Sánchez ataca la libertad de prensa: crea un registro de medios para controlar sus audiencias y la publicidad

Pedro Sánchez amenazó con un «punto y aparte» tras volver de su retiro de cinco días y ya está aquí. El presidente se ha tomado la justicia por su cuenta para vengar el honor de su mujer y ha embarcado al Gobierno en un plan que atenta contra los cimientos mismos de la libertad de prensa, el derecho a la información y contra los límites de la libertad de expresión.

Los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun presentaron lo que el Ejecutivo ha bautizado como Plan de Acción por la Democracia, un compendio de 31 medidas que van desde la creación de un registro de medios a la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y al derecho a la rectificación; pasando por una revisión en profundidad del Código Penal para eliminar los delitos de ofensas contra los sentimientos religiosos e injurias a la Corona y al resto de las instituciones del Estado. Y, también, por la reforma de la Ley de secretos oficiales y de la de Publicidad y Comunicación Institucional.

De momento el plan es un cascarón vacío, una declaración de intenciones del PSOE y Sumar sin traslación inmediata al BOE. Así lo reconoció el ministro de Justicia, que se dio los tres años que quedan de legislatura para llevar a cabo todas. Porque las medidas requerirán ser desarrolladas en diversos proyectos de ley del Gobierno y/o proposiciones de ley de los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar. Y, además, necesitarán del apoyo de los socios de investidura para su aprobación en las Cortes.

La prensa no adepta, la que ha venido destapando el caso Begoña, está en la diana del Gobierno. El Ejecutivo pretende crear un registro de medios de comunicación. Se entiende -no lo explicaron- que los que no estén en ese registro serán considerados «pseudomedios», según el argot socialista. Supuestamente, al cargo de ese registro estará un organismo «independiente» como lo es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Cuando la realidad es que la CNMC está presidida por una exasesora del Gabinete de Sánchez, Cani Fernández.

El registro contendrá información sobre la propiedad e inversión publicitaria que recibe cada medio. Sin embargo, ni Urtasun ni Bolaños aclararon para qué lo usarán: para vetar a determinados medios de las campañas institucionales, de las ruedas de prensa, para multar… Según el titular de Cultura, ya habrá tiempo de ver los detalles.

Junto con ello, el Gobierno pretende reformar la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional en un doble sentido: «Evitar que con dinero público se financien intoxicaciones y fake news» -en palabras de Urtasun- y fiscalizar los sistemas de medición de audiencia de los medios de comunicación. Asimismo, el Gobierno quiere limitar por ley la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios.

El Ejecutivo plantea también una gran reforma del Código Penal que amplíe los límites del derecho de libertad de expresión y a la creación artística. En la línea de lo que lleva años exigiendo la ultraizquierda: la eliminación del delito de injurias contra la Corona y contra los sentimientos religiosos. Según el Gobierno, hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que va en esa línea.

En el paquete de medidas están también dos viejas conocidas del Gobierno, que ya la pasada legislatura intentó acometer: la reforma de la ley de secretos oficiales y una ley de grupos de interés, los lobbies profesionales. También una reforma de la Ley orgánica del régimen electoral general que establezca la obligatoriedad de celebrar una vez al año el Debate sobre el Estado de la Nación y debates televisados en campaña. Y que obligue a las empresas demoscópicas a publicar los microdatos de sus encuestas.

Ondeando la bandera de la lucha contra la desinformación y los bulos y la defensa de la prensa seria, el Gobierno de Sánchez se dispone además a reformar dos leyes orgánicas (siempre y cuando tenga los 176 votos que necesita para ello, claro): la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, ambas de los años 80.

A cambio de todo ello, el Gobierno afirma que él mismo será más transparente. Y que aprobará una nueva Estrategia de Gobierno Abierto. Sin embargo, el ministro Bolaños reconoció en rueda de prensa que ni se han planteado hacer otra reforma legal, donde realmente reside el quid de la cuestión Begoña: en la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que data de 2015.