Sánchez inicia su ajuste de cuentas contra la prensa no adepta por el caso Begoña

El presidente no esperó a que el Consejo de Ministros apruebe este martes su polémico Plan de Acción por la Democracia, sino que este lunes ya hizo sonar sus tambores de guerra contra la prensa no adepta durante una reunión con diputados y senadores del PSOE: «Aquí, como todas las democracias, nos enfrentamos a la desinformación y a la máquina del fango. Una democracia que está siendo asediada por esas campañas de desinformación y de bulos, presiones a periodistas, corruptelas de algunos que todos tenemos en mente», señaló, en medio de una ostensible ovación de los socialistas. Y precisamente el día en que El Debate destapaba que la Moncloa cerró durante varias horas una planta de los estudios de RNE para que Begoña Gómez grabara un podcast sobre captación de fondos que después utilizó para solicitar la cátedra en la Universidad Complutense.

Dijo más el presidente, porque aseguró que ese plan «emana» de la Constitución, «que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz». E incluso instó al PP a apoyarlo –con nulo resultado–, dado que en el Parlamento Europeo los populares votaron a favor de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. Esa norma, que entró en vigor a principios de mayo y es de obligado cumplimiento para los países miembro, es la coartada que lleva meses utilizando Sánchez para justificar lo que, a juicio de la oposición, es un ajuste de cuentas contra algunos medios por el caso Begoña. Pero que, según él, únicamente servirá para que la ciudadanía conozca cómo se financia cada medio.

Este martes, el Gobierno concretará al fin el contenido y alcance de ese supuesto plan de regeneración que el presidente anunció al volver de su retiro de cinco días, en abril, y que han negociado los ministros Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar). Un plan cuyas líneas maestras empezó a esbozar en una comparecencia el pasado 17 de julio en el Congreso, donde afirmó con solemnidad: «La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse, no de las ideas distintas ni de las voces discrepantes, que son una parte esencial de ello, pero sí de las mentiras, de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelar la democracia enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones o comprando la opinión de ciertos tabloides digitales a base de talonario».

Se desconoce si el plan tendrá diversas fases y se materializará todo él vía proyectos de ley del Gobierno o habrá partes que se articulen a través de proposiciones de ley de los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar para ir más rápido. De entrada, el líder del Ejecutivo quiere reformar dos leyes orgánicas y una ley ordinaria ondeando la bandera de la lucha contra la desinformación y los bulos y la defensa de la prensa seria. En concreto, la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación (ambas son de los años 80) y la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En su comparecencia de fin de curso en la Cámara Baja, Sánchez anunció otras dos vías de acción. Por un lado, una reforma de la ley electoral con dos fines: establecer la obligatoriedad de los debates electorales en los medios de comunicación y exigir a las empresas demoscópicas que incorporen a sus encuestas los microdatos y la metodología de estimación de los resultados. Precisamente ahora que el Senado tiene abierta una comisión de investigación por las manipulaciones del CIS de José Félix Tezanos, denunciadas por todo el sector.

Por el otro lado, el presidente adelantó la aprobación de una nueva ley de Administración pública abierta, según él para que el Gobierno tenga la obligación de ser más transparente. Aunque los antecedentes no hablan en su favor, porque el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está constantemente haciendo requerimientos al Ejecutivo por incumplir sus resoluciones.

También queda por saber si el plan incluirá la revisión del delito de injurias y la reforma de la ley de seguridad ciudadana, como quieren los de Yolanda Díaz, que la denominan despectivamente «ley mordaza». La modificación de esa norma es una vieja reivindicación de la ultraizquierda, antes representada por Unidas Podemos y ahora por Sumar. La legislatura pasada hubo un intento en el Congreso, pero Bildu y ERC lo frustraron porque consideraban los cambios insuficientes.

Antes del verano, los ministros Bolaños y Urtasun se reunieron con los partidos de la mayoría de investidura para recoger sus propuestas. Entre ellas, la reforma de la ley de secretos oficiales. El PNV lleva años exigiéndola y se desconoce si estará en el Plan de Acción por la Democracia o no. En el verano de 2022, el Gobierno llegó a aprobar un anteproyecto de la Ley de información clasificada, que debía sustituir a esa norma. Éste incluía multas de hasta tres millones de euros por difundir información secreta. Además, el Gobierno se aseguraba una discrecionalidad casi total para decidir qué era secreto oficial y qué no. Todas las asociaciones de prensa denunciaron la injerencia y Sánchez echó el freno.

Por si quedaba alguna duda, el PP aclaró este mismo martes que no apoyará este plan para «controlar a los medios de comunicación». «Resulta llamativo que Sánchez impulse su propuesta precisamente tras la investigación judicial contra su esposa, imputada por corrupción y tráfico de influencias, y cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su Gobierno y su partido», destacaron desde la formación.