar al Pleno su propuesta de admisión o no del mismo.
Si bien «no cabe duda de que lo que afecte a uno de ellos, tendrá incidencia en los demás», afirman las fuentes del TC consultadas por este diario, «todos ellos quedarán condicionados al borrador de sentencia que se confeccione en respuesta a la cuestión registrada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo», la cual ha sido asignada al magistrado José María Macías. Precisamente el jurista, es uno de los señalados por las defensas de los políticos independentistas, en especial la del líder de Junts y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont que no sólo le ha recusado en todos los amparos vinculados al procés sino que ya ha adelantado que lo hará, también, en la amnistía.
En cualquier caso, «lo primero que tendrá que dirimirse son las recusaciones» planteadas por todas las partes personadas en las distintas acciones judiciales contra la polémica norma.
Fuentes del TC han aclarado que la elaboración del estudio no conlleva que los recursos de las comunidades estén suspendidos porque «ya se está trabajando sobre ellos». En cambio, sí han aclarado que «resolver conjuntamente» un asunto que afecta a todas las impugnaciones ahorrará tiempo de trabajo posterior. También han expresado su voluntad de resolver los recursos autonómicos sin prisas, porque se trata de asuntos complejos que necesitan una reflexión y que, aunque se dirimirán de manera global, tendrán sentencias individualizadas.
El plazo legal fijado para que las comunidades autónomas instasen acciones de inconstitucionalidad ante el TC finalizó el pasado miércoles día 11 de septiembre con un total de 16 recursos planteados contra la amnistía. Entre ellos, el procedimiento abierto por Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, que se sumó, así, a los 15 escritos procedentes de regiones con Ejecutivos del PP (Madrid, Murcia, Aragón, Andalucía, La Rioja, Baleares, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Cantabria, Murcia y Comunidad Valenciana).
